Si de hacer historia se trata, Andrés Manuel López Obrador lo está logrando. Muchas de sus iniciativas, reformas e incluso su estilo personal de gobernar son totalmente diferentes a lo que México ha vivido en años anteriores.
Un hecho histórico, por ejemplo, fue que se negara a recibir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la entrega del informe anual de la institución: es el primer presidente, desde que se creó la Comisión hace 29 años, en no recibirlo personalmente.
El informe, por supuesto, se trata principalmente de violaciones a los derechos humanos en 2018, antes de que López Obrador asumiera. Aborda, con alarma, los hechos de violencia contra las personas de nuestro país en el último año de Enrique Peña Nieto, una violencia que en gran medida contribuyó a la sed de cambio político que le dio la victoria.
El documento revela números que deberían preocuparnos, incluso alarmarnos: 246 linchamientos; 175 políticos asesinados; 11 comunicadores asesinados; cientos de desapariciones forzadas, casos de tortura, asesinatos… También casos de detención arbitraria, retención ilegal, trato degradante… Todo en 2018.
Es interesante notar que la institución del gobierno que más quejas genera es el IMSS, seguido por el ISSSTE. Es decir, es en salud pública donde las personas más se sienten vulneradas.
Pero el informe no se detiene en 2018, y aborda desafíos que se están enfrentando en la presente administración, sobre todo en lo que respecta a la situación de desprotección en que han quedado mujeres y niños por los recortes a las estancias y refugios; de igual forma, el tema de la salud: falta de medicamentos, atención básica, insumos y médicos. También se levantan alertas por el incremento en la violencia y violaciones a los derechos humanos en lo que va del año. Hace también mención a la gravedad de qué, desde el gobierno, se polarice el discurso y se ataque a organizaciones sociales, periodistas, medios y quién sea que sea concebido como rival.
Fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la designada para recibir el informe de la Comisión, lo cual decepcionó a sus miembros. Querían explicarle al presidente, en persona, la situación. No hubo tiempo en la agenda para recibirles.
El presidente, en su mañanera del día siguiente, fue consultado sobre por qué no participó. López Obrador reiteró su compromiso de “aceptar todas las recomendaciones”, pero también hizo comentarios que debemos notar.
Aseguró que “en los hechos, se está demostrando” que los derechos humanos son una premisa fundamental de su gobierno, pero desestimó la preocupación de la Comisión: “son concepciones en este caso, teóricas, son criterios que se respetan”. Se podría interpretar que el presidente considera que, en esencia, el informe es un conjunto de opiniones – no de hechos – que se pueden o no compartir.
Esto es especialmente grave, y nos muestra la urgencia de que, en el entorno de la Presidencia, haya un trabajo de sensibilización respecto a la desesperada indefensión que viven las personas en México, sobre todo las que son más vulnerables.
Y no deja de llamar la atención el candor con el que el presidente cerró su respuesta: “Sí, yo he polarizado a la nación, lo reconozco, porque estoy en contra de los corruptos y de la simulación, y quiero que no haya desigualdad en mi país y que se respeten los derechos humanos.”
Reconocer no solo la polarización, sino la intención de polarizar, es bastante inusual, por decir lo menos. También llama la atención la noción de que polarizar, de alguna manera, reduce la corrupción y la desigualdad.
¿Por qué polarizan los gobiernos? Simplificar las ideas, dividir entre buenos y malos, y reducir los problemas a “los corruptos conservadores” sirve mediáticamente, pero en realidad no resuelve ningún problema. Y mucho menos el problema de los derechos humanos.
Al final del día, lo importante es la realidad que muestra el informe. Una situación, heredada y todo, pero dramática. Negar esto es un camino que jamás nos llevará a resolverlo.