Le toca a la Corte decidir
Lo que haga o diga el presidente, Andrés Manuel López Obrador, siempre se roba la atención frente a otras acciones realizadas por autoridades que tienen igual o mayor impacto para la población.
Un ejemplo es que, mientras en redes sociales se hablaba sobre si la foto del presidente en la inauguración de un hospital de Morelos se trataba de un montaje o no, en la Cámara de Diputados se gestaba una acción que tendría fuertes implicaciones en la estrategia de seguridad del gobierno.
Y es que el pasado 20 de junio, Laura Rojas, diputada del PAN y presidenta de la Cámara, anunció que había presentado una controversia constitucional contra el decreto publicado por el presidente, el cual permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública.
Tan solo seis días después, la ministra Margarita Ríos-Farjat (quien fue propuesta por el presidente López Obrador para el cargo) notificó que se daría entrada a la controversia constitucional promovida por la presidente de la Cámara.
Con esto, se abre la posibilidad de que sea el Congreso, y no el presidente, quien legisle y regule la actuación de las fuerzas armadas -Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Marina Armada de México- a diferencia de lo planteado por el decreto redactado por el titular del Ejecutivo.
¿Cuál es la historia completa?
El 11 de junio, como parte del proceso legislativo que llevó a la instauración de la Guardia Nacional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
Este acuerdo abre la posibilidad al presidente para hacer uso de las Fuerzas Armadas el resto del sexenio para realizar tareas de seguridad pública, mientras que la Guardia Nacional “desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.
Además establece que “la supervisión y control de las tareas de las fuerzas armadas” sea realizada por los órganos internos de control de la dependencia y refiere a una “coordinación” entre las secretarías de Defensa Nacional y Marina con la secretaría de Seguridad, en lugar de una subordinación.Por ese motivo, Laura Rojas, diputada federal por el PAN y presidenta de la Cámara, presentó una controversia constitucional -un juicio promovido por un poder federal (en este caso, el Legislativo) que acusa a otro de invadir competencias que están establecidas en la constitución-.
La presidenta de la Cámara de diputados argumentó que lo publicado en el DOF está alejado de los parámetros que establece la Constitución, lo que deja al Ejército y a la Marina sin un marco jurídico que regule su actuación.
“El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”
Comunicado de Laura Rojas, diputada federal por el PAN y presidenta de la Cámara.
Las reacciones
Parece ser que esta acción tomó por sorpresa a la bancada de Morena y el Partido del Trabajo, pues ese mismo día publicaron en el sitio oficial de Morena un comunicado que reclama que la decisión de Rojas “no representa la opinión de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados”.
De acuerdo con Mario Delgado, la decisión debe ser votada por el Pleno, pues asegura que “toda decisión está sujeta al criterio de la Asamblea” y precisó que estaba seguro que la propia Cámara “votará en contra de la decisión tomada por la actual presidenta”.Sin embargo, sería un propio compañero de la bancada de Morena quien explicaría que lo dicho por Delgado no tiene sustento jurídico. Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena y presidente de la Cámara de 2018 a 2019, utilizó sus redes sociales para explicarle que el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados le permite a la presidenta realizar esta acción y que la SCJN sería la única capaz de juzgar si procede o no la controversia.
¿Qué sigue para el proceso?
Para responder esta pregunta, entrevistamos a Daniel Torres Checa, abogado de la Universidad Panamericana (UP) y candidato a maestro en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho, quien considera que la “admisión dada a conocer por la magistrada Ríos-Farjat es un paso importante, pues implica que se cumplieron todos los requisitos procesales que solicita la Corte”.
Y explica que el siguiente paso es que “la Corte emplazará al presidente para que, como autoridad demandada, conteste la controversia en un plazo de treinta días y defienda la constitucionalidad del acuerdo publicado”.
¿Puede hacer algo Morena para retirarla?
De acuerdo con un hilo compartido en las redes sociales del abogado Torres Checa, “en principio no. Pero la Mesa Directiva se renovará en septiembre y el nuevo presidente puede intentar desistirse de la controversia. Si se logra, se termina el juicio”.
En teoría el nuevo presidente de la Cámara sería un diputado del PRI al ser este partido la tercera fuerza política con 46 diputados, explica el abogado. Sin embargo, refiere a que existe la posibilidad de que, diputados de Morena y del Partido Encuentro Social podrían integrarse a la bancada del Partido del Trabajo para así empatar al PRI y buscar hacerse de la presidencia de la Cámara.
Pero en entrevista con Cuestione, el abogado de la UP explica que si la Corte llega a analizar al decreto del 11 de mayo como “una norma general, la Mesa Directiva que se renueva en septiembre no podría hacer nada para evitar el pronunciamiento de la SCJN”
El ejército seguirá en las calles
Finalmente, el abogado concluye que, independientemente de lo que determine la Corte, “la estrategia de seguridad permanecerá”, es decir se seguirá utilizando a las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública.
Y es que Torres Checa recuerda que esta posibilidad “se encuentra en el régimen transitorio de la Constitución, el cual fue votado por todas las fuerzas políticas del país” cuando se instauró la Guardia Nacional.
En medio de una crisis sanitaria, económica y de seguridad, todo parece indicar que las cosas seguirán el mismo rumbo que plantea el presidente, sin una oposición con la fuerza suficiente para hacerle frente.
