La violencia sigue creciendo
“Prevenir y combatir los delitos y la corrupción”, es parte de la misión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta ahora, parece estar fallando en su cumplimiento.
La violencia se ha incrementado año tras año en México y, el 2020, se está convirtiendo en el más letal de la historia reciente. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso subió 2% entre enero y mayo de este año, contra el mismo periodo de 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así que disminuir 2.7% el gasto en Justicia, subir solo 4.5% el de Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior y aumentar 12.9% el gasto de Seguridad Nacional en el primer cuatrimestre del 2020 –de acuerdo con las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– parece no ser suficiente.
El aumento o disminución de los gastos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana muestran que “hay desinterés en la justicia, desinterés en el fortalecimiento de las fuerzas policiales, contra un interés por incrementar y fortalecer al ejército, es decir dar una respuesta agresiva ante la criminalidad”, declaró Belem Barrera González, investigadora de la organización Causa en Común, en entrevista con Cuestione.
La justicia no es prioridad desde 2016
El gasto en Justicia no solo cayó en el primer cuatrimestre de 2020. Las cifras de la SHCP muestran que desde 2016 –con Enrique Peña Nieto como presidente– no ha cesado la disminución del gasto en este rubro.
Es decir que “los gastos de todo el Sistema de Justicia, que incluye a los Ministerios Públicos, la investigación de delitos, juicios, penitenciarias, entre otros, no ha sido prioritario. No es prioritario el gasto para castigar o atender a quienes ya están castigados; sólo lo es usar las fuerzas armadas, usar violencia contra la violencia”, mencionó Barrera González.
El gasto público en Seguridad Nacional tiene el mayor porcentaje de aumento en el primer cuatrimestre de 2020, desde 2015.
La investigadora de Causa en Común reiteró que “el aumento en ese tipo de gasto público prioriza la estrategia de violencia para atender el tema de inseguridad” y agregó que “también considera gasto en Marina, Ejército y que este tenga otras funciones, como la construcción de un aeropuerto, cuarteles para la Guardia Nacional o la construcción de la fábrica de armas en Puebla”.
Por otra parte, el aumento en el gasto en la función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior “significa que se mantiene un ligero interés, aunque aún así es poco, considerando que el año pasado tuvo una fuerte disminución (de 31.3% en el primer cuatrimestre) por el retraso en la entrega de recursos a algunas instituciones como Fortaseg y FASP, que los recibieron hasta mayo”, señaló Barrera González.
Fortaseg son los recursos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, un subsidio para los municipios o estados para evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales, capacitación, homologación policial y mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, prevención del delito, etc.
Y el FASP es el Fondo para las Aportaciones para la Seguridad Pública a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.
En resumen, “una muestra de desinterés por atender la seguridad a través de policías o de formas más conectadas con la ciudadanía, poco interés en programas de prevención de la violencia o en atender a las víctimas de violencia y el ejemplo está en el recorte (de 75%) que afectó a la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)”, dijo Barrera González.
El presidente hizo un recorte de 75% a los gastos de operación a casi 30 entidades administrativas con la intención de amortiguar los efectos económicos de la crisis sanitaria; lo que también afectará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en una tercera parte del presupuesto disponible para lo que resta del año.
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¿En qué se debería gastar para bajar la violencia?
“Si el gasto en seguridad no tiene como objetivo fortalecer policías locales, por ejemplo el Modelo Nacional de Policía, ni mejorar la información que tenemos sobre el fenómeno criminal, entonces estamos muy lejos del objetivo”, declaró a Cuestione David Ramírez-de-Garay, Coordinador del Programa en Seguridad de la organización México Evalúa.
“El problema es que la propuesta del Modelo, que surgió en el Gobierno Federal, no es prioritario para ellos […] El plan se quedó sin empuje (federal) y empezó a fragmentarse o a trabajarse desde donde se podía, cumpliendo algunos pasos pero sin un esfuerzo coordinado y unificado para echarlo adelante”, mencionó Ramírez-de-Garay.
De acuerdo con Belem Barrera, de Causa en Común, hay que enfocar los recursos “en aumentar la prevención de la violencia, se necesita una mejor planeación en la prevención y conocer las necesidades de la población para mejorar las formas de atacar la violencia”.
“Se requiere más dinero para equipamiento y capacitación policial porque hay estados donde los policías deben pagar sus botas, sus balas o algún otro elemento. Si un policía no tiene las armas no puede defenderse y no puede defender a alguien más”, apuntó la especialista en analizar el gasto público en seguridad.
Por último, Barrera dijo que “también hace falta mayor supervisión del gasto; hay que reconocer que hay problemas de corrupción en su ejercicio, por ello debería haber castigos, que se siga la ley”.
La población de 18 años y más percibe que la inseguridad y delincuencia son el principal problema social de México –según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019– lo que no parece que vaya a cambiar, al menos, durante este año.
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