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Foto: Cuartoscuro
Fallas en sistema de protección a activistas y periodistas permiten cinco asesinatos
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Fallas en sistema de protección a activistas y periodistas permiten cinco asesinatos
Una empresa se “encarga” de la seguridad
18 Ago | 2019
Por: Juan Luis García
Muy Cierto
Fallas en sistema de protección a activistas y periodistas permiten cinco asesinatos
Una empresa se “encarga” de la seguridad
Ago 18, 2019
por: Juan Luis García
Muy Cierto
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La calle estaba cerrada por cerca de 20 personas armadas con palos y machetes. El activista Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, dijo a Cuestione que se trataba de personas afines al gobierno municipal de Tonalá, quienes estaban en contra de que él denunciara malos manejos de recursos en obras. 

Ese 4 de julio, sintiéndose amenazado, Hernández usó el botón de pánico que le dieron cuando ingresó al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para que la policía llegara al sitio. Pasaron horas y nadie acudió. 

Hernández ingresó al Mecanismo después de que sujetos desconocidos ingresaron a su  oficina, en 2017, por el acompañamiento de víctimas del sismo del 7 de septiembre.

Este no es el caso más grave, desde 2017 a la fecha, cinco periodistas y activistas que se encontraban bajo la protección del Mecanismo fueron asesinados. 

¿Quién es responsable de dar protección a las personas protegidas? No es el gobierno directamente, sino una empresa: RCU Sistemas.

Año con año se ha renovado el contrato entre la Secretaría de Gobernación (Segob), encargada del Mecanismo, y RCU Sistemas, representada por Israel González León, la cual sumó a sus bolsillos, entre 118 y 295 millones de pesos, de diciembre de 2017 hasta marzo de este año, indica el monto mínimo y máximo del contrato SG/CPS/89/2017-2019.  

Las fallas en la protección salieron a relucir en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en marzo pasado. “No hay respuesta inmediata, en ocasiones, a la situación de emergencia por parte de la empresa encargada de prestar este servicio”, dijo en esa ocasión Alejandro Encinas, subsecretario de Segob. 

¿Quiénes han sido asesinados estando bajo “protección”?

Las personas que son asesinadas estando bajo la protección del Estado son doblemente víctimas: primero a manos de un criminal, pero también del gobierno, que falla, aún bajo conocimiento de su riesgo en protegerlos. Este es el caso de cinco personas: Cándido Ríos en Veracruz, en 2017; Rubén Pat Cauich (2018) y Francisco Romero Díaz (2019), en Quintana Roo; José Rafael Murúa Manríquez (2019) en Baja California Sur; y del defensor de los derechos humanos de la comunidad indígena rarámuri, Julián Carrillo (2018), en Chihuahua. 

Hoy hay 903 personas inscritas en el mecanismo: 36% son periodistas y 64% defensores de derechos humanos. 

Sin cambios en protección

Pese a que los inscritos del Mecanismo siguen bajo fuego, RCU Sistemas mantiene el contrato para dar servicios de protección a periodistas y activistas. El primero fue firmado en febrero de 2014, desde entonces sumó dos contratos más (en 2015 y 2017) y dos cambios de plazo: una terminación anticipada en junio de 2015, y una prórroga en febrero 2019.  

RCU es una empresa con experiencia en brindar servicios de seguridad, como instalación de cámaras de videovigilancia, telefonía satelital, circuitos de televisión, botones de pánico, cascos, chalecos y escoltas. “La empresa ha ido aprendido cómo hacer mejor las cosas conforme el tiempo dentro del Mecanismo”, dijo a Cuestione, Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del Consejo Consultivo (grupo de representantes de periodistas y activistas) del Mecanismo.

Las renovaciones de los contratos debieron haber sido aprobadas, tras evaluaciones de las autoridades de la Segob, explicó a este medio Juan Carlos Gutiérrez, quien firmó el primer contrato cuando era titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la misma dependencia, en 2014. 

A la fecha, la empresa ofrece la instalación de cámaras de seguridad en oficinas y casas, pero sigue fallando con sus medidas de reacción, como los botones de pánico, que deben mandar a las autoridades de seguridad pública cercanas. “De la misma forma, la empresa depende mucho de las autoridades. La empresa sirve de enlace para que se atienda un llamado”, dijo Xicoténcatl. 

En el discurso, la idea de protección del la actual administración del Gobierno federal es pasar los servicios de lo privado a lo público. “En el momento en que asumamos esto, como debe de ser, una responsabilidad del Estado que no puede delegarse a un particular... haremos un replanteamiento de todo”, dijo Encinas en marzo. Han pasado meses y varios asesinatos de periodistas y activistas, y aún no hay respuestas.

Pero en la práctica, la presente administración trabaja en diversificar los servicios de seguridad entre varias empresas a partir de noviembre. Así, diferentes empresas brindarían cada una algún servicio de seguridad, por ejemplo, mientras una podría proveer los botones de pánico, otra las cámaras de vigilancia. Una situación que también conlleva el  reto de tener que reclamar a varias empresas y no sólo a una, si la protección a periodistas y defensores es deficiente, explicó Xicoténcatl.  

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Ola de asesinatos 

En lo que va del sexenio han sido asesinados 14 periodistas, sólo dos estaban en el Mecanismo:  Francisco Romero Díaz atacado en Quintana Roo y José Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur. El último caso fue el de Jorge Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa, en Veracruz. 

La Organización de las Naciones Unidas ha visto con preocupación como se disparó el asesinato de comunicadores, según un comunicado del 16 de agosto.  

Para entrar al Mecanismo se necesita haber sufrido una agresión por el ejercicio del periodismo o defensa de derechos humanos y realizar una solicitud de incorporación al correo electrónico mecanismo@segob.mx o al teléfono 01 55 5209 88 00 ext. 30863. 

Una vez hecha la solicitud, la Unidad de Riesgos del Mecanismo tardará diez días para analizar el caso; y las medidas de protección podrían tardar 30 días en implementarse. 

¿Qué hará el Gobierno federal para frenar la violencia?



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