Planificando: ¿Y los derechos humanos, ‘apá?

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Llegamos a esa bonita temporada del año en que el partido en el gobierno se vuelca a la elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y cada una de las secretarías de Estado hace su programa sectorial: de gobernación, de relaciones exteriores o de defensa nacional, por poner tres ejemplos. En estos planes y programas se plasman todos los buenos deseos del sexenio.

Recién el domingo 17 de marzo, el presidente clausuró el primer foro (habrá un segundo) del PND donde, así nomás, decretó el fin de la política neoliberal. El trabajo de todo el gobierno federal estará organizado por tres directrices:

  •      Paz, Estado democrático y de derecho;
  •      Bienestar social e igualdad; y
  •      Desarrollo económico incluyente.

Además, tanto el PND como el resto de los programas sectoriales deben guiarse por tres ejes transversales:

  •      Igualdad de género, no discriminación e inclusión;
  •      Combate a la corrupción; y
  •      Mejora de la gestión pública, y territorio y desarrollo sostenible.

¿Y los derechos humanos, ‘apá? Lamentablemente no serán un eje transversal del gobierno. Con esta ausencia, pensemos qué podemos hacer en el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), que es el instrumento de planificación donde se plasman los objetivos y metas (¡los buenos deseos, pues!) relacionados con los derechos humanos. Por ejemplo, en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, este programa estuvo a cargo de una Red de derechos humanos de la Administración Pública Federal. Todo parece indicar (no tenemos la certeza) que en esta ocasión el programa estará a cargo de la Secretaría de Gobernación (que en breve será la Secretaría de los Derechos Humanos[AP1]). 

Para que el PNDH funcione, debe contar con una perspectiva muy amplia, que sirva como un paraguas que cubra la totalidad de las diversas temáticas y grupos en situación de vulnerabilidad que se encuentran en el marco de los derechos humanos: lo mismo los derechos civiles y políticos que los económicos, sociales, culturales y ambientales; pasando por los derechos de las mujeres, niños y niñas, adultos mayores, jóvenes, de los grupos sexo-genéricos, personas en situación de calle, personas que viven con VIH, y todos los que me faltan.

Para ello, por ejemplo, puede recuperar los objetivos y metas relacionados con derechos humanos de los demás programas sectoriales, pero debe hacerlo de forma crítica, especificando qué aspectos no están incluidos en dichos programas y debieran estar; y cómo debe darse perspectiva de derechos a todas las metas, objetivos y líneas de acción de los programas sectoriales (como quien dice, contrabandear la transversalidad de los DH).

En el PNDH también debe haber espacio específico para aquellos temas inherentes a los derechos humanos que no son recuperados en ningún otro plan sectorial. De entrada, considerando que una de las directrices es Paz, Estado democrático y de derecho, no hay la menor duda, el PNDH debe incluir objetivos específicos de: investigación de las violaciones graves y generales de derechos humanos; sanción a los culpables; y reparación integral para las víctimas. En especial, debe recuperar cuatro violaciones graves a los derechos humanos: homicidiosdesaparicióndesplazamiento y tortura.

En la medida que los patrones estructurales de las violaciones a esos derechos están vinculados tanto a las redes de macrocriminalidad (estructuras criminales, financieras y políticas) que gobiernan amplias regiones de México, como a la impunidad estructural, el PNDH debe estar muy vinculado a la planificación de la política de seguridad, en especial a dos instrumentos: la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan de Persecución Penal. Uno de los principales objetivos de estos dos documentos debe ser desmantelar las redes de macrocriminalidad y descapturar al Estado atrapado en esas redes.

Queda claro que la investigación de 300 mil personas asesinadas, al menos 40 mil nacionales y un número no determinado de migrantes desaparecidos, la práctica generalizada tanto de la desaparición como de la tortura y los millones de personas desplazadas no podrá realizada sólo por los órganos ordinarios de justicia. Este tipo generalizado de violaciones a derechos humanos requiere de órganos extraordinarios, por lo que el PNDH debe contemplar, al menos, dos figuras: una comisión nacional de la verdad que ayude a identificar los patrones estructurales de las violaciones a derechos humanos; y un  mecanismo internacional contra la impunidad que aporte a la sanción de los culpables de dichas violaciones por medio de capacidad técnica y autonomía política.

¿Qué otra cosa podríamos sumar a la carta adelantada a Santa para convertir en política pública de derechos humanos? Una esencial que también forma parte de los patrones estructurales de las violaciones graves de derechos humanos: la desmilitarización de la seguridad pública. Este no es un buen deseo, ya tenemos una fecha de caducidad: 2024. Para que realmente suceda tenemos que prepararnos en torno a cuatro puntos: el desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad para descapturar al Estado; con autoridades políticas autónomas (descapturadas), el fortalecimiento de las capacidades policiacas; un plan de retiro progresivo de los militares de las calles y de la Guardia Nacional; y una política sólida de reinserción social que incluya procesos de prevención primaria, secundaria y terciaria.

¿Vale la pena dedicarle tiempo e interés social y político al proceso de planificación que está en curso? ¡Sin duda! Pero también es importante estar listos para evitar la simulación en la implementación y la ausencia de evaluación de las acciones realizadas por el Estado.

Ya habrá tiempo para charlar sobre ello…

Daniel Vázquez, profesor de tiempo completo del IIJ-UNAM y de tiempo parcial de la FLACSO-México. @LDVazquezV

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