¿Salvar al gobierno o al país?

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2020 empezó mal. Desde un inicio los augurios económicos eran sombríos. 2019 terminó con un crecimiento negativo del PIB del -0,03%. Considerando que cuando López Obrador asumió la presidencia, en diciembre 2018, ese año terminó con un crecimiento positivo del 2,3%; pero empezar 2020 con crecimiento negativo era un balde de agua fría. 

Ya para febrero 2020 (¡dos meses después de iniciado el año!) algunas calificadoras internacionales calculaban un crecimiento negativo del -2%, observando que el gobierno no corregía el rumbo económico, manteniendo su actitud confrontacional con la inversión privada, la cancelación de proyectos viables y la reorientación del presupuesto público para megaobras consideradas inviables. 

Pero existía la esperanza de que algunos factores fundamentales pudieran corregirse y evitar una situación de mayor deterioro. De repente, llegó la pandemia y la economía se colapsó. Nadie esperaba semejante situación.

El cierre de miles de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas provocó el desempleo instantáneo de millones de personas. Los recortes presupuestales a los servicios de salud provocaron una crisis de desabasto severo de medicinas y equipo en el sector. Nadie conoce la temporalidad de la pandemia. Además, el crimen organizado aprovecha la situación de un Estado extenuado y agobiado para ampliar y consolidar su control territorial sobre amplias zonas del país.

La CEPAL habla de medio millón de empresas que desaparecerán para siempre e INEGI hace el recuento del desastre laboral: la pérdida de más de 1,200,000 empleos formales y once millones de empleos informales. Más de 12 millones de mexicanos han perdido su sustento diario familiar. Calculan que la pobreza crecerá en 8 millones de personas y la extrema pobreza en 6 millones.

Los cálculos de la caída del PIB ahora hablan de entre -9% y -11% para 2020. Y consideran que México tardará hasta 2025 para regresar al nivel que estaba en diciembre de 2018. Se habla de un sexenio perdido.

Empresarios y sindicatos plantearon medidas de emergencia para evitar la destrucción de la planta productiva. Propusieron temporales moratorias fiscales y a los pagos de cuotas al IMSS, luz y agua, acceso a préstamos blandos y fechas de vencimientos alargados, mecanismos para el pago compartido del salario obrero entre gobierno y empresas y la idea de un ingreso universal básico garantizado. También se propone la suspensión temporal o permanente de las megaobras del gobierno, pues representan una inversión de largo plazo, ignorando la crisis presente.   

La respuesta del gobierno fue negarse tajantemente a cualquier tipo de apoyo a las industrias. “Que se salven con recursos propios o que desaparezcan para siempre” dijo el Presidente. Para él, todo seguía igual que al inicio de su gestión. Mientras Japón dedica recursos equivalentes al 21% de su PIB para salvar sus empresas, Europa el 16% y Perú el 8%, México dedica el 0,03% de su PIB a salvar a su planta productiva. O sea, casi nada.

Cancelar o postergar megaobras que hoy no le producen soluciones concretas al país sería un acto de racionalidad económica que atiende la realidad presente. Reorientar el presupuesto para ayudar a la planta productiva es salvar la economía real. El país está padeciendo severamente la crisis hoy, y seguir negando los apoyos necesarios augura un sufrimiento social que mañana será el doble.

Lo que requiere el país urgentemente es una mesa de concertación entre todos los actores activos para construir soluciones pactadas colectivamente para evitar que los próximos sean años perdidos para millones de mexicanos. 

Pero el presidente, obsesionado con su campaña electoral, piensa en votos, no en soluciones para el país y, por tanto, no quiere sentarse con quienes considera sus contrincantes electorales, a pesar de que ni siquiera será candidato. Impone sus intereses partidistas por encima del interés nacional.

Pobre país. 

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

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