Narcomenudeo está en segundo lugar
El año pasado ocurrieron diversas masacres en México en las que se aseguró, o se supuso, que el crimen organizado estaba involucrado.
¿Por ejemplo? El asesinato de nueve integrantes de la familia Lebarón que se atribuyó a la banda La Línea; el ataque en una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, por el que se detuvo a Ernesto ‘N’ El Mingo, hermano del jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); o el incendio provocado en un bar del mismo estado, también atribuído al CJNG.
Esos tres casos forman parte de los 965 delitos de delincuencia organizada que llegaron a juicio en 2019 –es decir los delitos que sí fueron presentados ante un juez para que determine si la persona acusada merece ser castigada o no–. Esa cifra significó un aumento de 117.8% respecto a 2018, cuando se registraron 443 delitos por delincuencia organizada en las causas penales ingresadas.
Los delitos en delincuencia organizada registraron el mayor porcentaje de aumento entre los principales delitos por los que se inicia un juicio a nivel federal, en nuestro país. Le siguen los relacionados con narcóticos, delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, robos y delitos en materia fiscal.
En total, se registraron más de 48 mil delitos del fuero federal (actos delictivos que investigan las autoridades federales y no las fiscalías de los estados) en los más de 21 mil casos penales ingresados en 2019, 4.5% más que el año previo, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
¿Cuándo se trata de un delito de delincuencia organizada?
“La delincuencia organizada implica la asociación delictuosa de más de dos personas que se organizan para cometer actos criminales como trata de personas, extorsión, tráfico de armas, entre otros”, nos dijo en entrevista Enrique Bouchot, Investigador del Proyecto Justicia de la organización Mexico Evalúa.
En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se lee que “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.
Es decir, delitos como: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de edad, delitos en materia de trata de personas, secuestro, defraudación fiscal, algunos delitos en materia de hidrocarburos (como el huachicoleo), entre otros.
¿Por qué es el delito que más creció entre los que llegan a juicio?
Que la delincuencia organizada sea el delito que más aumentó, entre los que llegan a juicio, puede deberse a que “en general se incrementaron los delitos judicializados de 2018 a 2019 en 43% y a que, al parecer, la Fiscalía General de la República está haciendo mejor su trabajo”, declaró Bouchot.
Por su parte Alejandro Jiménez, abogado defensor de derechos humanos, nos dijo que “los casos de delincuencia organizada se judicializan mucho porque le permiten al Ministerio Público tener a una persona en prisión preventiva oficiosa en automático (antes de que se demuestre su culpabilidad) y porque se permiten plazos judiciales más flexibles, como presentar al acusado ante un juez en 96 horas en lugar de 48”.
Recordemos que antes, en el sistema de justicia tradicional, se daba por sentado la culpabilidad de la persona y ahora, con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Jiménez agregó que por lo general “se judicializa mucho la delincuencia organizada sin tener muchas pruebas en contra y al final se busca la sentencia por el otro delito que les pusieron. Es sencillo poner el delito (de delincuencia organizada) pero es complicado probarlo, por eso casi no logran sentenciar a una persona por ese acto”.
Según el Censo del INEGI, de los 965 delitos por delincuencia organizada registrados en las causas penales ingresadas, sólo 12 se concluyeron y de esas, sólo nueve tuvieron una sentencia definitiva condenatoria en 2019. Eso quiere decir que aún quedan abiertos 953 expedientes de ese año.
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También crecieron las denuncias
Una razón más del aumento de delitos llevados a juicio podría ser que de 2018 a 2019 también aumentaron las cifras registradas por delincuencia organizada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2018 se iniciaron 199 carpetas de investigación por ese delito y el año pasado esa cifra llegó a 265.
En otras palabras, la tasa de denuncias por ese delito pasó de 0.16 por cada 100 mil habitantes, en 2018, a 0.21 en 2019; un crecimiento de 32%.
También se observó un alza en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (como posesión, comercio o suministro de drogas) y los relacionados con armas de fuego y explosivos (como portación, posesión o tráfico ilícito), en 2019.
A pesar de que en 2019 se registraron menos denuncias por delincuencia organizada en la Fiscalía General de la República (265) se llevaron a juicio 965 delitos de ese tipo, según datos del INEGI.
Lo anterior ocurre porque las carpetas que se inician en un año “no necesariamente ingresan (a juicio) el mismo año. Sobre todo, a nivel federal, porque son delitos más complejos, son macro redes de criminalidad y lleva más tiempo investigarlos. Por lo general son actos que se cometieron uno o dos años antes”, mencionó Enrique Bouchot.
¿Cómo va el 2020?
Los crímenes de la delincuencia organizada no han parado en México. En los primeros cinco meses de 2020 se han registrado 90 denuncias por delitos relacionados con delincuencia organizada.
El 1 de julio de 2020, nos enteramos de que un grupo armado entró en un centro de rehabilitación de adicciones, asesinó a 27 personas e hirió a ocho más en Irapuato, Guanajuato.
La Fiscalía General del Estado aseguró, en un comunicado, que “existen datos fundados para suponer que las tres personas detenidas por esa masacre pertenecen a un grupo criminal que opera en la zona Laja-Bajío”, una de las zonas donde se ha señalado al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) como autor de varios delitos, reportó el diario El Universal.
Cinco días antes, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado en la capital. Harfuch tuiteó que el acto había sido obra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En ambos casos se han abierto carpetas de investigación a nivel estatal por homicidio doloso y tentativa de homicidio. Se esperaque tanto el atentado contra Harfuch como la masacre en Irapuato se investiguen a nivel federal por el delito de delincuencia organizada, considerando que ambos cárteles –CSRL y CJNG– se dedican a la distribución de drogas.
Además del aumento en los juicios por delincuencia organizada, para atacar realmente a los cárteles “se debería ir tras sus activos económicos. Los delitos judicializados en materia fiscal aumentaron sólo 7% (en 2019). Si luchas contra un cártel, lo desarticulas financieramente. De nada sirve que (por ejemplo) les quites 100 kilos de droga si no les quitan los millones de pesos con los que operan”, aseveró el investigador de México Evalúa.
Por último, Enrique Bouchot dijo que hace falta “fortalecer la capacidad de investigación para que los casos lleguen a sentencias porque de nada sirve tener penas más severas si no se hacen bien las investigaciones; muchos delitos se quedan impunes”.
En ese sentido, Daniel Vázquez, columnista de Cuestione, apunta que para construir la paz que México necesita “se requiere de desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad; la descaptura de los órganos de seguridad, investigación y sanción; y hasta que eso suceda, el fortalecimiento y profesionalización de los órganos de seguridad e investigación”.
Habrá que esperar un año más para saber qué tanto crecieron (o disminuyeron) los delitos que se judicialicen este año, cuántos de esos se castigaron y cuantos seguirán siendo una tarea pendiente de las autoridades.
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