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El funeral del Seguro Popular
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El funeral del Seguro Popular
No habrá dinero que alcance
12 Dic | 2019
Por: Luis Enrique Pereda Trejo
El funeral del Seguro Popular
No habrá dinero que alcance
Luis Enrique Pereda Trejo por: Luis Enrique Pereda Trejo
Dic 12, 2019
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El anuncio se dio sin previo aviso y sin explicación de por medio. Al grito de “el Seguro Popular no era seguro ni era popular” se tomó la decisión de desaparecerlo. El acta de defunción del Seguro Popular se decretó desde un templete en Tepic, el 12 de julio de este año, aunque se formalizó hasta el 29 de noviembre, cuando se publicaron las reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

Por instrucciones del Ejecutivo Federal apareció, otra vez, un conejo de un sombrero. Y, de nuevo, preguntas básicas como ¿Necesitamos un conejo? ¿Por qué ese conejo? Y ¿de dónde va a salir el dinero para alimentar al conejo?, fueron obviadas por estorbosas. Y una vez más, las cifras alegres y los trucos de magia comenzaron a aparecer. ¿El bien que se estaba poniendo en riesgo? La salud de miles de personas. 

El primer truco de magia: aparecer 80 mil millones de pesos. 

El ese evento del 12 de julio, el Ejecutivo afirmó que en 2019 se crearía el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y ordenó que el dinero para su creación, 80 mil millones de pesos, fuera tomado del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)

Tal declaración sorprendió incluso a la propia Angélica Ivonne Cisneros Luján, en ese entonces comisionada Nacional de Protección Social en Salud (la estructura que operaba el Seguro Popular). El problema es que de acuerdo con contrato de fideicomiso que albergaba al FPGC y a las reglas de operación del Seguro Popular, dichos recursos, esencialmente, sólo se podían gastar en: 

  1. a) Enfermedades e intervenciones definidas como Gastos Catastróficos por el Consejo de Salubridad General.
  2. b) Medicamentos asociados con base a los protocolos técnicos elaborados por el Consejo de Salubridad General.
  3. c) Otras aportaciones para el fortalecimiento de la infraestructura física y adquisición de equipamiento de alta tecnología. 

En otras palabras, la redistribución del FPGC tendría que ser autorizada por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, con fundamento en la Ley General de Salud, sin embargo, esta autorización no existe. 

Como he dicho, a finales del mes pasado se aprobaron las reformas a la Ley General de Salud que legalizan la existencia del Insabi, pero como la magia no existe y las calculadoras sí, alguien le dijo al Presidente que el dinero no era infinito y en el artículo décimo transitorio del citado decreto de reforma se redujo en un 50% la cifra mágica de julio de este año: ahora solo serán 40 mil millones de pesos. ¿Quién va a poner el dinero que hace falta para cubrir todas las promesas hechas en aquel templete durante el mes de julio? 

El segundo truco de magia: aparecer al titular del Insabi. 

Como el Insabi ya existía, por lo menos en la mente de sus creadores, ahora había que nombrarle titular, uno que cobrara, aunque no tuviese experiencia. Tal elegido fue Juan Antonio Ferrer Aguilar, por lo que desde el mismo templete de Nayarit que vio nacer al Insabi, el Presidente lo presentó. Y desde ese momento, el nuevo director general del nuevo Instituto se dedicó a acompañar a su jefe en decenas de eventos oficiales, en los que se hablaba de las bondades y ventajas del nuevo instituto de salud que desplazó al Seguro Popular. 

Claro, en la vida real todo director general requiere de un salario real, es por eso que el exdelegado en Tabasco (seguro una tropical coincidencia) del Instituto Nacional de Antología e Historia (INAH) comenzó a cobrar un salario superior a 150 mil pesos brutos mensuales, como subsecretario de Salud, tal y como se puede apreciar de la consulta realizada el 11 de agosto de 2019 a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Claro que cobrar como subsecretario sin serlo no es óptimo, por lo que el 13 de agosto el director general del Insabi –que en ese entonces no existía– ocupó (y cobró) la titularidad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es decir, del Seguro Popular con un salario bruto de casi 140 mil pesos. Recordemos que a decir del Presidente el Seguro Popular “no era seguro ni era popular”, pero parece que sí daba para cobrar la quincena del director general del Insabi. 

Para que no hubiese dudas que el truco de magia estaba completado –,aunque los cambios a la Ley General de Salud no– el 07 de agosto de 2019 el director general del IMSS, Zoé Robledo, escribió en su cuenta de Twitter: “Estamos con el gobernador @MBarbosaMX [Miguel Barbosa] y el Director del Instituto de Salud para el Bienestar, @Juanferrer62 [Juan Antonio Ferrer], para la presentación del Plan de Infraestructura Hospitalaria en la zona metropolitana de Puebla con motivo del sismo del 2017”. 

Solo unas preguntas: si las reformas legales que crearon el Insabi y desaparecieron el Seguro Popular fueron publicadas hasta el 29 de noviembre de 2019, y entrarán en vigor hasta enero del 2020, ¿a qué se ha dedicado la Comisión Nacional de Protección Social en Salud desde agosto de este año? ¿No incurre en responsabilidad al desobedecer durante estos meses su mandato legal de afiliación al Seguro Popular? ¿No es esquizofrénico, por decirlo de alguna manera, tener durante seis meses una estructura plenamente operacional para el Seguro Popular trabajando para la desaparición del Seguro Popular? 

El tercer truco de magia: ¿Dónde quedó la bolita? 

¿Quién va a seguir atendiendo a los niños con cáncer y demás pacientes que eran atendidos por el Seguro Popular? Si se le presta atención, al artículo décimo primero transitorio la respuesta sería: a las personas que hasta hoy están afiliadas al Seguro Popular se les continuará atendiendo de la misma manera en el Insabi. Aquí unos potenciales problemas: 

  1. a) El primer informe del cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos deberá rendirlo el Insabi, por mandato de ley, hasta el 2023, así que la evaluación de dicha tarea tendrá que esperar un tiempo. 
  2. b) De acuerdo con las reformas, el Insabi no dará servicios de salud, lo que dará son transferencias financieras a los estados para que sean ellos quienes den los servicios de salud, pero para ello se requiere tener firmados convenios de coordinación. 
  3. c) Por mandato de ley el Insabi, en ningún caso, podrá asumir el cumplimiento de obligaciones adquiridas por las entidades federativas previo a la celebración de sendos convenios de coordinación, ¿quiere decir que el INSABI no reconocerá las deudas que los estados adquirieron para prestar servicios de salud bajo la cobertura del Seguro Popular? ¿Esto no tendrá afectaciones en la entrega de medicamentos y tratamientos de salud? 
  4. d) Se crea un nuevo fideicomiso público para hacer lo que el actual fideicomiso público hace, solo que el nuevo se llamará: Fondo de Salud Para el Bienestar, y el Ejecutivo Federal tiene hasta junio de 2020 para hacer las reglas de operación de dicho fondo. Mientras tanto el fondo viejo deberá transferir los 40 mil millones de pesos de los que ya hablamos, cantidad que probablemente terminará siendo insuficiente tanto para los actuales afiliados al Seguro Popular, quienes por lo pronto siguen pagando sus cuotas, como para los beneficiados al Insabi, que pretende cubrir a todas las personas que se encuentren en el país (mexicanos o no) que no cuenten con seguridad social, sin el cobro de ninguna cuota. 

Si así están las cosas, ¿qué dinero va a alcanzar? 

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