Popularmente se dice que “del dicho al hecho hay mucho trecho” para referirse a que puede existir una diferencia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace. Y en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esa frase parece quedar como anillo al dedo. ¿Por qué? Mientras que en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 -documento que incluye las metas y enfoques que serán la guía de su gobierno durante su mandato- compara a la corrupción con las licitaciones directas y prometen su prohibición, en los hechos parece contradecirse: no hay transparencia ni competencia en sus contrataciones.
Y es que, de acuerdo con el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas (Compranet), durante 2019 el gobierno federal utilizó la adjudicación directa en cuatro de cada cinco contratos públicos.
Esto implica que el gobierno de AMLO gastó mucho en contratos que le dio directamente y sin concurso a alguna empresa. ¿Cuánto es mucho? Pues unos 127,000 millones de pesos, en casi 141 mil contratos que no tuvieron un proceso de competencia.
Y lo hicieron a pesar de que la Constitución, en su artículo 134, define que la contratación de bienes, servicios u obra pública deberá realizarse a través de “licitaciones públicas mediante convocatoria pública” que aseguren “ las mejores condiciones disponibles” para el gobierno, al menos que éstas no sean idóneas.
Es decir, las licitaciones públicas deberían predominar en todos los procesos de compras públicas; sin embargo, parece que la práctica de otorgar contratos sin cocncurso no puede ser detenida ni en los discursos ni en los documentos oficiales.
¿Cómo se compara con el primer año de Peña Nieto?
Analizando la información de Compranet para 2013 (primer año completo de gobierno de Enrique Peña Nieto) pudimos verificar que durante ese año el porcentaje de contrataciones a través de adjudicaciones directas fue menor que lo observado en 2019.
Y es que mientras que el gobierno de EPN adjudicó cerca del 75% de las contrataciones (tres de cada cuatro contratos), el gobierno de AMLO lo superó con casi el 80% de todas las contrataciones (cuatro de cada cinco contratos).
Sin embargo, al analizar los montos asignados por adjudicación directa -tomando en cuenta la inflación- Peña Nieto gastó cerca de 163 mil millones de pesos, que fue mayor a lo asignado a la Secretaría de Desarrollo Social en ese año, y que benefició a 38 mil 367 empresas diferentes.
Por su parte, con López Obrador, el gobierno gastó 127 mil 168 millones de pesos en contratos que beneficiaron a 39 mil 562 empresas, lo que implica una reducción de -14% respecto a los montos gastados en 2013.
Es decir, a pesar de haber adjudicado más, los contratos asignados sin competencia fueron por montos menores a lo observado en el primer año de EPN.
¿Qué instituciones recurrieron más a este procedimiento?
Seleccionamos las cinco instituciones que más contratos adjudicaron directamente durante 2019. A continuación los resultados:
Resalta en primer lugar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con más de 41 mil contrataciones realizadas sin un proceso de competencia, seguida por Diconsa -empresa estatal encargada del abasto de productos básicos y complementarios a localidades rurales con alta y muy alta marginación- con más de 21 mil contratos adjudicados.
En tercer lugar, se encuentra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que asignó en 2019 cerca de siete mil 800 contratos públicos.
¿Cuál es el problema con las adjudicaciones directas?
Como lo diagnosticaba el PND de esta administración, las adjudicaciones directas han estado muy relacionadas con la corrupción. De acuerdo con el centro de investigación México Evalúa, este tipo de procedimientos tienen “un mayor potencial de ser discrecionales”.
Esto “propicia el financiamiento de obra pública innecesaria o de proyectos de baja rentabilidad social, que se inclinan por satisfacer los intereses de grupos específicos a costa del interés público, o se hace a precios excesivamente elevados”, advierten.
De igual forma, resaltan que la propia Auditoría Superior de la Federación ha levantado la voz respecto a la “opacidad” e “insuficiente transparencia” que existe en estos procedimientos.
Es por eso que, si el compromiso del presidente de acabar con la corrupción es real, debería comenzar por acabar con estas prácticas.
