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Nuevas facultades a los militares: ¿por qué ahora?
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Nuevas facultades a los militares: ¿por qué ahora?
La militarización del país continúa
11 May | 2020
Por: Daniel Vázquez
Nuevas facultades a los militares: ¿por qué ahora?
La militarización del país continúa
Daniel Vázquez por: Daniel Vázquez
May 11, 2020
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¡No nos dieron mucho tiempo para terminar de celebrar a nuestras madrecitas! El lunes 11 de mayo amanecimos con un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador relacionado con el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

Hace poco más de un año, el 26 de marzo del 2019, se publicaron una serie de reformas constitucionales para crear a la Guardia Nacional. El artículo quinto transitorio de esa reforma es muy importante porque dio la facultad al presidente para disponer de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública por cinco años, en lo que se consolidaba la Guardia Nacional.

En otras palabras, todos los militares y marinos desplegados en territorio nacional deben regresar a sus cuarteles el 26 de marzo del 2024. La actuación de las fuerzas armadas, sigue el quinto transitorio, debe realizarse de acuerdo con los siguientes principios: de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

En los considerandos del decreto publicado el 11 de mayo se establece que el objetivo es regular las actividades de las fuerzas armadas durante esos 5 años, del 27 de marzo del 2019 al 26 de marzo del 2024. Veamos qué nos proponen en esa regulación.

Como siempre, el problema empieza con la letra chica. El artículo segundo del decreto faculta a las Fuerzas Armadas a realizar una serie de funciones, para lo cual sólo menciona ciertas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Visto así, hasta parece inofensivo, pero ¿qué dicen esas fracciones? ¿Qué facultades se está dando al Ejército y la Marina por medio de un decreto? Aquí empieza la gravedad de lo que decretó el día de hoy el presidente.

Se faculta a las fuerzas armadas para realizar detenciones de personas, incluyendo migrantes; asegurar bienes; ejecutar órdenes de aprehensión; funcionar como primeros respondientes, es decir, para ser el primer contacto estatal en la escena del crimen, lo que incluye preservar el lugar de los hechos y procesar la evidencia; participar en la prevención del delito y de las faltas administrativas haciendo especial énfasis en su actuación en las zonas fronterizas (migrantes), aduanas (proceso de militarización de las aduanas) y demás recintos fiscales y migratorios, parques nacionales, zonas hídricas e instalaciones hidráulicas, y en todos los espacios y territorios considerados de jurisdicción federal; y colaborar con las autoridades federales, locales y municipales en actividades de vigilancia, verificación, inspección, operativos conjuntos y protección civil. Para poder desempeñar todas estas tareas, se faculta a las fuerzas armadas en un artículo del decreto que dejó de ser inofensivo.

Es cierto que fue el Congreso, a través de la reforma del 27 de marzo de 2019, quien le otorgó la facultad al presidente de usar a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. Sin embargo, lo que no queda claro es si el presidente tiene tiene competencia para establecer estas funciones en un decreto o esto debía realizarlo el Congreso de la Unión en los artículos transitorios de la Ley de la Guardia Nacional. Me inclino por la segunda opción. Quien tiene la competencia para otorgar facultades en materia de seguridad pública a un órgano como las fuerzas armadas es el Congreso, por medio de la ley regulatoria correspondiente.

Lo cierto es que el país ya está militarizado y, de facto, las fuerzas armadas ya realizan esas actividades. Vaya, hay poco nuevo en el decreto. México ya tiene una historia de militarización (2 de octubre, entre otras varias) que se exacerbó con la declaración de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y que se mantiene totalmente vigente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por ejemplo, en 2011 había 52,690 militares desplegados en el territorio. En el 2018, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, eran 54,690 efectivos. Para el 2019, primer año de gobierno de AMLO, hay casi 63 mil militares desplegados en todo el país, a los cuales hay que sumar 30 mil elementos que salieron del ejército o de la Marina para integrarse a la Guardia Nacional.

En otras palabras, ni el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional del 26 de marzo del 2019, ni este decreto del 11 de mayo militarizan al país… ¡El país ya estaba militarizado! Y las facultades que se le otorgan en el decreto a las fuerzas armadas son las funciones que el ejército ya venía realizando de facto desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. La buena noticia es que el decreto no suma nada nuevo. La muy mala noticia es que todo se mantiene igual y se institucionaliza.

