La pandemia global del COVID-19 nos está quitando muchos bienes públicos: la salud, la convivencia, la economía y, si no hacemos nuestro trabajo ciudadano, también nos va a quitar nuestro derecho a saber.
¿Cómo está avanzando la enfermedad? ¿Cuántas personas se han infectado? ¿En qué hospitales públicos están siendo atendidas? ¿Cuánto cuesta, en promedio, el tratamiento de cada una de estas personas? ¿A cuáles proveedores se les han comprado insumos? ¿Desde hace cuánto son proveedores del Estado? ¿Cuánto han costado los productos que se les compra? ¿Por qué a esos proveedores? ¿Cuánto se va a obtener de la cancelación de centenares de fideicomisos?
Esas y otras preguntas son pertinentes porque se refieren a bienes que son de nuestra propiedad y preguntamos por ellos no mendigando caridad, sino en ejercicio de un derecho humano: el derecho a la información pública. Y si ese derecho humano normalmente no es del agrado de nuestros políticos, en época de pandemia menos.
Desafortunadamente no faltará el político que pretenda argumentar que cuando la salud pública está en riesgo, el Estado no tiene “tiempo” para resolver preguntas de acceso a la información y de transparencia. Y peor aún, existe la posibilidad que tú también lo creas. “Mucho ayuda el que no estorba y preguntar en este momento es estorbar”, podría cruzar por tu mente. Si ese es tu caso permíteme intentar hacerte cambiar de opinión con tres argumentos:
- La transparencia es la llave a la rendición de cuentas
Preguntamos al Estado no por un tema de cultura general, preguntamos porque sin cuentas no puede haber rendición. Tenemos que saber qué hace con nuestro dinero. No sobra repetirlo: nuestro dinero, no el de los políticos, no del Estado. Nuestro.
Cuando el Estado compra, gasta, invierte, construye o paga lo hace con recursos que obtiene de ti y de mí. Es básico para nuestro propio interés que sepamos cuánto gasta, cómo lo gasta y cuánto le queda. ¿De lo contrario con qué información votaremos en las siguientes elecciones para premiar o castigar una mala administración?
En materia de bienes públicos nosotros no recibimos la bondad o la generosidad del Estado, nosotros padecemos su incompetencia o nos beneficiamos de su talento para administrar. A cambio de eso, los políticos reciben un salario y el privilegio de representarnos.
Si durante la pandemia se cierra la ventana de la transparencia, quedaremos en la oscuridad y no tendremos ninguna certeza de cuándo volverá a abrirse.
- Preguntar en el momento oportuno ahorra muchas auditorías.
Preguntar al gobierno no es trabajo de arqueólogos del futuro, es de ciudadanas y ciudadanos del presente. Enterarnos que hace 20 años se gastó mal solo produce enojo, pero no buenos resultados. Enterarnos que se está gastando mal hoy puede producir acciones y consecuencias.
La movilización ciudadana oportuna puede detener contrataciones, licitaciones o asignaciones directas que no cumplan con las mejores condiciones para el Estado en materia de precio, calidad u oportunidad. Poder monitorear en tiempo real qué sucede con las donaciones que se reciben del extranjero, cuántas camas de hospital están disponibles, cuánto integrantes del gabinete están enfermos de COVID-19 o cuánto dinero van a costar las tratamientos médicos tiene un sentido práctico. Nos permite tomar nuestras propias decisiones.
“Que caiga todo el peso de la ley a quien se robó el dinero hace 20 años” es casi tan inútil como una rosa en la Antártida. Evitar que se incremente en un 20% el precio de los respiradores que se comprarán mañana salvará vidas pasado mañana.
- La información es mejor para combatir al COVID-19 que una mascarilla
Si la información en posesión del gobierno de China, respecto el nuevo virus, hubiese sido compartida en diciembre de 2019, probablemente hoy la historia sería otra. La información es vital para tomar buenas decisiones. Es por eso que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, informa que su esposa contrajo el virus. Es por eso que el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, informa de su estado de salud. Lo mismo se puede decir de los gobernadores de Hidalgo, Querétaro y Tabasco, Omar Fayad, Francisco Domínguez y Adan Augusto López.
Donde no se ha hecho pública la información fundamental para la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, como es el caso de Estados Unidos, las consecuencias no se han hecho esperar. Quizá el origen geográfico del virus es chino, pero la magnitud del problema es americano.
Poder repartir una mascarilla ayuda a unas cuantas personas durante algunas horas; compartir información pública para la toma de decisiones ayuda a toda una nación. Empleadores, inversionistas, obreros, estudiantes, amas de hogar, taxistas, comerciantes, vendedores, empleados… todas y todos nos beneficiamos si el Estado juega con cartas abiertas.
No solo está en juego la salud pública, también la información pública. Y a ésa, como tantos otros bienes públicos, nadie la va a cuidar por nosotros. El Estado tiene la obligación de proveer a su ciudadanía ambos: salud e información públicas. Que el COVID-19 no nos robe, también, nuestro derecho a saber.
Quédate en casa y pregunta a tu regidor, síndico, presidente municipal, gobernador, diputado local, alcalde, diputado federal, senador y presidente: ¿qué decisiones están tomando y con cuál información? La idea general es que todas y todos tengamos todos los datos relevantes. Si alguien tiene otros datos, pues que los comparta.