Contra los jueces

Compartir:

- Advertisement -

¿Al Poder Judicial le conviene reformarse?.

Durante el régimen del PRI hegemónico (1929-2000) México se instaló en la simulación. La Constitución consagraba un pacto federal pero el país era centralista. Consignaba una división de poderes, pero el Congreso y el Poder Judicial fueron, casi siempre, empleados dóciles del presidente. En los documentos oficiales se leía: “Sufragio efectivo, no reelección” y el voto era una caricatura que sólo servía para ratificar a los hombres del PRI.

La alternancia del 2000 parió un régimen distinto. El presidente (Zedillo en sus últimos tres años, FoxCalderón y Peña) perdió la hegemonía y los actores que antes eran de reparto exigieron su papel protagónico. Dos de ellos adquirieron poder como nunca lo tuvieron en el México moderno: los gobernadores y la Suprema Corte (SCJN). Los gobernadores controlaban sus congresos y oposiciones; dilapidaron (¿se robaron?) millones de pesos de los excedentes petroleros y otros fondos federales. Fueron virreyes sin contrapesos.

La Corte vivió un proceso muy distinto. Se convirtió en el árbitro final de los conflictos políticos y gozó de una reputación ganada por el prestigio de sus ministros. Nombres como CossíoZaldívar, e incluso Sánchez Cordero le dieron respetabilidad. La Corte, sin embargo, era la cabeza de un poder atrofiado y de mala fama. Si a México algo le duele es la justicia. Y la justicia no son sólo los policías, los soldados y los ministerios públicos. Son, ante todo, sus jueces. Jueces que tratan al justiciable como un montón de expedientes, o que piden dinero, o que llenan las cárceles de pobres, o que son jueces de consigna de las procuradurías. En los últimos 30 años el Poder Judicial se consolidó como una isla de privilegios, una república del nepotismo y de lujos que se auditaba a sí misma. Los salarios de 578 mil pesos al mes de los ministros de la Corte (eso sin contar dádivas en gasolinas, choferes, automóviles…) son sólo el estandarte más visible de una cadena de abusos.

El primero de julio cambió el régimen. Se acabó, cuando menos por tres años el congreso dividido (ya veremos si AMLO consigue ratificar su mayoría en el 2021). López Obrador y su coalición (Morena, PTPES) tienen mayoría absoluta (la mitad más uno) para hacer las leyes como quieran. Los electores no les dieron la mayoría calificada (dos terceras partes y 17 congresos estatales) para modificar la Constitución, pero acaso la operación política les dé los votos necesarios para ello.

Con los salarios de los ministros como símbolo de lo inaceptable, el presidente López Obrador ha iniciado una batalla contra el Poder Judicial. Los ministros se defienden con argumentos absurdos: si no gano millones al año venderé mi autonomía al mejor postor. Por eso, dicen los ministros, los salarios millonarios no son privilegios de los jueces, ¡es un derecho del pueblo a una justicia independiente!

En 20 años el Poder Judicial se ha resistido a cambiar. Ni la crisis humanitaria que produjo la guerra contra el narco, ni el hartazgo social que llevó a AMLO a la presidencia, los ha movido de su lugar. Al igual que los gobernadores, defienden sus privilegios del pasado en un país que, como dijo el profeta, tiene hambre y sed de justicia. Al Poder Judicial le conviene reformarse a sí mismo, porque si el conflicto entre poderes escala, López Obrador le llevará varios pasos adelante.

Sigue a Emiliano Ruiz Parra en Twitter.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.