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Irregularidades y fraudes electorales en México: evidencia para una discusión presentista
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Irregularidades y fraudes electorales en México: evidencia para una discusión presentista
Elecciones controversiales
14 Feb | 2020
Por: Nicolás Loza
Irregularidades y fraudes electorales en México: evidencia para una discusión presentista
Elecciones controversiales
Nicolás Loza por: Nicolás Loza
Feb 14, 2020
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En días pasados, presenciamos en México una discusión sobre la calidad de la elección presidencial de 2006. Sin embargo, las dudas sobre los resultados y la controversia post electoral entre los protagonistas no se limita a esa contienda, sino que acompaña a nuestras elecciones presidenciales desde 1988.

En 1988, dos de los tres principales contendientes afirmaron que los resultados habían sido alterados: Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional (FDN) se dijo vencedor, en tanto que Manuel Clouthier, del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que las irregularidades eran tantas que era imposible saber quién había ganado. 

Tras la elección de 1994, el propio vencedor, Ernesto Zedillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que la contienda había sido muy desigual y era urgente emparejarle el piso a los competidores. Con la elección presidencial de la primera alternancia, o sea, la de 2000 en la que Fox venció al PRI, los dos partidos punteros fueron sancionados con multas multimillonarias por uso de financiamiento ilegal, el Pemexgate del PRI y el caso de los Amigos de Fox del PAN. 

En 2006, el principal candidato opositor, López Obrador, afirmó haber sido víctima de un fraude, aunque en aquella ocasión la tercera fuerza electoral, el PRI, no validó la afirmación a diferencia de lo ocurrido 18 años atrás. En 2012, en la elección de la segunda alternancia, la ventaja de Peña Nieto frente a sus rivales fue tanta que parecía inviable cualquier conflicto post electoral y, sin embargo, la autoridad electoral documentó lo que pudo ser una gran operación de compra de voto. 

Finalmente, en la elección de la tercera alternancia, la presidencial de 2018, se reconoció por parte de la autoridad competente que las acusaciones que la PGR hizo contra Anaya durante la campaña electoral carecían de sustento. En suma, en todas estas contiendas hubo un ganador legal y controversias post electorales, que fueron de señalar irregularidades y/o inequidades, a la acusación de fraude o robo electoral en distintas modalidades.

Pero contra la extendida creencia de que como México no hay dos, la presencia de irregularidades y defraudación electoral no es una excepción en las democracias modernas. 

Un estudio de elecciones en más de 170 países en el mundo entre 1987 y 2004 encontró que en el 61% de los casos hubo algún tipo de engaño, incluido el fraude en el recuento de votos -que es el más grave-, que 27 por ciento de los países tuvieron problemas importantes con la organización de sus contiendas, que 25 por ciento de las elecciones legislativas y 15 de las presidenciales estuvieron plagadas de trampas y que las irregularidades son persistentes y afectan a más de la mitad de los casos en los últimos cuatro años del estudio. Por su parte, una investigación en África de 1989 a 2007 encontró que cuando se celebraron elecciones que no fueron previamente consideradas libres y justas, en 91 por ciento de los casos los perdedores no aceptaron los resultados (en Hicken y Mebane, 2017).

En nuestro país, las dos elecciones presidenciales contemporáneas más controvertidas han sido la de 1988 y la de 2006. Sobre la elección y la calidad de los resultados de 1988 destaca un trabajo publicado el año pasado en la American Polítical Science Review por el politólogo mexicano de la Universidad de Houston, Francisco Cantú. En este trabajo, se prueba la existencia de fraude electoral al momento de contar resultados en casillas y/o agregarlos en distritos. 

La forma en que sustenta el argumento fue fotografiando las 53,249 actas de aquella elección para revisarlas mediante una técnica computarizada de clasificación visual conocida como redes neuronales convolucionales (CNN por sus siglas en inglés) que separó las actas con rasgos visibles de alteración de las que no los tenían. 

La revisión arrojó una cuenta de 30 por ciento de actas alteradas, cerca de 16 mil, en que Salinas obtuvo un promedio de 66 por ciento de votación cuando el resultado oficial fue de 50.36 por ciento. En el Distrito Federal, las actas alteradas no sobrepasaron el 3 por ciento, pero en Tlaxcala llegaron al 66 por ciento del total. 

Entre los estados con cifras más altas de alteración de actas figuraron Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán o Zacatecas. Por su parte, entre las actas no alteradas, Salinas obtuvo una votación de 47 por ciento. 

Finalmente, Cantú encontró que los dos factores asociados en mayor medida a la alteración de actas fueron, por un lado, la ausencia de representantes de la oposición en casillas y por el otro, y con mayor relevancia, que el gobernador del estado en cuestión, tuviera lazos de cercanía con el candidato del PRI (Cantú, 2019). 

En este trabajo, se prueba con suficiencia una modalidad de fraude, que los expertos en anomalías electorales llaman fraude al computar, pero no sólo no se descarta otro tipo de irregularidad en esta elección, sino que se abren líneas de averiguación que merecen un trabajo igual de rigurosos para calibrarse.

Sobre la elección de 2006, no existe un trabajo con los mismos niveles de sofisticación metodológica, pero editoriales comerciales han publicado libros con distintos niveles de rigurosidad metodológica y en muchos casos, claro compromiso partidista. Por su parte, Javier Aparicio, politólogo mexicano del CIDE, publicó en la revista Política y gobierno de esta institución un exahustivo trabajo de análisis estadístico de actas cuya conclusión fue que “a pesar de los errores en actas y los sesgos propios del flujo de datos, el resultado electoral del 2 de julio resulta estadísticamente confiable” (Aparicio, 2009).

Dadas las diferencias en el volumen y calidad del trabajo académico sobre las elecciones de 1988 y 2006, pero sobre todo en las conclusiones, no deja de llamar la atención que sean éstas últimas las que más interés han concitado. 

Tal vez la cercanía temporal o que el actual presidente de la República sea protagonista central en 2006, sean las razones eficientes, pero otra causa podría ser que el principal responsable político de la contienda de 1988, quien era Secretario de Gobernación entonces, es un funcionario de primer nivel en activo en la actualidad, en tanto que ninguno de los responsables políticos de la elección de 2006, los consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE) de entonces, está en funciones ni cuenta con un poder semejante en este tiempo presente.

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