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La batalla de Moreira y Aguayo
06 Feb | 2020
Por: Rodrigo Salazar Elena
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La batalla de Moreira y Aguayo
Rodrigo Salazar Elena por: Rodrigo Salazar Elena
Feb 06, 2020
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Sergio Aguayo no puede realmente probar que HuMore es corrupto. Carece de la evidencia suficiente como para afirmar, más allá de duda razonable, que abusó de su puesto público en beneficio personal

Finalmente, que un estado sea tomado por una banda de narcopsicópatas o que su deuda de centuplique durante el período en que fue gobernado por el señor HuMore no necesariamente significa que el gobernador sea responsable intencional de esos hechos. Ya saben, correlación no es causalidad. Y, sin embargo, Aguayo afirmó que HuMore apesta a corrupción, así, sin pruebas suficientes.

En un estado plenamente democrático, que protege la libertad de expresión, Aguayo tiene todo el derecho a expresarse de esa forma cuando se trata de servidores públicos y no tiene ninguna obligación de respaldarse en evidencia irrefutable. Que ese derecho no sea efectivo le ha producido bastantes sinsabores a Sergio Aguayo, pero en última instancia perjudica a la sociedad en general.

Los políticos usan las leyes contra la difamación para exigir del “tribunal de la opinión pública” el tipo de rigor probatorio que exigimos de un proceso legal antes de condenar a una persona. La opinión de Aguayo sobre la corrupción de HuMore (compartida por suficientes personas como para poblar Groenlandia) no está basada en la evidencia suficiente para privar de la libertad al señor, pero tampoco es una opinión infundada.

Los políticos alegan en su favor que, como cualquier otra persona, tienen derecho al buen nombre, y que es injusto que este sea mancillado por meros “indicios”. Todo esto sería perfectamente correcto, si fuese cierto que los políticos son “como cualquier otra persona”

No estoy haciendo aquí un chiste fácil a costa de la clase política y su calidad como seres humanos. Para cumplir sus tareas, los políticos están investidos de un poder que les brinda oportunidades para beneficiarse a sí mismos a costa de la sociedad, así como los medios para protegerse contra la posibilidad de que se les aplique la ley.

En los tribunales de verdad, las consecuencias de ser encontrado culpable son graves, e incluyen la pérdida de la libertad. Por eso imperan principios como presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Un político corrupto que sabe lo que hace explotará estos principios para cubrir sus huellas, lo que incluye la construcción de una red de complicidad que atraviesa a los tres poderes y es inmune a las divisiones partidistas.

Entonces, para todos los políticos que no son Rosario Robles, la expectativa de llegar a la cárcel apenas y es considerada cuando deciden arreglar licitaciones o desviar fondos públicos. Con el blindaje legal que los protege, ¿qué podrían temer?

Para eso está el costo reputacional. Si, después de tu encargo como servidor público, la entidad a la que “serviste” está quebrada y bañada en sangre mientras tu vives como jeque, es posible que el público genere dudas sobre tus cualidades éticas o sobre tu capacidad de gestión. 

Cuando la opinión pública tiene una baja tolerancia hacia estos abusos, su difusión puede acabar con carretas políticas. La expectativa de quedarse fuera de la jugada como producto de un escándalo es lo único que puede detener, o al menos moderar, la afición de ciertos políticos por el dinero que no es suyo.

Es por eso que los políticos desean que se exija que las acusaciones en su contra, en los medios de comunicación, sean respaldadas con pruebas en vez de indicios. Por esa misma razón, el interés público exige que se hagan los cambios necesarios para que ningún ciudadano sienta que, si no cuenta con las evidencias de un fiscal, lo mejor para él es callarse sus opiniones sobre gobernantes ineptos o corruptos.

 

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