La militarización de la seguridad en México continúa viento en popa. En lo que probablemente es el proceso legislativo más comentado y criticado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, las fuerzas políticas coaligadas en forma de oposición organizada están siendo puestas a prueba de resistencia.
La vieja alianza Va por México trató de coordinar esfuerzos para detener la reforma constitucional que le dio el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa mientras el PRI se debate entre la vida y la muerte con su propuesta de ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna.
El rebase, colapso, ineptitud y colusión de las policías municipales y estatales ha provocado el aumento progresivo del uso de las fuerzas militares en “auxilio” de autoridades civiles; desde el reforzamiento de la extinta PFP y la creación del Gabinete de Seguridad Pública en el año 2005 hasta la creación de la Guardia Nacional en 2019 la tendencia ha sido la misma.
Sin embargo, el fracaso de la formación de una fuerza civil federal confiable llevó a la conformación militarizada de la Guardia Civil que aún hoy cuenta entre sus filas con más de 85,000 efectivos militares (del Ejército y Marina); es decir, la militarización hoy a debate es fait accompli desde marzo de 2019 y el proceso actual de permitir que la Secretaría de la Defensa administre los recursos humanos de la Guardia Nacional es resultado de la necesidad de mantener todos esos efectivos con sus derechos y prestaciones castrenses.
Por sobre el proceso de militarización está, me parece a mí, la grave descomposición política del país que resulta en la simple y autoritaria imposición de la mayoría.
Pero enfrentamos otra alarma militar de distinta naturaleza. El día de hoy el presidente Vladimir Putin ha decidido incrementar la intensidad de la invasión rusa a Ucrania decretando una “movilización parcial”, que permitirá convocar a servicio a 300 mil reservistas.
Este decreto pone en evidencia que las fuerzas rusas presentes en la región de Dombás han perdido terreno y requieren de refuerzos personales y materiales, pero también significa la intensificación de la fuerza que la Federación Rusa está dispuesta a utilizar con tal de doblegar al gobierno ucraniano y formalizar la anexión de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
La invasión a Ucrania podría tener consecuencias geoestratégicas significativas en el corto plazo, pero también tendrá efectos políticos y económicos de largo alcance y duración que tendrá que pagar el resto del mundo.
El decreto de Putin ha llevado el presente conflicto a un punto de no retorno. Ahora ni las potencias occidentales pueden retirar su apoyo al gobierno de Volodímir Zelenskyy ni Rusia se puede dar el lujo de simplemente retirarse, y ese ha sido precisamente el llamado de Joe Biden en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.
Y así, hoy no nos queda sino navegar entre uno y otro nivel de militarización de nuestras vidas.
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