La pesadilla después de la tragedia: así viven las víctimas y sobrevivientes del accidente en la Línea 12

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“Se va a hacer justicia. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Como lo dice el presidente: ‘¡Al carajo!’. Pues al carajo vamos a llegar”, advirtió Marisol Tapia, mamá de Brandon Giovanny, quien falleció tras el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro.

A un mes de la muerte de su hijo de 12 años, “nadie ha dado la cara”. Nadie ha sabido, nos dijo Marisol, explicarle por qué y quién puso en el Acta de Defunción que la muerte de Brandon Giovanny fue una hora antes de la tragedia (22:25) en la llamada Línea Dorada, que causó el fallecimiento de 26 personas y más de 90 heridos, de los cuales siete siguen hospitalizados.

Marisol pasó más de 12 horas recorriendo hospitales entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de mayo. “Me decían que seguramente -Brandon- se había bajado dos estaciones antes; que podía estar con un amigo. ¿Cómo podía ser eso? Cinco minutos antes del accidente hablé con él y me dijo que estaba por Periférico”, nos platicó Marisol.

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Nadie sabía nada

“Al medio día del martes yo seguía sin tener información de Brandon… Nadie sabía nada. Me hicieron activar la Alerta Amber, como si lo hubieran sustraído. Por arte de magia después de la alerta me salieron a decir: ‘¿Qué crees? Siempre sí tenemos noticias de tu hijo’”, contó Marisol.

En el listado de las 19:00 horas que dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México apareció el nombre de Brandon Giovanny. “Un anónimo me dijo que el cuerpo de mi hijo estaba ahí desde la una de la tarde. Esta persona estuvo en el lugar porque buscaba a su hija”.

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Y fue hasta las 20:33 horas del 4 de mayo que lo oficializó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a través de su cuenta de Twitter.

“A mi hijo nadie me lo va a regresar. No pido una indemnización”, dijo Marisol. Tampoco acepta las disculpas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció durante la mañanera del 18 de mayo. “Son disculpas hipócritas que en lo personal no me hacen falta”.

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El pasado 1 de junio, Marisol Tapia; Enrique Bonilla; Jocabet Pineda, madre de Immer, y Rigoberto Quiroz presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “corrupción y delincuencia organizada”.

El abogado Teófilo Benítez Granados reiteró que buscan justicia y llegarán “hasta donde tope y caiga quien caiga”. En la denuncia se hace referencia a la posible responsabilidad de los ex jefes de Gobierno, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y de la actual jefa capitalina Claudia Sheinbaum.

“Se solicita se cite a declarar a Mario Delgado, en su calidad de secretario de Finanzas, durante la gestión del actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que explique el contrato que aún está vigente sobre la renta de los trenes que dan servicio a la Línea 12 del Metro”, se lee en la denuncia.

El 20 de mayo se amplió la denuncia de hechos a “efecto de reclasificar el delito, que no sea un delito culposo sino que sea un delito doloso. Con los documentos que existen, está más que clara la participación de ellos –funcionarios y ex funcionarios– con el fin de lucrar sin importar la vida de las personas que transportaba el Metro”, señaló Benítez Granados.

Foto: Cortesía

A un mes del colapso de una trabe aún no se sabe la causa. Se prevé que el primer resultado de la investigación realizada por peritos de la fiscalía capitalina se dé a conocer a mediados de junio. La investigación que llevan a cabo peritos noruegos de la empresa DNV continúan con la recabación de muestras.

Denuncia, encubrimiento y amenazas

Marisol Tapia lamenta que no se les brinde seguimiento a sus demandas. “Se pidió la destitución de la directora del Metro, Florencia Serranía, y no lo han hecho. Se pidió la destitución de la jefa de Gobierno y no lo han hecho. Es evidente, es su gente y (el presidente) la va a proteger a toda costa”.

¿Y qué hay del apoyo? “Es una mentira. No hay un seguimiento como dicen. Recibí una llamada de Claudia Sheinbaum después de cinco días. Nunca me dieron la cara para afrontar lo sucedido”, dijo la mamá de Brandon Giovanny.

Con el dolor por la muerte de su hijo, Marisol también enfrentó la falta de atención de su esposo en el Hospital Balbuena. “Lo tuve que sacar de ahí porque no lo atendían; sólo había enfermeras. Y todavía se molestan. Le dijeron que si abandonaba el hospital se olvidara del apoyo”.

