Niveles de corrupción crecieron en 2019
¿Te suena familiar tener que pagar una cuota para que las personas encargadas de recolectar tu basura realmente se la lleven? A pesar de que los ciudadanos pagan al gobierno local un impuesto –el predial– para que brinde este servicio de forma gratuita, este pago extra es la realidad para millones de hogares. Sin embargo, el impacto al bolsillo no igual para todos.
Imagina que los recolectores cobran una cuota de 20 pesos por hogar para prestar este servicio. Para una casa que se encuentra en una zona de clase media alta o alta este gasto probablemente pase casi desapercibido porque es realizado por otra persona (el portero o la persona que realiza el trabajo doméstico).
Mientras tanto, en un hogar en una zona de alta marginación -cuyos ingresos diarios rondan los 80-90 pesos-, este pago representa una impacto importante en sus presupuestos.
Con este ejemplo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explica en entrevista con Cuestione cómo la corrupción es realmente el impuesto más regresivo que tenemos los mexicanos. Es decir, aquel “que le cuesta más al que menos tiene”.
“Tenemos medido que el costo de la corrupción es cerca del 30% del ingreso de un hogar porque además de la basura, están las cuotas irregulares en la escuela, las mordidas a los policías de tránsito, el impulso procesal en los ministerios públicos -es decir, la mordida que acelera que tu expediente se mueva en el sistema de acceso a la justicia-, entre muchas otras”, añade Bohórquez.
La esperanza para México (que se quedó en el discurso)
Gran parte de la plataforma política que guió la victoria del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se basó en la idea de eliminar uno de los principales obstáculos del desarrollo de nuestro país y que afecta directamente al bolsillo de las personas: la corrupción.
Esta era una de las principales banderas de la Cuarta Transformación, la cual se posicionó a sí misma como el cambio necesario para desterrar este mal de las instituciones políticas de México. Hoy, a más de año y medio de haber iniciado el nuevo gobierno, esta meta parece mantenerse solo en el discurso oficial.
Y es que de acuerdo a las últimas cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a pesar de que el número de personas que sufrieron un acto de corrupción en 2019 fue el más alto desde 2013, la percepción sobre corrupción frecuente o muy frecuente en la población disminuyó al nivel más bajo desde esa fecha.
Para Bohórquez, “los resultados de percepción de corrupción del Inegi confirman que la sociedad mexicana le ha dado un voto de confianza al presidente de la República para enfrentar el problema” por eso, en términos de la opinión sobre el mandatario, la percepción es positiva.
La sociedad “coincide con el presidente en que hay que entrarle al tema de combate a la corrupción”. Sin embargo, las cifras de incidencia muestran que a pesar de esto, “la vida de las personas no está cambiando como el presidente dice al seguir sufriendo de pagos de mordidas en todos los niveles”, explica el director de Transparencia Mexicana.
Y advierte que “si no se ven cambios contundentes en la vida cotidiana de las personas, la opinión pública va a mostrar que se le quita el voto de confianza al presidente, lo que representa un verdadero peligro para la lucha contra la corrupción pues el perder la confianza social se genera un incremento en la corrupción”.
Más sobre este tema: Sí, en 2019 la corrupción disminuyó, pero solo en nuestra imaginación
México en el marco global
En el contexto internacional, el combate a la corrupción en nuestro país parece mantenerse sin muchos cambios.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción -el cual es elaborado por Transparencia Internacional y toma en cuenta los niveles de corrupción en el sector público percibidos por expertos y empresarios internacionales- nuestro país obtuvo el año pasado 29 puntos de calificación (de 100 posibles) colocándose a la par de naciones como Togo, Myanmar, las Maldivas, Laos y Guinea.
Esto implicó que México se encontrará en el lugar 130 de 180 países y es el país con más incidencia de corrupción dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, esta calificación representó una mejora de un punto respecto al 2018 cuando nuestro país obtuvo su segunda calificación más baja (28) desde 1995, solamente superado por la calificación obtenida en 1997 (27).
