Redes de delincuencia podrían empezar a caer
En estos días tuvimos tres noticias relevantes para el combate a la impunidad. Emilio Lozoya -exdirector de Pemex- aceptó ser extraditado a México. Accedió a colaborar con la Fiscalía General de la República en relación con los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a diversos servidores públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Aunque es completamente válido que una fiscalía genere incentivos para que un implicado en un crimen brinde información que ayude a robustecer la investigación, a cambio de algún beneficio en, por ejemplo, el total de años de pena.
También es importante recordar que este tipo de acuerdos tienen una regla no escrita: que la información obtenida por el ahora testigo protegido sirva para conocer a los servidores públicos implicados que se encuentran arriba en la cadena de mando.
Lo relevante NO es conocer quiénes de sus subordinados están relacionados con los sobornos de Odebrecht, sino quiénes están relacionados en los niveles más altos. ¿Quién puede estar arriba de Emilio Lozoya? No hay muchos peldaños por subir: secretarios de estado, subsecretarios y, en su caso, el propio presidente. Por supuesto, posteriormente esta información debe ser fortalecida con otros medios probatorios, no basta con el dicho del testigo protegido.
Asimismo, la Fiscalía General de la República reiteró que desde marzo se emitió una orden de búsqueda por parte de la Interpol contra Tomás Zerón -extitular de la Agencia de Investigación Criminal-, por cargos relacionados con tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
También se relaciona a Zerón con el desastroso enfrentamiento en Cananea, Sonora, en 2007 con más de 20 personas asesinadas; y con la desprolija investigación en la muerte de la niña Paulette en el Estado de México en marzo del 2010.
Hoy, gracias a los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sabemos que es muy probable que la desaparición de los estudiantes se deba a que, esa noche en Iguala, tomaron un camión que llevaba un cargamento de droga rumbo a Estados Unidos. Sabemos también que fuerzas de seguridad municipal, estatal, federal y el ejército actuaron para recuperar ese cargamento.
La investigación no puede parar en figuras como Zerón, es necesario avanzar en la investigación y sanción a los militares, servidores públicos federales, estatales y municipales que están involucrados con el tráfico de drogas de Guerrero a Estados Unidos.
Finalmente, el jueves despertamos con la noticia de que César Duarte -exgobernador de Chihuahua– fue detenido en Estados Unidos y podrá ser extraditado por poco más de una decena de órdenes de aprehensión giradas por la fiscalía local por delitos relacionados con corrupción y desfalco de las arcas públicas de la entidad federativa.
Lo mismo que en el caso de Emilio Lozoya, aquí la investigación lleva al expresidente Enrique Peña Nieto, en especial al financiamiento ilegal de su campaña electoral en el 2012, y a otros miembros del Partido Revolucionario Institucional como el exsecretario general adjunto de dicho partido, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
En los tres casos estamos frente a redes de macrocriminalidad. Una red de este tipo está conformada por tres estructuras: políticos, empresarios y criminales. En la medida que hay una estructura política, también hay una promesa de impunidad para las y los miembros de la red.
No se trata sólo de omisiones en cualquier investigación para protegerlos (como en la masacre de Allende en Coahuila, en el 2011, cometida por la red de macrocriminalidad de los Zetas). Se trata incluso de generar acciones para desviar las investigaciones y limitar sus consecuencias como lo vimos en la fraudulenta construcción de la “verdad histórica” en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En estas redes de macrocriminalidad, los nodos políticos cobran mucha relevancia, tanto por las posiciones centrales que ocupan, como por ser los más estables a lo largo del tiempo. Además, estos nodos se encargan de la captura de los órganos de seguridad, investigación y sanción; lo que facilita y mantiene la impunidad.
Las redes de criminalidad incluyen a políticos. No se trata de buenos contra malos; no es el gobierno luchando contra los criminales. Muchas de esas redes de criminalidad son encabezadas por esos políticos. En otras palabras, estas redes de criminalidad gobiernan hoy en día amplias regiones del país.
En México necesitamos construir paz. Esta construcción requiere del desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad; la descaptura de los órganos de seguridad, investigación y sanción; y hasta que eso suceda, del fortalecimiento y profesionalización de los órganos de seguridad e investigación. De lo contrario, el fortalecimiento a un cuerpo de policía capturado por el crimen organizado es, en realidad, el fortalecimiento a ese grupo del crimen.
El punto de inicio de la construcción de paz en México es el desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad, comenzando por los políticos que las integran, administran y dirigen. En esta lucha no cabe el: “olvido no, pero perdón sí”.
Un gobierno que se guíe por esta consigna no será parte de la solución, se convierte en parte del pacto de impunidad, la promesa de impunidad con la cual se construye la “estabilidad política”. Es la forma en que los presidentes priistas sabían que podían hacer cualquier cosa, porque su sucesor no los investigaría. Los resabios del viejo régimen…
