Lo que se abandona con Prospera

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El programa de transferencias condicionada nacido en 1997 como Progresa, rebautizado después como Oportunidades y nuevamente como Prospera, ha llegado a su fin, al ser transformado en el Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

Hasta ahora, el programa había cambiado de nombre sin cambiar en lo sustantivo: las familias identificadas como pobres a partir de indicadores y procedimientos objetivos recibían una cantidad monetaria siempre que los hijos asistiesen a la escuela y los integrantes de la familia asistiesen a revisiones médicas. 

Entre las razones para cancelar el programa, las más mencionadas son dos. La primera, su uso clientelar. La segunda, que no ha sido capaz de eliminar la pobreza. La evidencia sobre el uso clientelar del programa es anecdótica, en el mejor de los casos, lo que es una forma amable de decir que no existe evidencia alguna.

La segunda acusación está más orientada a los hechos, al señalar que las familias beneficiarias no abandonan la condición de pobreza, o bien que los niveles de pobreza se mantienen altos, a pesar de que el programa se viene implementando desde hace 20 años. Sin embargo, para hacer un juicio sobre la eficacia de un programa se debe entender, por un lado, cuál es su objetivo y cómo es que la intervención se relaciona con ese objetivo, y, por el otro, cuál es la comparación pertinente al evaluar el impacto de dicho programa.

Todas las familias con hijos enfrentan la alternativa de enviar a sus hijos a la escuela o utilizar su trabajo para generar un ingreso. Para las familias en condición de pobreza esta es una decisión dramática, porque muchas de ellas no pueden prescindir del ingreso adicional. 

Pero los niños que son retirados de la escuela interrumpen la formación de habilidades, lo que a su vez reduce el ingreso que recibirán en la edad adulta. A esto se refiere la expresión “reproducción intergeneracional de la pobreza”.

Prospera buscaba bloquear este ciclo compensando a las familias por el ingreso que no reciben al enviar a sus hijos a la escuela. Su propósito no es acabar con la pobreza de las familias en el tiempo presente, sino mejorar la expectativa del ingreso futuro de los hijos de las familias beneficiarias al incrementar su capital humano.

Al evaluar el impacto de una política, no nos preguntamos si sigue habiendo pobres o si los beneficiarios están mejor o peor que los no beneficiarios. Nos preguntamos cuál sería la situación de los beneficiarios si no hubiese existido la política; es decir, nos preguntas sobre la condición contrafáctica. Se sabe que los hijos de las familias beneficiarias tienen una escolaridad mayor en alrededor de dos años en promedio que la escolaridad que tendrían sin el programa. 

¿Qué hay sobre los efectos de largo plazo? Un estudio reciente de Susan W. Parker y Tom Vogl encontró un impacto positivo en la empleabilidad, incorporación en el sector formal y el ingreso familiar de los primeros beneficiarios, ya incorporados en el mercado laboral, especialmente entre las mujeres, para las que el incremento salarial es de un 50%.

El programa Benito Juárez, hasta ahora, afirma ser un “nuevo modelo” de política social. Ignoro qué significa eso y por qué sería algo intrínsecamente valioso. La pregunta relevante es si puede mejorar esos resultados.

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