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Gertz Manero y la captura de la Fiscalía General de la República
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Gertz Manero y la captura de la Fiscalía General de la República
Propone reforma al sistema judicial
27 Ene | 2020
Por: Daniel Vázquez
Gertz Manero y la captura de la Fiscalía General de la República
Propone reforma al sistema judicial
Daniel Vázquez por: Daniel Vázquez
Ene 27, 2020
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El 18 de enero del 2019 el Senado eligió a Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal General de la República. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República mandató a Gertz a realizar tres actividades:

1)    La presentación de la estrategia de transición de Procuraduría a Fiscalía (Artículo 9 transitorio);

2)    La formulación del Plan de Persecución Penal que nos permitirá identificar las prioridades y estrategias en el combate al crimen, y que serviría como parámetro para evaluar el desempeño de la Fiscalía (Artículo 14 transitorio);

3)    La realización de una convocatoria pública para revisar el marco constitucional y jurídico de la Fiscalía, a fin de apuntalar aspectos como el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos y la atención a las víctimas, por mencionar algunos (Artículo 13 transitorio).

Ya se cumplió el primer año y Gertz no cumplió con ninguna de esas tres obligaciones (o, al menos, no lo publicitó como su propuesta de reforma penal).

Por el contrario, en ningún lado se le mandató para modificar de forma regresiva e inquisitorial al sistema penal. Si acaso, lo que tenía que hacer era emitir una convocatoria pública para revisar el marco jurídico de la fiscalía.

Gertz ha declarado que el principal problema de la Fiscalía es que no tiene suficientes capacidades de investigación. Esto es falso. El principal problema de la fiscalía es su captura desde arriba y desde abajo. La justicia en México se encuentra muy politizada de forma tal que las fiscalías son capturadas desde arriba por el presidente o los gobernadores a través del nombramiento de incondicionales.

El control de la investigación, la administración de la impunidad es una forma de construir “la estabilidad política”. En el peor de los casos, todavía en la captura desde arriba, los fiscales forman parte de las redes de macrocriminalidad que por décadas han operado en México, como sucedió con el fiscal de Nayarit Edgar Veytia, quien formaba parte de la red del Cartel Jalisco Nueva Generación y hoy está preso en Estados Unidos.

Desde abajo, las fiscalías son capturadas por el grueso de sus operadores, quienes ponen precio a cada aporte en el proceso penal (no son todos, aún quedan algunos héroes anónimos): ser liberado tiene un precio, hacer una denuncia cuesta, una orden de aprehensión tiene precio, ejecutarla tiene otro, un determinado dictamen pericial también cuesta, que el ministerio público archive un caso tiene precio, lo mismo que ser omiso en alguna apelación, esto por mencionar sólo algunos ejemplos.

Más allá de la corrupción rampante en todo el sistema de justicia penal, el aspecto que quiero resaltar es que estas “instituciones informales” y “cultura organizacional” modifican por completo los objetivos de las fiscalías. El objetivo ya no es combatir la impunidad, investigar y obtener justicia. No. El objetivo es obtener una ganancia para los operadores del sistema de justicia.

¿Las capturas desde arriba y desde abajo que sufre la fiscalía se romperán con otra reforma legislativa en materia penal? Por supuesto que no. De hecho, el objetivo de refundar las procuradurías en su conversión a fiscalías era, precisamente, romper estas dos formas de captura. Si se lograba dotar de autonomía política (de jure y de facto) a los fiscales, se podría avanzar en la ruptura con la politización de la justicia.

Si se lograban construir mecanismos efectivos de rendición de cuentas del fiscal (ya autónomo), se podía limitar la captura por redes de macrocriminalidad. Y si se hacía un buen proceso de transición del resto del personal en el paso de la procuraduría a la fiscalía, se podía despedir a todos aquellos servidores públicos que viven de la corrupción, contratar personal nuevo, y generar mejores incentivos por medio de los servicios profesionales de carrera. De hecho, esta era la tarea que se le asignó a Alejandro Gertz Manero en su primer año como fiscal.

Gertz no sólo incumplió con los tres mandatos establecidos en su primer año como fiscal. Lo más grave es que esa era la forma de avanzar en la construcción de una fiscalía del siglo XXI. La estrategia de transición de la antigua Procuraduría a la nueva Fiscalía es la oportunidad para descapturar a la fiscalía de abajo hacia arriba, para deshacerse de aquellos servidores públicos que se olvidaron cuál debiera ser su papel al interior de la fiscalía, y sólo piensan en cómo obtener ventajas pecuniarias ilegales de su puesto.

De la misma forma, la formulación del Plan de Persecución Penal es la herramienta necesaria tanto para determinar los principales objetivos de la política federal anticrimen, como contra la impunidad, así como para establecer un documento claro a partir del cual podremos evaluar el trabajo, cumplimiento de metas e impacto de la fiscalía.

Vaya, Gertz no sólo fue omiso en el cumplimiento de los tres principales objetivos que debía realizar en su primer año; al ser un penalista del siglo XIX, es un obstáculo para la concreción de la nueva fiscalía con métodos de investigación penal propios del siglo XXI. 

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