¿Por qué es peligrosa la prisión preventiva?

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Demagogia penal no es justicia

La justicia penal tiene muchos enemigos. Las filias y fobias involucradas, la pobreza, la corrupción y las limitaciones de la tecnología son solo algunos de los enemigos que en México impiden que las personas culpables reciban la sanción que merecen y, peor aún, con frecuencia son la causa de que personas inocentes reciban castigos inmerecidos.

Si esto no fuera suficiente para erizar la piel, otro de los enemigos de la justicia penal –quizá uno de los más nocivos– está gestándose en el Congreso de la Unión. Si nuestros representantes políticos no lo combaten, este peligrosísimo enemigo de la justicia penal nacerá encumbrado, porque estará localizado en el lugar más importante de nuestro sistema normativo: la Constitución.

Si los eventos siguen su curso actual, este enemigo nacerá disfrazado de “buena idea”, “solución”, “avance”. Nos hablarán de este acontecimiento como si fuera algo benéfico y quizá mucha gente lo creerá así, pero la realidad seguirá siendo la misma: su existencia es una amenaza para la justicia penal. Este enemigo del que hablo es la demagogia penal.

Éstas son solo algunas de las caras con las que este nocivo enemigo de la justicia penal nos visita recurrentemente: “Necesitamos más prisiones”. “Necesitamos aumentar las penas”. “Necesitamos más policías”. “Necesitamos convertirlo en delito grave”, y la más reciente “Necesitamos ampliar la prisión preventiva oficiosa”.

La demagogia penal es el acto de halagar a los gobernados a través de actos aparatosos, como si éstos combatieran los delitos, pero en realidad son contrarios al problema que se busca solucionar y con frecuencia agravan la situación de los involucrados. La peligrosidad de la demagogia penal aumenta significativamente cuando existe una gran concentración de expectativas de cambios inmediatos, pero poco entendimiento del problema (habría que agregar, y pocas ganas de entenderlo).

Combatir eficazmente al crimen, prevenir los delitos, reparar el daño a las víctimas, preservar las garantías procesales del inculpado, lograr espacios públicos seguros para todas y todos, así como sancionar a los delincuentes con penas equitativas y proporcionales son tareas ineludibles del Estado. Para obtener éxito en estas tareas se requiere de planeación, recursos y tiempo, requerimientos que suelen colisionar con las aspiraciones políticas de los legisladores y las apremiantes demandas de la ciudadanía.

Si se reforma el artículo 19 constitucional para ampliar los delitos que deberán contemplar prisión preventiva, de manera obligatoria, para los presuntos delincuentes, tendremos más personas inocentes privadas de su libertad, sin que hayan sido juzgadas y mucho menos encontradas culpables. La lógica del derecho penal debe de ser: “quien lo hizo, que lo pague”. La prisión preventiva de manera oficiosa responde a la lógica “yo no busco quién lo hizo, sino quien lo pague”. Esta lógica no repara el daño a la víctima, no atrapa al culpable y sí puede meter a prisión temporal a un inocente.

Los investigadores de los delitos no serán mejores investigadores por decreto. El sistema carcelario no será mejor sistema por decreto. El derecho penal no será más justo con penas más altas. La impunidad no terminará al ampliar la prisión preventiva. La prisión preventiva oficiosa solo traerá más miseria a los individuos que desafortunadamente se tengan que topar con el derecho penal mexicano. Y eso se llama desastre, no solución.

Twitter: @luis_e_pereda

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