Alma fue detenida en Saltillo, Coahuila, por cometer extorsión y delitos contra la salud. Durante cinco años estuvo recluida primero en Tamaulipas y después en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 “CPS Femenil Morelos”. Durante todos esos años nunca se le dictó sentencia.
Cuando por fin recibió la sentencia por el delito de extorsión -el único de los dos que se le pudo comprobar-, fue de tan solo cuatro años. Esto significó que no solo estuvo un año más en la cárcel de los que se le sentenció, sino que se enteró que pudo haber obtenido su libertad bajo fianza si hubiera recibido la sentencia desde un principio.
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En 2018 se registraron poco más de 61 mil casos parecidos al de Alma, en donde personas privadas de la libertad aún no recibían una sentencia, de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esta cifra implicó que uno de cada tres personas recluidas en algún centro penitenciario no contaba con una sentencia. ¿Qué pasa con nuestro sistema de justicia?
Archivo temporal: la solución mágica que no hace nada
De acuerdo al documento Hallazgos 2018: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México elaborado por la organización México Evalúa –disponible aquí– en nuestro país 90% de los delitos no se denuncian, principalmente porque la gente cree que es una pérdida de tiempo y porque no le tiene confianza a la autoridad.
De los delitos que la gente decide denunciar ante el Ministerio Público (MP), solamente 3.9% terminó en una carpeta de investigación enviada ante un juez, es decir, solo 4 de cada 100 denuncias. Y menos del 1% de estas carpetas terminaron en un juicio.
Esto significa que denunciar un delito en nuestro país tiene casi las mismas consecuencias que no hacerlo. De acuerdo con el reporte, el 60% de los casos “resueltos” por el MP sin mandarlos a un juez, realmente se catalogaron como “archivo temporal”, es decir, fueron congelados.
Y aunque “no se trata de una determinación definitiva, pareciera que esta figura está siendo utilizada como un mecanismo para ocultar el rezago institucional de las fiscalías, derivado de su ineficiencia para las labores de investigación” detalla el documento.
Impunidad reina en los estados
En 31 de las 32 entidades federativas del país más de 90% de los delitos para los cuales se abrió una carpeta de investigación terminaron sin reparación del daño ni castigo para los responsables, es decir, en total impunidad.
Los casos más graves se encuentra en Chiapas, donde solamente el 0.2% de los casos fue enviado ante un juez. Le sigue Tamaulipas donde esto ocurrió solamente en 0.8% de los casos y Quintana Roo donde 0.9 % de los casos fue remitido a un juzgado.
Además, la mitad de los casos que llegan a un juez lo hacen sin una persona detenida. Y en aquellos donde sí hubo detenidos, la autoridad liberó, en promedio, a 1 de cada 5 de los implicados antes de siquiera abrir el proceso.
Un ejemplo claro sobre este tema: ¿Qué falló en el operativo de Tepito en el que fueron liberados 30 de 31 detenidos?
¿Cuáles son las causas de estas deficiencias?
Son varios los motivos por lo que esto sucede, de acuerdo a la investigación de México Evalúa. La ilegalidad en los procesos de detención es uno de ellos: 21% de las detenciones a nivel nacional fueron catalogadas como ilegales.
En alguno estados estas cifras son más altas como en San Luis Potosí (71.7%), Chiapas (65.1%) y Puebla (63.3%).
La falta de recursos humanos es otro factor importante. A nivel nacional hay, en promedio, apenas 2.8 agencias del Ministerio Público por cada cien mil personas, además de que en nuestro país la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes es de apenas 0.9, casi nueve veces menos que el promedio en América Latina donde se reportan 10 jueces por cada 100 mil habitantes.
Finalmente el estudio resalta las carencias de capacitación y profesionalización de los funcionarios. Solamente en nueve de las 32 entidades del país opera el servicio profesional de carrera, el cual define rutas claras de crecimiento profesional y especialización para los servidores públicos.
Con esta información parece ser que el combate a la delincuencia tiene un serio problema que va más allça de estrategias y guardias nacionales. El gran pendiente, parece ser el sistema de justicia. ¿Será que pasan los gobiernos y no alcanzan a hacer el diagnóstico adecuado o, simplemente, no les importa?
