¿Es Nuevo León lo suficientemente fuerte por sí solo como para abandonar el pacto fiscal federal, de tal forma que cobre sus propios impuestos y no dependa de los recursos que le envía la Federación? Según Samuel García, senador de 31 años que representa a ese estado, no solo es posible, sino deseable.
En sus redes sociales, el pasado 11 de octubre, el legislador compartió una crítica hacia el paquete económico 2020 por no considerar los 450 mil millones de pesos que Nuevo León envió a la federación durante 2019 y enviar, en el presupuesto de 2020, tan solo 70 mil millones de pesos para la entidad.
Para verificar las cifras que utiliza el senador en su tuit, contactamos a Héctor Villarreal Paéz, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y profesor del Tecnológico de Monterrey, quien considera que el dato de los 450 mil millones de pesos está “muy sacado de la manga” ya que “no hay manera que el 25% de todo el Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Nuevo León se pague en impuestos”.
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¿Es tan alta la aportación de Nuevo León?
Contactamos a Samuel García para preguntarle sobre la fuente de sus datos y, aunque en un principio aseguró que nos la compartiría, a la fecha de publicación de esta nota no hemos recibido ninguna respuesta.
Por esta razón, solicitamos la colaboración del director del CIEP, quien considera que el cálculo podría ser tan alto porque “probablemente incluye las ventas de corporativos de Nuevo León o alguna regla de tres respecto al PIB del estado”, sin embargo asegura que “es muy complicado recrear el ejercicio con el que el senador llegó a esa cifra sin más información” y asegura que “para que se llegara a esos montos se tuvieron que asumir muchas cosas”.
Revisando la cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2017 -último dato disponible- el PIB de Nuevo León fue de un billón (millón de millones) 600 mil pesos, por lo que de ser cierta la estimación del senador de que Nuevo León aportó 450 mil millones de pesos a la federación, tendría que haber pagado 28% de su propio PIB en impuestos, una cifra muy cercana a la señalada como imposible por Héctor Villarreal.
“Que esto sea cierto es una locura porque implicaría que cada habitante de Nuevo León habría pagado 33% de sus ingresos en impuestos, cuando en realidad es más cercana al 13%”, opina Villarreal.
Sin embargo, el director del CIEP confirma que lo que envía Nuevo León a la Federación es más alto de lo que recibe, “aunque no en la proporción que maneja el senador”.
¿Salirse del pacto fiscal? No es tan sencillo
De acuerdo con el profesor del Tecnológico de Monterrey, “no es probable que un estado pueda salirse del pacto de coordinación fiscal ya que muchos impuestos se encuentran establecidos en la constitución (federal) y su diseño -como en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)- se elaboró dentro de una lógica federal”.
Para aclarar, Villarreal plantea un ejercicio concreto que ejemplifica esta lógica: una empresa que paga sus impuestos en Nuevo León, como Femsa -la empresa dueña de los Oxxos-, tiene establecimientos en todo el país. No por el hecho de pagar sus obligaciones fiscales en Nuevo León, implica que el impuesto completo tenga que enviarse a esa entidad, ya que parte del valor de toda la producción se generó en otros lugares.
Por este motivo, si una entidad se quisiera salir del pacto de coordinación fiscal, se necesitaría poder calcular el porcentaje del valor agregado que se realiza en la entidad, lo cual “no es nada sencillo”, de acuerdo a Villarreal.
“En todo caso que se intentaran hacer impuestos locales a mayor escala, se tendría que hacer desde el mismo pacto de coordinación fiscal para que las entidades federativas se pusieran de acuerdo en los criterios que se utilizarían para saber cómo se van a cobrar impuestos dependiendo de la aportación de cada una en el proceso de producción”, lo que resulta en un ironía para Héctor Villarreal.
Por estos motivos, el director del CIEP concluye que una decisión de esta magnitud no es probable que suceda en el corto plazo y requeriría, previamente, una discusión muy amplia y la coordinación de todos los estados.
Si esto es así, ¿qué beneficios obtiene el senador de promover la discusión de este tema? ¿Samuel García también tiene otros datos?
