Gobierno por memorándum

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En alguna mesa de debate en la que participé, previa a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, surgió el tema de los temores sobre su supuesto “carácter autoritario”. Como no tengo acceso a los misterios de la mente de AMLO, dije en ese momento, la mejor guía que teníamos para anticipar sus acciones futuras estaba dada por sus acciones pasadas, especialmente en su calidad de jefe de gobierno del Distrito Federal.

Sin juzgar sobre la calidad de sus acciones, fueron dos los elementos que en aquella plática destaqué como antecedentes pertinentes sobre los riesgos de un gobierno de AMLO para la democracia mexicana, pues revelaban la forma en que enfrentó los obstáculos presentados por la división de poderes.

Uno, el recurso al llamado “veto de bolsillo”. Cuando López Obrador no estaba de acuerdo con una legislación aprobada por la legislatura local, sencillamente no las publicaba. En la actualidad, tanto la constitución nacional como la de la Ciudad de México, dan por publicada las leyes aprobadas que no hayan recibido observaciones por parte del ejecutivo transcurrido cierto tiempo, para cerrar el camino a una práctica que es, en lo fundamental, una marrullería.

El otro antecedente estaba en los “bandos informativos”. Este colorido nombre dio López Obrador a una serie de comunicados en los que daba a conocer sus decisiones de política. En muchos casos, se trataba de un nuevo nombre para lo que era propiamente un comunicado de prensa, pero en otros se trataba de medidas en las que el ejecutivo invadía facultades del legislativo (como las decisiones sobre uso del suelo) o restringía el ejercicio de derechos (como la restricción a las manifestaciones en las vialidades primarias).

Concluía en lo que ahora caigo en cuenta que fue una intervención muy larga que, más que atender al carácter de López Obrador, habría que prestar la atención a las acciones del presidente que se aprovecharan de resquicios o figuras no contempladas en el marco legal para pasar por encima de las estructuras de la división de poderes.

El 16 de abril López Obrador dio a conocer un “memorándum” firmado por él y dirigido a los titulares de Gobernación, Educación Pública y Hacienda en el que, “con base en las facultades que me confiere el cargo que detento”, les “presenta” una serie de “lineamientos y directivas”. La más notable de estos está en el inciso b, por el cual las “otras instancias del Poder Ejecutivo Federal [se presume que se refiere a aquellas distintas a la SEP, mencionada el inciso anterior] dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

La motivación dada en el memorándum es que no se ha logrado un acuerdo entre el poder Legislativo y el magisterio sobre “un marco legal satisfactorio, útil y funcional”.

El asunto es que la reforma educativa, bien o mal llamada, se “traduce” en artículos constitucionales y legislación ordinaria. ¿Qué significa la expresión “dejar sin efectos”, aplicada a estos casos? El ejecutivo no puede derogarlos ni modificarlos unilateralmente. Un “lineamiento” no es un decreto, pero tampoco se excluye claramente el componente legislativo de la reforma.

Otra cuestión a resolver es la modalidad del documento: no es un oficio, no es una instrucción, no es un acuerdo. ¿Qué diablos es un “memorándum” por el que el presidente “presenta” lineamientos a sus secretarios de estado? Por supuesto, el presidente no tiene prohibido escribir cartas de amor, reflexiones deportivas, pensamientos intempestivos ni memorandos, pero la figura no deja claro si se trata de una orden o una idea sobre “cosas increíbles que podríamos hacer si tan sólo no hubiera división de poderes”.

En lo que nos enteramos de este nuevo lenguaje administrativo, lo relevante es no perder de vista que toda legislación vigente permanece así hasta no ser modificada por el procedimiento constitucional prestablecido, el cual no incluye la presentación de lineamientos en memorandos.

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