Hay un claroscuro más en el decreto del 11 de mayo. Por un lado, reitera los principios que las fuerzas armadas deben observar al momento de desarrollar sus funciones: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria. Por otro, no desarrolla ninguno de ellos. No explica, de forma concreta, con mecanismos específicos de control y de sanción, cómo se aplicarán cada uno de esos principios. Enunciados así, esos principios serán simple letra muerta.

Dos de esos principios son básicos, en especial en los operativos: la subordinación y la fiscalización. Sobre la subordinación se dice poco, salvo las instrucciones que en el artículo cuarto transitorio se giran al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de Defensa Nacional y Marina. ¿Cómo van a determinar la subordinación de los mandos? ¿Cómo será esta subordinación en la operación cotidiana y en medio de un operativo? ¿Los soldados de verdad se van a someter a los mandos medios civiles? ¿Qué casos se podrán definir como extraordinarios para que entren las fuerzas armadas? ¿En qué sentido será la complementación? Nada.

En torno al principio de fiscalización, todo acaba en un triste artículo quinto del decreto que faculta a los diversos órganos de control interno de las secretarías de Defensa y de Marina para supervisar la actuación de su personal. Órganos que poco han hecho sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares y marinos.

Hasta aquí, podría tratarse de la crónica de un decreto absolutamente innecesario. Si las fuerzas armadas de facto ya vienen realizando todas las funciones que se le otorgan en el decreto, ¿para qué emitirlo? ¿Por qué se requiere este decreto justo ahora? Este es el silencio más importante del decreto. La respuesta: COVID19 y crisis económica.

En México apenas estamos entrando al peor momento de la epidemia. Ya se nos ha alertado que el objetivo es “aplanar la curva” para evitar que los servicios de salud colapsen, pero con guía de bioética en mano, también sabemos que tarde o temprano, esos servicios van a colapsar. Esto supone que habrá personas que no serán atendidas, y que habrá familiares de esas personas que -con toda razón- estarán furiosos. No se descarta el enfrentamiento en hospitales que ya están siendo resguardados por la Guardia Nacional. Algo semejante podemos esperar en los centros de reclusión.

Pero no se trata sólo de los enfrentamientos por las muertes del COVID. La violencia en México no ha parado, 2019 fue de los años más violentos de México y los datos de los primeros meses del 2020 nos dicen que esta curva no se está aplanando. A la violencia que actualmente existe habrá que sumar la propia de una crisis económica que está por venir, con la consecuente pérdida de empleos (más de medio millón de empleos formales y un número no determinado en los informales) y carestía. La consecuencia inmediata suele ser el aumento de la violencia y de los delitos de mayor impacto social. Se tratará además de una violencia mucho más fragmentada.

Hay una cosa más que es el único claro que tiene el decreto: el 26 de marzo del 2024 todos los integrantes de las fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles. Es muy importante que la sociedad civil logre pasar del grito de denuncia y el dedo flamígero a propuestas concretas para que esto suceda. Por ejemplo, para que en el 2024 estemos en aptitud de que todos los militares y marinos regresen a sus cuarteles necesitamos:

  •   Desmantelar las redes de macrocriminalidad y grupos armados que hoy gobiernan amplias regiones de México.
  •   A partir de lo anterior, prácticamente refundar a las organizaciones de seguridad (policías locales y municipales) y de justicia (fiscalías) de todo el país a fin de comenzar a crear un poco de Estado de derecho.
  •   Contar un plan de salida progresiva de las fuerzas armadas, ya que será imposible que todos se retiren al mismo tiempo el 26 de marzo del 2024.
  •   Incluir todos estos elementos en las evaluaciones anuales tanto de la Estrategia Nacional de Seguridad (que está por cumplir su primer año) como del Plan Nacional de Persecución Penal que han pasado sin pena ni gloria.

Además, si mi intuición es atinada y esperan una segunda mitad del año muy violenta, sería importante contar con órganos de seguimiento y mecanismos de protección reforzada frente a los operativos en donde participen integrantes de las fuerzas armadas. En especial en donde haya grupos en situación de vulnerabilidad, como migrantes, las personas privadas de la libertad por posibles amotinamientos en las cárceles como respuesta al COVID, las personas contagiadas por COVID y sus familiares, por mencionar algunos.

Parece que, en el 2020, lo peor sigue estando por venir.

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