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Perdonar delincuentes desde el Estado
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Perdonar delincuentes desde el Estado
3 cosas para analizar
24 Sep | 2019
Por: Luis Enrique Pereda Trejo
Perdonar delincuentes desde el Estado
3 cosas para analizar
Luis Enrique Pereda Trejo por: Luis Enrique Pereda Trejo
Sep 24, 2019
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La semana pasada el Presidente de la República presentó ante el Congreso una propuesta de ley para otorgar el perdón del Estado a personas que cometieron ciertos delitos, como por ejemplo tráfico y comercialización de narcóticos, sedición o robo simple. También se perdonaría cualquier delito cometido por personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, si no contaron con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. 

Perdonar desde el Estado quiere decir ya no investigar ni perseguir a las y los presuntos culpables e, incluso, liberar de la prisión a las personas que ya hayan sido sentenciadas y que sean beneficiadas por esta ley. 

De ser aprobada la iniciativa de Ley de Amnistía, sería obligatoria para todas las autoridades competentes y ya no podrían aplicar las sanciones que, en otro supuesto, corresponderían. 

Con el número de legisladores con que cuenta el partido del Presidente en el Congreso (y sobre todo con la poca convicción en los contrapesos del legislativo que manifestó recientemente el coordinador de los diputados de Morena), se puede anticipar que dicha iniciativa será aprobada antes de que acabe el año, por lo que es pertinente hacer tres comentarios respecto la Ley de Amnistía propuesta: 

  1. No es la primera vez que se hace

En 1995, el Congreso aprobó una Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Aquella ley tiene como objeto “establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas”, y entre sus disposiciones establece que “las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN, que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, y ordenarán que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos. De igual manera, la Procuraduría General de la República suspenderá, por el mismo plazo, las investigaciones”. 

Finalmente, esta ley en la que participó el entonces Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán (hoy Secretario de Educación Pública), establecía que “en tanto se desarrolla el diálogo y la negociación, el gobierno federal adoptará las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del EZLN, y asegurar que no serán molestados, en sus personas o posesiones, por autoridad federal alguna.” 

Creo que esa ley de amnistía buscaba –a diferencia de la que hoy propone el Presidente–, abrir una ventana de tiempo para facilitarle al Estado los acuerdos y las negociaciones con un grupo armado, ubicado en una zona específica del país y que esgrimía demandas sociales muy atendibles. 

Hoy lo que se busca no está acotado a un tiempo determinado ni a una zona específica del país. Creo que al igual que pasó con la de 1995, la ley de amnistía de 2019 tendrá efectos muy acotados. 

  1. Es chiquita

Cuando digo que es una iniciativa de ley chiquita, quiero decir eso: que sus alcances son pequeños, que no es para todos los delitos ni para todas las personas y todavía más importante: que no es para todo el país, sino solo para el ámbito federal. 

En otras palabras, el perdón que otorgará esta ley no aplicará a los procesos penales ni a los sentenciados que hayan ocurrido en la jurisdicción y competencia de los estados de la República, ya que la Fiscalía General de la República es la única que estará obligada a declarar extinguido el ejercicio de la acción penal

Lo anterior deja fuera del umbral de amnistía a la mayoría de la población que podría beneficiarse con esta ley, ya que, con datos de la propia exposición de motivos, “en el caso del delito de narcomenudeo existe en el fuero local un total de 98 mil 694 delitos registrados en las carpetas de investigación de las 32 entidades federativas, a diferencia del fuero federal en el que se registraron un total de mil 45 delitos”. Una diferencia exponencial que pone en el acento en el fuero local, fuero que no es tocado por esta iniciativa. 

Una vez aprobada, esta ley tampoco beneficiaría a reincidentes o cuando el delito se cometió utilizando armas de fuego; o cuando como resultado del delito se generaron lesiones graves o incluso la muerte de la víctima. 

Asimismo, de acuerdo con la exposición de motivos de la propia iniciativa, esta ley pretende ayudar a recuperar la libertad a integrantes de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que no representan una amenaza, pero solo se centra en tres: personas jóvenes, mujeres y personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas

Recuérdese que la Ley General de Desarrollo Social define a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad como “aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”, lo cual por supuesto incluye a muchos más grupos sociales que solo los 3 en los que se centra la citada iniciativa. 

  1. Es una medida de Estado contradictoria

Esto es quizá mi mayor comentario a esta iniciativa: es contradictoria. Sin una reforma al Código Penal Federal, las personas que saldrán libres en razón de la amnistía otorgada vía ley volverán a entrar a la cárcel si cometen los mismos actos que generaron su perdón en primer lugar. Me explico: a nadie beneficia que haya personas pobres en la cárcel, cuando la única razón por la cual están ahí es su pobreza, o al menos, éste parece ser el postulado desde el cual se escribió la iniciativa que comento. 

Si esto es verdad, ¿Por qué no reformar el Código Penal Federal para que no pisen la cárcel? Si hay algo incorrecto en el sistema de impartición de justicia ¿Por qué no componerlo desde raíz en lugar de proveer paliativos como la amnistía? 

Otra razón por la cual la iniciativa me parece contradictoria es la reforma de abril de este año al artículo 19 de la constitución. Esta reforma no permite que el juez analice la gravedad del daño o las circunstancias de la persona presuntamente culpable, ni el monto del beneficio obtenido por el delincuente, simplemente ordena al juez que meta a la cárcel, como medida preventiva, a toda aquella persona que, pobre o no, perteneciente a un grupo social en situación de vulnerabilidad o no, cometió robo de casa habitación, robo al transporte de carga o delitos en materia de hidrocarburos. 

¿Se trata o no se trata de que el Estado meta la menor cantidad de personas posibles a la cárcel al mismo tiempo que imparte justicia? Es clarísimo que más personas en la cárcel no es sinónimo de más seguridad pública, pero ¿por qué el Estado deja libres de manera generalizada a unas personas, pero mete a la cárcel de manera generalizada a otras? 

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