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Foto: Edgar Jasso/Cuartoscurso
Uso de la fuerza: del exceso a la inacción
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Uso de la fuerza: del exceso a la inacción
¿Y el marco legal de la seguridad pública?
13 Feb | 2019
Por: Viridiana López Herrera
Uso de la fuerza: del exceso a la inacción
¿Y el marco legal de la seguridad pública?
Viridiana López Herrera por: Viridiana López Herrera
Feb 13, 2019
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El pasado 18 de enero explotó un ducto de combustible propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicado en Tlahuelilpan, Hidalgo, mientras estaba siendo “ordeñado”. En el lugar había hombres, mujeres y menores de edad. El saldo hasta el momento es de 130 personas fallecidas. Sobre el evento, en diferentes redes sociales circularon videos donde se observa lo que muchas personas señalaron como una “inacción” por parte del Ejército, que evidentemente se vio rebasado por la situación y no logró contener a la multitud que se arremolinaba en las cercanías del ducto.

Por otro lado, el pasado 7 de febrero, en medios de comunicación se mostró un video en el que un hombre que intentaba suicidarse fue abatido por policías municipales de Hermosillo, Sonora. En esta ocasión, el reclamo social fue por el exceso de fuerza con el que actuaron los policías. En ambos casos las pérdidas humanas quizá se pudieron haber evitado si tuviéramos protocolos adecuados para el uso de la fuerza, y capacitación y equipamiento para que nuestras fuerzas de seguridad sepan cómo utilizar armas letales y menos letales.

Ante esto, es necesario señalar que, actualmente, en México no existe una Ley General sobre Uso de la Fuerza y Empleo de las Armas de Fuego que dé certeza jurídica a los miembros de las instituciones de seguridad pública sobre cuándo, cómo y por qué se deben emplear estas facultades en el ejercicio de sus funciones para preservar su vida y su integridad personal, así como la de los ciudadanos y ciudadanas.  Hay esfuerzos locales que legislan o reglamentan estas facultades a partir de leyes estatales y protocolos de actuación. En el caso de las Fuerzas Armadas, se tiene el “Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas”; sin embargo, no existe un marco general que estandarice dichas actividades para todas las instituciones que tienen actividades de seguridad pública.

En el marco de la propuesta de creación de la Guardia Nacional, que estaría integrada por personal de Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, la falta de una Ley para estos efectos adquiere una mayor relevancia, ya que no existirá un marco que pueda ser aplicable a los elementos provenientes de las diferentes corporaciones que pretenden incorporarse en este nuevo cuerpo de seguridad.

Sin una Ley sobre Uso de la Fuerza y Empleo de las Armas de Fuego en México, no existe claridad sobre el uso de la fuerza como facultad por parte de las corporaciones de seguridad, en el antes, durante y después de su empleo1. Ello tampoco permite que se haga ejercicio de esta facultad dentro de un marco que contemple los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Es urgente que legisladores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas se aboquen a proponer y adoptar una Ley General sobre Uso de la Fuerza que permita que a las policías (y a las Fuerzas Armadas que lleguen a colaborar en acciones de seguridad pública), contar con un marco legal que les faculte para hacer uso de la fuerza sin excesos ni omisiones.

@causaencomun

Nota de la redacción: esta contribución es parte de una serie de textos elaborados por diversas organizaciones de la sociedad civil que son parte de la Comunidad de Conocimiento para la Prevención de la Violencia Armada, en colaboración exclusiva con Cuestione. Distintos representantes de la Comunidad entregarán reflexiones quincenales para entender mejor este problema.

 

De acuerdo con los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1990, de la Organización de las Naciones Unidas, los gobiernos, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, y los propios funcionarios, tienen diversas obligaciones respecto al empleo de la fuerza y las armas de fuego, que se dividen en tres momentos: antes de usar la fuerza, durante el uso de la fuerza y posteriores.

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