¿Cambio de régimen?

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En diversas intervenciones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no sólo se trata de un cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen. Esta aseveración ha estado dirigida a quienes, entre otros epítetos, califica como “conservadores”.

Lo que no queda claro es el concepto que AMLO tiene de “régimen”; al parecer, el presidente asume una noción de régimen como “orden o estado de cosas”. Así, podemos interpretar que el mensaje que AMLO dirige a sus críticos o adversarios es que “las cosas ya no serán como antes, ahora las decisiones se tomarán de manera diferente, es decir, hay un cambio de orden político”, de lo que tirios y troyanos deberían tomar registro y adoptar sus conductas a esa nueva realidad.

Esta noción presidencial de régimen es un tanto desilusionante pues México, en efecto, está necesitado de un cambio o, cuando menos, de ajustes en su régimen político. Los regímenes políticos se refieren al arreglo o diseño institucional y normativo, a las instituciones y las relaciones entre ellas, a los procedimientos para la toma de decisiones y a las funciones, facultades y atribuciones de cada institución a partir de los preceptos contenidos en la Constitución y las leyes.

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Antes de las elecciones de 2018, se fue fortaleciendo la convicción de la urgencia de un cambio o, cuando menos, ajustes en el régimen político mexicano, pues a pesar de las transformaciones ocurridas, durante la llamada transición, el diseño de nuestro régimen seguía siendo básicamente funcional a la política hegemónica, es decir, a la acumulación excesiva de facultades legales y metalegales en el presidente de la República, al partido de Estado y a la política corporativa y clientelar, vale decir, a una política monocromática, básicamente unipartidista.

No obstante, la transición desplazó al partido hegemónico e hizo surgir un sistema de partidos pluralista y altamente competitivo. Antes, la hegemonía era el dato básico de la política mexicana; después, el dato básico era el pluralismo, y el régimen político no tenía las características adecuadas para procesarlo, lo que desde 1997 se puso en evidencia ante los problemas del denominado gobierno dividido, es decir, el formato en el que los Poderes Ejecutivo y Legislativo estaban dominados por distintas configuraciones partidistas.  

En este marco, se impulsaron reformas que, como el límite a la sobrerrepresentación en las Cámaras del Congreso o el gobierno de gabinete, pretendían dar cabida al procesamiento del pluralismo en la toma de decisiones y a otra mecánica de relaciones entre poderes, distinta a la experimentada durante el largo periodo de la hegemonía.

Fueron reformas tímidas, mientras la discusión de fondo continuaba sobre las posibilidades de rediseñar el sistema presidencialista, o bien, avanzar hacia el régimen semipresidencialista o el parlamentario.

Al parecer, este proceso ha sido interrumpido con los resultados electorales del 1 de julio de 2018, pues los electores dieron un inobjetable triunfo a AMLO y su partido, Morena, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, y en los tres niveles de gobierno (municipios, estados y federal).

La amplia victoria electoral de un partido, no necesariamente debe atentar contra el procesamiento democrático del pluralismo, pero en el breve tiempo transcurrido, desde la renovación de las Cámaras del Congreso y la toma de posesión de AMLO, se pueden apreciar nítidas tendencias hacia la restauración de la política hegemónica, entre otros factores, la acumulación y concentración de poder político en el presidente de la República; la subordinación del Legislativo al Ejecutivo; la presión hacia el Poder Judicial y los órganos autónomos, y la centralización del poder en detrimento de las entidades federativas.

Si este es el tipo de cambio de régimen al que se refiere el presidente López Obrador, entonces la consolidación de la democracia y el procesamiento del pluralismo están en problemas.           

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