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Bolivia: el fraude, el golpe y lo que sigue
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Bolivia: el fraude, el golpe y lo que sigue
Crónica de una caída
14 Nov | 2019
Por: Rodrigo Salazar Elena
Bolivia: el fraude, el golpe y lo que sigue
Crónica de una caída
Rodrigo Salazar Elena por: Rodrigo Salazar Elena
Nov 14, 2019
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Desde las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado, Bolivia ha pasado por un período de zozobra política que, hasta el momento en que se escriben estas líneas, no da señas claras de dar paso a una normalización. 

Los problemas comenzaron en 2016, cuando el presidente, Evo Morales, convocó a un referéndum con el fin de presentarse una vez más a reelección, posibilidad expresamente prohibida por la constitución. Perdió. 

Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), solicitó a la corte constitucional que declare inconstitucional toda restricción a la reelección, a lo que la corte, integrada por abiertos partidarios del presidente, accedió.

Bajo el sistema electoral boliviano, si el candidato con más votos no aventaja por más de 10 puntos al más cercano competidor, tendrá lugar una segunda ronda entre estos dos. Los sondeos mostraban que, de ocurrir una segunda vuelta, Morales sería derrotado por el opositor Carlos Mesa.

El 20 de octubre, la transmisión de resultados preliminares, con un avance del 84%, daba a Morales una ventaja menor a 8 puntos. En ese momento se interrumpió el flujo de información. Al reanudarse, 24 horas después, Morales tenía una ventaja de mas de 10 puntos.

Esto disparó las protestas. Fue una movilización sostenida, masiva y plural que se dió durante tres semanas en todo el país. Participaron grupos de ultra derecha y personajes delirantes como Luis Fernando Camacho, una suerte de Antonio Conselheiro en camisa polo. 

Pero asimilar a estos grupos con la totalidad de la movilización es equivalente al esfuerzo de Piñera por tratar a todos los manifestantes chilenos como saqueadores. En las protestas participaron también jóvenes, clases medias y sectores populares. En el transcurso de la movilización, los policías (no el mando) del departamento de Cochabamba comunicaron que no reprimiría a los manifestantes. El ejemplo fue seguido por los policías de otras regiones. El ejército también declaró que no participaría en la represión.

El 10 de noviembre, un dictamen de la OEA recomendó reponer el proceso con nuevas autoridades electorales, tras documentar una serie de irregularidades que ponían en duda los resultados. Morales acepta la recomendación, pero algunos grupos comienzan a exigir que no se presente como candidato, mientras que otros demandan su renuncia a la presidencia. 

Entre los últimos, destacan aliados de sectores populares como la Central Obrera Boliviana y el sindicato de petroleros. La ausencia de fuerza pública da pie a que los grupos más extremistas emprendan acciones de intimidación contra personajes del gobierno como el secuestro de parientes o la quema de sus hogares. Ya sea por esta intimidación, por razones de consciencia o por oportunismo políticos, diversos miembros del gabinete comienzan a renunciar. Mientras tanto, el comandante en jefe de las fuerzas armadas “sugiere” públicamente al presidente que renuncie, lo que él hace casi de inmediato

Evo Morales describió como “golpe de Estado” a las movilizaciones de las tres semanas previas. Esto es la retórica de presidentes sometidos a rebeliones populares. Lenin Moreno, presidente ecuatoriano, se refirió así a los manifestantes que protestaban en contra de sus políticas. Se puede hablar propiamente de golpe sólo a partir de la declaración de las fuerzas armadas, y resulta poco creíble que las movilizaciones postelectorales no fueron espontáneas, sino parte de una conspiración cuidadosamente planificada.

Existen antecedentes de golpes en el contexto de protestas sociales. En Venezuela, durante las movilizaciones masivas de 2002 un importante sector del Ejército se negó a seguir las órdenes de Chávez de disparar contra los manifestantes, y esa negativa derivó en un golpe de Estado.

Sin embargo, el golpe de Bolivia es algo atípico. A diferencia de Chávez en esa ocasión (o Madero, con quien también se lo ha comparado), Morales no estaba secuestrado por el ejército cuando presentó su renuncia. Tampoco vimos tanques en las calles, ni operativos de las fuerzas armadas arrestando a un grupo político determinado. La prensa no ha sido proscrita ni los poderes han sido suprimidos. Finalmente, no ha asumido el poder ni una junta militar ni un civil encumbrado por el ejército.

En este sentido, es una situación muy similar a la de Ecuador en enero de 2000, cuando las manifestaciones en contra de las políticas neoliberales del presidente Jamil Mahuad derivaron en golpe de Estado en el momento en que el jefe de las fuerzas armadas demando la renuncia de Mahuad. Este huyó de inmediato, pero el orden constitucional se restableció cuando asumió el puesto el vicepresidente, Gustavo Noboa. 

¿Podría Bolivia normalizarse rápidamente? Una dificultad es que todas las personas constitucionalmente habilitadas para suceder a Morales (vicepresidente, presidente del Senado, presidente de la cámara de diputados). renunciaron. 

Lo óptimo habría sido que el nombramiento recayera en una figura aceptable tanto para las fuerzas de oposición como para las vinculadas a Morales. Esto habría tomado algún tiempo, y los enfrentamientos y el vandalismo en el que han incurrido grupos radicales de los dos bandos hacían imperativo resolver el problema sucesorio cuanto antes, a fin de restablecer el orden. 

Esto, añadido a una estrategia confrontacional por parte del MAS, dio pie a que tomara el poder la vicepresidenta del senado, Jeanine Áñez, una figura de la oposición de derecha que declaró que su prioridad será celebrar elecciones el próximo enero. Aunque la corte validó la constitucionalidad del acto, las acciones y declaraciones de la presidenta dan pocas señales de una voluntad de diálogo, y esto reduce las perspectivas de una pronta estabilización.

Las elecciones de enero pondrán solución a la crisis sólo si el MAS participa en ellas de manera convencida. Áñez tiene la responsabilidad de bajarle a la militancia y el amedrentamiento y comenzar a ceder. 

En primer lugar, los legisladores del MAS deben reintegrarse al congreso, pero no lo harán si no se les garantiza el respeto al fuero. Sería de ayuda una ley de amnistía para todos los participantes en los eventos, seguida de una actitud de firmeza contra el vandalismo de los seguidores de Morales mas radicalizados y las bravuconadas de Camacho. 

El MAS tiene que tomar parte en la conformación de la nueva autoridad electoral. Si exige la renuncia de Áñez como condición para participar en las elecciones y aceptar sus resultados, la presidenta tendrá que hacerse a un lado. Es impensable restablecer la democracia excluyendo al partido con más preferencias del país. 

Hacerlo implicaría establecer un régimen que se sostenga exclusivamente en la fuerza.

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