Al gobierno de Enrique Peña Nieto le autorizaron a gastar 5.6 millones de millones de pesos en 2018. Y en la Cámara de Diputados le dijeron cómo y en qué debía gastarlos. Pero su gobierno modificó, sin justificación, 65% del presupuesto. Y no fue poco. En total: 3.6 millones de millones de pesos fueron modificados el año pasado sin justificación.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la modificación del 65% del PEF 2018 se hizo a través de más de 88 mil adecuaciones que no contaron con ningún análisis costo-beneficio que las sustentara, afectando “los objetivos y metas de los programas presupuestarios”.
Además, la ASF detectó que en ese año se ejercieron recursos por un monto 6.3% mayor al aprobado, o sea, en el último año del gobierno de Peña se gastaron 332 mil millones de pesos más de lo que les autorizó el Congreso.
Por si esto fuera poco, 46 mil 509 millones de pesos de dinero proveniente del pago de impuestos de todos los mexicanos se utilizaron de manera irregular.
El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, destacó que las denuncias penales por las irregularidades en la cuenta pública 2018 se presentarán una vez que se tengan todos los elementos.
Pero, ¿por qué esto es preocupante?
El PEF es fundamental para el país ya que se trata, de acuerdo con la propia SHCP, de “la orientación, el destino y el tipo de gasto” que el gobierno requiere para “poder cumplir con sus funciones”.
El PEF especifica cada año el monto y destino del dinero público -proveniente de impuestos, ingresos petroleros, deuda, entre otros- que el gobierno requiere durante un año. Es la guía que le dice al gobierno cómo y en dónde gastar el dinero de todos los mexicanos y es aprobado por la Cámara de Diputados. Es decir, es casi una Ley.
Sin embargo, Alejandro García, economista e investigador de gasto público de México Evalúa, explicó a Cuestione que las modificaciones hechas en 2018 demuestran que “las facultades de Hacienda se están excediendo en un sistema que debería tener contrapesos”.
“Actualmente la SHCP tiene la facultad de modificar el presupuesto, una vez que se aprobó, y reasignarlo a los distintos ramos. El problema con esto, es que Hacienda se vuelve juez y parte en un presupuesto que ya fue discutido y autorizado por el propio Congreso”, añade el investigador.
Con esto, la dependencia “puede definir cómo se va a gastar a partir de los intereses del Ejecutivo, con la posibilidad de afectar programas sociales, sin ningún contrapeso”, ya que “tenemos un Congreso que no está exigiendo explicaciones a estos cambios en el presupuesto”, puntualizó García.
Te recomendamos: Seis programas prioritarios del gobierno dejan de gastar su presupuesto
¿Qué tan grande fueron las modificaciones?
De acuerdo con información de Hacienda equivale a:
- Seis veces los recursos asignados a salud en 2018: 569 mil millones de pesos.
- Cinco veces el presupuesto aprobado para educación: 710 mil millones de pesos.
- Dos veces lo designado para protección social en ese año: Un billón 472 mil millones de pesos.
¿Qué podría hacer el nuevo gobierno para solucionarlo?
En opinión del experto de México Evalúa, la solución es un consejo fiscal dentro del Congreso “que evalúe y revise todas estas modificaciones y, en su caso, exija que la secretaría de Hacienda rinda cuentas sobre los cambios a lo que el mismo Congreso aprobó”.
Recordó que México Evalúa ha propuesto que “se cambien las facultades de Hacienda para hacer las modificaciones al gasto” de tal forma que impongan límites pues en teoría “el Congreso es quien decide cuánto y en qué se gasta, y el poder Ejecutivo solo debería ejecutar esas órdenes”.
Sin embargo, Alejandro García explica que aún no hay fecha clara para que el Congreso presente una iniciativa que resuelva esta situación, aunque podrían ser los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública quienes presenten algún proyecto en el 2020.
Mientras esto sucede, el auditor superior de la Federación apuntó que las denuncias penales correspondientes a estas acciones serán presentadas en el momento en que se recopilen todos los elementos, lo que podría ocurrir en febrero del año próximo.
¿Decidirá el Congreso limitar el actuar de Hacienda? ¿Habrá sanciones para los responsables?
Te puede interesar: Rocío Nahle gasta 100 mil millones de pesos más de lo autorizado por el Congreso