A la fecha, Marisol ha recibido dos cantidades de dinero, una primera de 10 mil pesos y en una segunda entrega le dieron 40 mil pesos. “Hay amenazas. Nos intimidan. Por orden de la jefa de Gobierno van a mi casa, entre las 10 y 11 de la noche, gente con chaleco verde y gris. Si algo me llega a pasar en el proceso, esto va a ser más evidente”, narró la mamá de Brandon.

Balance del gobierno capitalino

El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAVI), Armando Ocampo, afirmó que al 3 de junio entregaron a 20 familias una indemnización de 650 mil pesos correspondientes al seguro del Sistema de Transporte Colectivo; 153 becas”.

Además, Ocampo resaltó la “incorporación de 145 personas al trabajo tanto en el gobierno de la Ciudad como en la iniciativa privada; generamos 27 asignaciones de vivienda social y digna y también 114 acciones de mejoramiento de vivienda”.

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La pesadilla de las 3:40 

“No puedo dormir”, nos contó Enrique Bonilla, uno de los usuarios que venía en uno de los vagones que colapsaron al caer la trabe de la Línea 12. “En segundos se oscureció”, recordó. Pero para las autoridades, el hombre de 57 años no está incluido en la lista de lesionados.

“Tengo la manía de sentarme junto a la puerta y entrelazar los brazos a los tubos. Al momento del accidente nomás escuché el grito de las personas. ‘¿Dios, qué está pasando?’, me pregunté. Y mi reacción fue tratar de empujar la ventana; fue cuando llegó gente a ayudarnos”.

Enrique recuerda que al salir del vagón, se sentó en la banqueta y fue testigo de las labores de rescate. “Gente que llegaba con martillos tratando de empujar las ventanas y las puertas. Sacaron a varios muy lesionados; ya después llegaron las patrullas y luego las ambulancias”.

“Los paramédicos me jalaban de un lado para otro, pero solo me tomaban los signos vitales y me decían: ‘lo vemos bien, pero siéntese, para ver cómo responde’”, nos relató. 

Cuando llegó su familia al lugar solicitaron apoyo. “Pidieron que me revisaran. La respuesta fue: ‘lo vemos bien’. Y decían los paramédicos, ‘mejor llévense a otros’. En mi locura de llanto y desesperación le dije a mi familia que mejor me llevaran a mi casa”.

A las 3:40 de la madrugada del 4 de mayo llegó a su casa. Y con ello llegaron las pesadillas. “Me pasa algo. Yo creo que mucha gente que ha pasado por algo fuerte lo entiende. Desde el accidente llega una hora exacta 3:40 y me despierto. Es como si alguien me hablara. Y ya no puedo dormir. No puedo”. 

Para ser atendido, él tuvo que ampararse debido a que no aparecía en la lista de lesionados. “A las 10 horas de haber metido el amparo, me llamaron y me presenté en el Hospital Balbuena. Es una tristeza ver que las autoridades y las asistencias que tenemos no sirven”.

La doctora que lo atendió, contó Enrique, “me hizo tres preguntas, una de ellas fue ‘¿dónde le duele?; señáleme’. Y me mandó a tomarme unas placas y que con ellas me iban a curar en ortopedia. Le dije: ‘¿de qué me van a curar si no me ha revisado?’. Esa fue la atención de calidad, supuestamente ordenada por el juez”. 

Enrique Bonilla exige justicia. “Es lamentable tener que llegar a una denuncia para que nos atiendan, para que nos escuchen”. A la fecha, nadie se le ha acercado para ofrecer algún apoyo.

Lo mismo sucede con Jacobet Pineda, mamá de Immer del Águila, quien falleció esa noche del 3 de mayo. La ayuda para gastos funerarios llegó tres semanas después. 

“Del apoyo psicológico que nos prometieron, solo una sesión nos dieron. De hecho, nos dijeron que con cinco ya estaríamos bien… ni con todo el oro del mundo vuelvo a recuperar a mi hijo”, comentó Jacobet Pineda.

El gobierno de la CDMX asegura que ha entregado 130 millones de pesos por concepto de indemnización a 20 afectados; becas, 145 empleos, incluso, asignaciones de vivienda social, pero las y los afectados exigen justicia, castigo a culpables, destitución de funcionarios y que paren las amenazas… ¿Las autoridades atenderán sus exigencias?

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