¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
La labor que realizan nuestras fuerzas armadas para defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación me parece admirable. Estoy convencido de que la mayoría de sus integrantes son gente que ama profundamente a México y tienen una convicción de entrega que difícilmente es entendida, y mucho menos es compartida o imitada por muchos civiles; sin embargo hay tareas donde no me gustaría verlos. La seguridad pública es una de ellas.
¿Cuál es el problema de que los soldados y los marinos también se encarguen de la seguridad pública? Para contestar esta pregunta tengo razones de naturaleza práctica y, también, de naturaleza jurídica.
Las razones prácticas:
El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana están organizados, equipados y adiestrados para “confrontar con éxito en los ámbitos tácticos, operacional y estratégico las amenazas tradicionales o multidimensionales de origen interno o externo provenientes de agentes estatales o no estatales, que constituyan un obstáculo al logro de los objetivos nacionales”; mientras que la misión de la Armada de México es “emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior (…) del país”. En pocas palabras: las fuerzas armadas existen para derrotar a los enemigos del Estado, para proteger y preservar al Estado (nótese que Estado no es sinónimo de población).
La seguridad pública, por otra parte, es una función a cargo del Gobierno (que tampoco es sinónimo de Estado), la cual tiene como fin “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado”. La seguridad pública implica proteger personas y sus bienes, que son amenazadas por sus iguales, no por un enemigo que atenta contra el Estado donde habitan esas personas.
Las fuerzas armadas y las policías son instrumentos creados para cumplir propósitos diferentes. No es un tema del color del uniforme o la complejidad de su armamento. Se trata del entrenamiento, la definición de objetivos y los medios utilizados para alcanzarlos.
El ejercicio de estrategias militares por elementos militares entrenados por militares es incompatible con un Estado Constitucional, porque pone en riesgo las libertades de los ciudadanos. No se puede hacer una cirugía con una espada.
Las razones jurídicas
A partir de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresados en el expediente VARIOS 912/2010 y la Contradicción de Tesis 293/2011, México tiene la obligación jurídica de acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); incluso aquellas en las que nuestro país no sea parte. Y resulta que en la sentencia contra México del 28 de noviembre del año pasado (página 68, párrafo 179), la CIDH recuerda que el uso de las fuerzas armadas para desempeñar “tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados” deben delimitarse al máximo, ¡no incluirse en la Constitución!, y responder criterios de estricta excepcionalidad, ¡no normalizarlos como claudicación del Estado en su obligación de proporcionar seguridad pública a través de policías civiles!
Dicho de otra manera, aunque una Guardia Nacional militarizada se introduzca en la Constitución Política con la intención de “resolver” el problema de orden legal, dicho problema no queda resuelto debido a la clarísima inconvencionalidad de la medida.
¿A grandes males, grandes remedios?
Sí, pero el remedio es, por definición, algo que remedia la dolencia, no algo que la empeora. Por eso no decimos “a grandes males, peores males”. La seguridad pública en México es un gran problema, que pone en jaque la vida, la tranquilidad y los bienes de las personas, pero esta muy lamentable realidad no nos puede llevar a adoptar una medida que nos ponga en un peligro mayor.
Voto por más seguridad pública y menos militares en las calles.