La CDMX es el estado que más gasta en seguridad y justicia por habitante

Compartir:

Aún así, la violencia no para

Desde el gobierno de Felipe Calderón hasta la fecha, la crisis de violencia no ha dado tregua afectando las vidas de millones de mexicanos, en un ambiente de total impunidad, a pesar de que, año con año, los gobiernos destinan miles de millones de pesos.

Tan solo en 2019, la población fue testigo de, al menos, 13 masacres entre las que destacan: el  enfrentamiento entre militares y sujetos armados en Iguala, Guerrero (dejó 15 muertos), la emboscada a policías estatales en Aguililla, Michoacán (13 policías muertos), el asesinato de nueve integrantes de la familia Lebarón en Bavispe, Sonora (9 muertos incluidos menores de edad), el ataque en una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz (14 decesos) o el incendio provocado en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz (30 asesinados).

Con todo ello, se registró el nivel más alto de violencia de las últimas décadas. La tasa de homicidios dolosos llegó a 28.1 por cada 100 mil habitantes, en 2019.

En ese mismo año el gobierno federal gastó 169 mil millones de pesos en las funciones de Seguridad (nacional e interior). Por su parte los gobiernos estatales sumaron, en conjunto, un gasto de 113 mil 225 millones de pesos para las tareas de investigación y prevención de conductas delictivas así como para reclutar, capacitar, entrenar y equipar a las policías y fuerzas del orden. Es decir, para los asuntos de orden público y seguridad interior.

A la par, las 32 entidades y el gobierno federal destinaron en total casi 190 mil millones de pesos para la procuración e impartición de la justicia en todo el país. 

Por tanto, al tomar en cuenta la población estimada en 2019, se puede observar que los gobiernos destinaron, en promedio, dos mil 701 pesos por habitante, de los cuales 52% viene de recursos administrados por los estados y 48% por la Federación.

¿Quiénes gastaron más?

A través de un análisis de la Cuenta Pública federal y las 32 cuentas públicas estatales de 2019 realizado por Cuestione, seleccionamos los 10 estados con mayor y menor gasto por persona en los rubros de seguridad -interior como nacional- y justicia.

De acuerdo a este análisis, la Ciudad de México destaca en el primer lugar con un gasto en seguridad y justicia de casi 28 mil pesos por habitante, muy alejado del promedio nacional. 

Una posible explicación, de acuerdo con Mariana Campos -coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa– es que el gasto usualmente se etiqueta geográficamente en la entidad donde se encuentran las oficinas centrales de las dependencias que lo reciben, aunque finalmente sea ejercido en otros estados. Pero la información de la Secretaría de Hacienda no permite saber si esto es lo que realmente sucede.

A pesar de esto, al analizar solo la cifra de gasto estatal, se observa que el gobierno de Claudia Sheinbaum invirtió cuatro mil 229 pesos por habitante para seguridad y justicia; tres veces más que el gasto promedio del resto de las entidades ($1,231).

En segundo lugar se encuentra la entidad más violenta del país en 2019, Colima, que ese año registró una tasa de 98.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. En ese mismo periodo, el gasto público por persona para estos rubros fue de tres mil 911 pesos

Los ocho estados restantes registraron un gasto por persona que osciló entre dos mil 150 pesos y dos mil 920, proveniente mayoritariamente de los recursos ejercidos por los gobiernos estatales.

¿Dónde se gastó menos? 

Morelos –con el cuarto lugar nacional en tasa de homicidios en 2019– fue la entidad mexicana con el menor gasto por habitante en seguridad y justicia (783 pesos); 73% local y casi 27% federal.

Además de Morelos, hay tres entidades más que se encuentran entre las 10 con el menor gasto ejercido en ese rubro y cuya tasa de homicidios estuvo por encima del promedio nacional (28.1): ZacatecasJalisco y Oaxaca, con 39.032.8 y 29.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Los seis estados restantes de este top 10 registraron una tasa de homicidios por debajo de la media del país. Nos referimos a Tabasco (27.4), Puebla (20.0), Tlaxcala (13.0), Hidalgo (12.2), Durango (9.8) y Querétaro (9.1).

La impunidad sin freno: solo uno de cada 10 homicidios se resuelven en México 

Así como la violencia se ha incrementado, también los crímenes que no se castigan. Mientras que en 2015 la impunidad en homicidio doloso se estimó en 81.3%, para 2018 la impunidad llegó a 89%.

Por ejemplo, de 33 mil 521 víctimas de homicidio doloso registradas en 2018 sólo se condenaron a 3 mil 600 personas. Eso significa que solo uno de cada 10 homicidios ocurridos en nuestro país se castiga, de acuerdo con la investigación de la sociedad civil Impunidad Cero de 2019.

Recordemos que para que un delito se resuelva se requiere un proceso que va desde la denuncia en un Ministerio Público, la investigación del caso, los juicios, las resoluciones, etc; es decir todo lo que involucra al aparato de Justicia.

Además, desde 2016 el gasto en Justicia a nivel federal se ha reducido, una señal de que no ha sido prioritario castigar o incluso, ni siquiera atender, a quienes ya se encuentran pagando una condena, de acuerdo con Belem Barrera González, investigadora de la organización Causa en Común.

Pero no solo se trata de dejar de reducir la cantidad de dinero que se destina a impartir justicia, sino de dirigirlo a necesidades reales. En el caso de la inversión de los estados “se requiere más dinero para equipamiento y capacitación policial porque hay entidades donde los policías deben pagar sus botas, sus balas o algún otro elemento”, apuntó la especialista en analizar el gasto público en seguridad.

Otro punto importante para Barrera es que “hace falta mayor supervisión del gasto; hay que reconocer que hay problemas de corrupción en su ejercicio, por ello debería haber castigos, que se siga la ley”.

Un nuevo enfoque para atender la crisis

Este análisis nos arroja que, a pesar de los millonarios recursos que se invirtieron en el objetivo de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de todos los mexicanos, la estrategia está aún muy lejos de funcionar. 

Mientras que en 2018, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes llegó a 24.8 -siendo la más alta de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, para el año pasado se incrementó a 28.1. Y al parecer, en 2020 podría superarse.

David Ramírez-de-Garay, Coordinador del Programa en Seguridad de la organización México Evalúa, considera que “si el gasto en seguridad no tiene como objetivo fortalecer policías locales, por ejemplo el Modelo Nacional de Policía, ni mejorar la información que tenemos sobre el fenómeno criminal, entonces estamos muy lejos del objetivo”.

Por lo tanto, a dos años de haber sido electo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra aún con la posibilidad de cambiar el rumbo y replantear tanto su estrategia, como la forma en que se gastan los recursos públicos, teniendo siempre claro que brindar seguridad a los ciudadanos es la principal tarea de un gobierno.

El resto de las entidades, así como las fuentes del análisis se pueden consultar dando click aquí.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.