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Espejos y humo 
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Espejos y humo 
Democracia con peros
27 Dic | 2019
Por: Luis Enrique Pereda Trejo
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Democracia con peros
Luis Enrique Pereda Trejo por: Luis Enrique Pereda Trejo
Dic 27, 2019
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A partir del 21 de diciembre de este año, tú tienes reconocido un nuevo derecho político en la Constitución Federal: la revocación de mandato. Habría que decir que no es completamente nuevo, pues algunas constituciones locales ya lo contemplaban –aunque sin aplicarlo–. 

Lo cierto es que, hasta ahora, la única manera de retirar del cargo a un Presidente de la República impopular (y esa es la palabra clave aquí) es la recién introducida revocación de mandato. 

Es muy bueno que a nivel nacional, las ciudadanas y ciudadanos tengamos mecanismos de democracia participativa, que nos permitan hacer oír nuestra voz, más allá de los ejercicios electorales de cada tres y seis años. La consulta popular y la iniciativa ciudadana son otros buenos ejemplos de democracia participativa. Pero no echemos las campanas al vuelo. 

Es deseable que el mecanismo constitucional para decirle adiós a un Ejecutivo –federal o local– no sea un juego de niños y, por lo tanto, contenga candados que solo puedan ser abiertos en circunstancias desafortunadamente extraordinarias pero, como siempre, el diablo está en los detalles y la última reforma constitucional de 2019 no fue la excepción

Lo bueno 

Como ha sucedido en muchas otras reformas constitucionales, una vez que se “ve burro se aprovecha el viaje”. En esta ocasión, con la revocación de mandato también aprovechó para introducir cambios a la figura de consultas populares, por ejemplo, la posibilidad de realizarlas sobre temas de trascendencia regional que sean competencia de la Federación

La revocación de mandato será convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a petición del 3% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen en las listas nominales de sus estados al 3% de los electores. Una combinación de porcentajes y condiciones nada sencilla de lograr, pero que es entendible en términos de la estabilidad deseable que en un sistema presidencial debe de existir. 

Aunque varias constituciones locales ya contemplaban la revocación del mandato, algunas otras no, por lo que esta reforma a la constitución federal establece que todas las constituciones de las entidades federativas tienen año y medio para garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. 

Lo malo 

Me parece totalmente injustificado que se pueda solicitar la revocación de mandato en una sola ocasión, y durante los meses de enero, febrero y marzo posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. En otras palabras: de un total de dos mil 190 días de mandato constitucional, la ciudadanía solo tendrá 90 días para ejercer su derecho a solicitar la revocación, eso significa una ventana de menos del 0.5% del sexenio. No parece un gran paso hacia una democracia participativa. 

Ahora, en el rubro de reglas hechas a la medida, la propia Constitución establece que en el caso particular de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, o sea, Andrés Manuel López Obrador, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. Es decir: en este caso no se contarán con 90 días, sino con 45 para ejercer un derecho político de la ciudadanía, no del servidor público en funciones. 

Obviamente, el resto del procedimiento para el actual presidente también es fast track, en un clarísimo detrimento a la posibilidad de organización ciudadana. Pues la petición de revocación deberá presentarse dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente, el INE emitirá la convocatoria dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud y la jornada de votación será a los 60 días de expedida la convocatoria. 

Además de lo anterior, para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Un porcentaje que no necesariamente se alcanza fácilmente en una votación ordinaria. 

Y la revocación del mandato del presidente solo procederá, si del universo total de ciudadanos que participe el 50% más 1 vota a favor de la revocación. Nótese que para ser presidente no se necesita este umbral de confirmación, basta ser la persona más votada respecto de los contenientes. 

De acuerdo con la reforma constitucional publicada la semana pasada en el Diario Oficial de la Federalción, el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria de la revocación de mandato dentro de los 180 días siguientes a la citada publicación, por lo que es esperable que en junio de 2020 tengamos una ley que reglamente lo establecido por la constitución. 

El problema de esto es que para la emisión de esta ley no se necesitarán mayorías de dos tercios del Congreso, mucho menos la intervención de los congresos locales. En otras palabras: a un solo partido político le alcanzan los votos de diputados y senadores para decidir cómo será dicha ley. 

Otro tema preocupante es que, de la mano con lo que ocurre en los procesos electorales, ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de la ciudadanía. 

Esto me parece mal para los procesos electorales y me parece mal para la revocación de mandato. La ciudadanía no es menor de edad, no necesita que “la cuiden” de “malas personas” que quiere influir en la toma de sus decisiones. Lo que necesita ésta y cualquier otra democracia vibrante y apasionada es más y mejor información. Que todo aquel que tenga algo que decir lo diga y lo divulgue. Ya será tarea de la persona receptora de ese mensaje decidir si es información de utilidad o simple basura. 

Lo anterior es aún más relevante debido a que el INE no contará con presupuesto asignado para el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le confiere en materia de consultas populares y revocación de mandato, por lo que los gastos inherentes a estos ejercicios se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria del respectivo ejercicio presupuestal. En pocas palabras: el año que toque revocación de mandato, el INE tendrá que apretarse el cinturón. 

Lo que francamente es absurdo es que en caso de revocarse el mandato del Presidente de la República, asumirá durante 30 días la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados (quien también lo es del Congreso). 

Una vez transcurridos esos 30 días, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. Esto quiere decir que ahora, en caso de ausencia definitiva del Presidente de la República podrá ocupar el cargo provisionalmente, dependiendo del supuesto, el Secretario de Gobernación o el presidente de la cámara de Senadores o el Presidente de la Cámara de Diputados, así como los respectivos presidentes interino o sustituto. 

En materia de federalismo se agradece el impulso que desde la Constitución Federal se hace a este derecho político de la ciudadanía, pero no se entiende la intromisión que se hace a la libertad configurativa que los electores estatales pueden tener respecto de sus propias decisiones políticas fundamentales. Otra vez desde el centro se decide el cómo, el cuándo y el qué deben de hacer los estados de la República. Como si las mejores decisiones solo pudiesen venir del centro del país. 

Respecto las consultas populares, se estableció una fecha para su realización que no coincide con las jornadas electorales. Ahora se realizarán el primer domingo de agosto, lo cual implicará un ejercicio de logística que no podrá ser montado sobre el despliegue de funcionarios y ciudadanos que organizan las elecciones. En otras palabras, no se podrán reducir costos juntando la consulta con el día de la elección. 

En conclusión, una vez más la ciudadanía tendrá que trabajar con lo que se le dio: una herramienta democrática mal calibrada e introducida insatisfactoriamente en la Constitución. No será la primera vez que así ocurra, no será la última

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