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Perú y la corrupción a la uruguaya
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Perú y la corrupción a la uruguaya
Expresidentes bajo proceso judicial
18 Sep | 2019
Por: Rodrigo Salazar Elena
Perú y la corrupción a la uruguaya
Expresidentes bajo proceso judicial
Rodrigo Salazar Elena por: Rodrigo Salazar Elena
Sep 18, 2019
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Si la seriedad en la lucha contra la corrupción se juzga por lo altura a la que apuntan las investigaciones, varios países de América Latina lo están haciendo de maravilla. Nunca ha habido tantos expresidentes democráticamente electos en la cárcel o peligro de entrar en ella. 

Pero en ningún país se ha llegado a los extremos de Perú, donde todos los presidentes electos después del fin de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000, todos, enfrentan cargos legales de corrupción. O enfrentaban, pues Alan García se suicidó justo cuando las autoridades se disponían a arrestarlo.

Es difícil que veamos procesos tan espectaculares en Uruguay, donde por menos de cien mil dólares se acaban las carreras políticas (así el ex vicepresidente Raúl Sendic). Hay gente que habla de una “corrupción a la uruguaya”, que supuestamente está ahí, pero no se nota. A la mejor. En el país vecino, Argentina, el ex viceministro José López fue arrestado en 2016 mientras intentaba ocultar en un convento cerca de nueve millones de dólares, junto con algunas armas. 

Sin duda que a la ciudadanía argentina le aprovecharía bien que la corrupción de sus políticos fuese mas como la corrupción a la uruguaya. Ni qué decir de la ciudadanía de Brasil o la mexicana.

Podría decirse que hoy Perú está hoy más cerca de estas escenas de conventos, billetes y armas, pero está tomando pasos en la dirección de Uruguay. Mas allá del placer mezquino que puede producir ver en la cárcel a personas que fueron poderosas, lo importante es que esta oleada parece que tendrá consecuencias duraderas.

Una combinación de circunstancias pone un dique contra los esfuerzos de grupos políticos por aferrarse al uso privado del poder público. La determinación de los fiscales a cargo de la investigación, Rafael Vela y José Domingo Pérez, ha sido crucial. De igual valor ha sido el liderazgo de Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia en marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de acusaciones de haber sido sobornado por la empresa Odebrecht.

Vizcarra no sólo ha apoyado sin titubeos los procesos anticorrupción, sino que diseñó una agenda de reformas que fue en su mayor parte aprobada por la población en referéndum. Buena parte de la clase política ha obstaculizado estos esfuerzos. Esto ha sido particularmente cierto para los políticos concentrados en Fuerza Popular y APRA.

La actitud de estos partidos frente a los intentos de reforma apenas oculta la defensa desnuda de sus privilegios. Esto ha servido a Vizcarra para solicitar que las elecciones generales se adelanten un año. Si esto ocurriera, es muy probable que FP y APRA perderían la mayor parte de sus posiciones, pues los escándalos y su comportamiento los han desacreditado ante el electorado. Así, Vizcarra está dispuesto a acortar su propio período en el poder (lo que para políticos de menos altura se considera un sacrificio) a cambio de reducir la eficacia de las fuerzas que hoy vetan las reformas. 

Una ventaja que les queda es que el Congreso tiene que aprobar las elecciones anticipadas, y no hay razón por la que estos partidos aprobarían su propia desaparición. O sí. El factor más importante en este proceso ha sido el apoyo de la sociedad civil, que de manera consistente ha exigido y apoyado el combate a la corrupción. 

Según encuestas, el 75% de la población apoya la propuesta de Vizcarra. Este nivel de apoyo popular es poco visto en Perú, y parecería poco viable hacerle frente. Parece ser que en Perú se tiene una combinación virtuosa de un presidente visionario y decidido que es apoyado por una sociedad civil movilizada. Tal vez gracias a esta combinación algún día se hable de “corrupción a la peruana”.

 

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