Haciendo el análisis histórico del desempeño de México a través del tiempo podemos observar que, de acuerdo a este índice, la corrupción en nuestro país se ha mantenido sin muchos cambios en más de dos décadas, quedando muy por detrás de países desarrollados.
A todo esto ¿cómo funciona la corrupción?
Para Eduardo Bohórquez, la crisis sanitaria que vive el mundo por la epidemia de COVID-19 sirve de ejemplo para mostrar cómo es que funciona la corrupción. En su opinión, al igual que el virus, la corrupción sigue la misma lógica que una epidemia.
“Crece donde no hay medidas de prevención como transparencia, una ciudadanía observante, donde no funcionan los controles y donde no se fiscaliza bien el gasto, y se reduce cuando estas se activan”, explica el experto.
Para él, la prueba más clara se muestra en las diferencias que hay en la incidencia de corrupción en trámites y servicios entre los diferentes estados de la República.
Sin embargo, Bohórquez resalta que este tipo de corrupción (administrativa) no es la única. “Hay otro tipo que afecta mucho más, conocida técnicamente como la gran corrupción y que funciona como un cáncer al ir tomando posiciones dentro del gobierno y que se da en forma de red”.
Casos como de los ex gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte o Guillermo Padrés son el ejemplo claro de este tipo de corrupción. Sin embargo, el director de Transparencia Mexicana aclara que estas figuras “siempre fueron el nodo visible -no necesariamente las cabezas- de una red de corrupción que funcionaba a partir de la capacidad de brindar protección política para no verse afectados durante un tiempo”.
El experto explica que para enfrentar este tipo de corrupción “se necesita de instituciones muy fuertes: una unidad de inteligencia financiera eficaz y una fiscalía general verdaderamente independiente que no se someta a ningún tipo de influencia política, las cuales puedan ir en contra de estos grupos”.
El mayor riesgo de no combatir la corrupción
“Uno cree que cuando se libra de una infracción como las de tránsito, resolvió el problema y se libró la multa. Lo que no se logra ver es que el costo de la corrupción no solo es monetario”, explica Bohórquez.
Y puntualiza que “cuando la policía está entrenada para recibir mordidas, se entrena también para recibir mordidas de mejores postores. Entonces el más rico, o el crimen organizado, tienen más recursos para comprar a ese elemento o autoridad”, poniendo en riesgo la integridad, el patrimonio y la seguridad de las personas.
Una política anticorrupción que se mida por resultados, no por sus intenciones
Cuestionado sobre el camino que debería seguir el gobierno en el combate a este fenómeno, Bohórquez puntualiza que “el cambio más importante que se necesita en este momento es dejar de confundir austeridad con control de la corrupción”.
“Un gobierno puede ser austero, pero muy deshonesto. De hecho si se pasa la mano con la austeridad puedes generar un incentivo para la corrupción”, explica el experto, pues “si se comprometen los salarios de los servidores públicos a un punto donde no pueden financiar deudas, hipotecas o compromisos que contrajeron con determinado salario, van a buscar cómo generar ese recurso”, concluye.
Un segundo punto que debe tomar en cuenta el gobierno es que se debe poner del lado de las personas. “Se debe buscar corregir la corrupción en la vida diaria de las personas: que no haya cuotas ilegales en las escuelas, que no se condicionen las entregas de apoyos sociales a cambio de apoyo político. Lo que se necesita es cambiar la relación con el gobierno”, añade Bohórquez.
Finalmente, puntualiza que “se debe medir el avance de la lucha contra la corrupción y es muy sencillo hacerlo: mostrar el número de redes desmanteladas el último año -que implica que un juez sentencie a un grupo de personas que forman parte de esa red-, el número de activos recuperados en posesión del Estado y la reparación a las víctimas de corrupción -que significa compensar la falta de un bien o servicio público a causa de desvíos o malos manejos de recursos públicos-”.
¿Se acabará el encanto del discurso del presidente?
