Armando Ocampo destacó toda su vida como estudiante, por eso, que el bufete Chevez Ruiz Zamarripa lo reclutara a los 19 años, cuando apenas cursaba el tercer año de Derecho en la UNAM, no sorprendió a nadie.
Desde entonces, su carrera como abogado solo fue en ascenso, al igual que su posición en la estructura del despacho, donde llegó a ocupar el cargo de “asociado”. Todo iba bien, hasta julio de 2015, cuando Armando recibió su última promoción, y por las mismas fechas comenzó a hacer público que se casaría con un hombre, Sergio. Unos meses más tarde, en noviembre, lo despidieron.
Por su parte, Rodrigo Vázquez, socio administrador de Chevez Ruiz Zamarripa, aseguró que la firma no tenía conocimiento de la orientación sexual de Armando, por lo que ésta no influyó en la separación del puesto.
Armando (izquierda) y Sergio (derecha), el día de su boda. Foto: Cortesía.
Aunque en un inicio, Armando prefirió no denunciar, meses más tarde -relata a Cuestione- descubrió que la firma le había bloqueado nuevos caminos laborales y fue entonces que decidió dejar de guardar silencio y comenzar la batalla legal, por todos los frentes.
Primero, con una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y después con una demanda por daño moral por la vía civil. De la primera, obtuvo por respuesta que el despido era “ambiguo” y no se podía demostrar el acto discriminatorio. Pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Poder Judicial resolvió que en efecto, Armando había sido víctima de homofobia.
“La sentencia fija un precedente en la historia del país”, dice Armando a Cuestione. “Pero no me pienso quedar ahí, con este precedente buscaré a legisladores para que se regule que el gobierno federal no pueda comprar productos o servicios a empresas responsables de actos discriminatorios”.
“Abre la puerta a todos los que vienen detrás y muestra cómo una persona, con el debido asesoramiento legal, puede llegar hasta el final para conseguir justicia”, explicó Francisco Robledo, socio director de la Alianza por la Diversidad y la Inclusión Laboral (ADIL).
¿Por qué es importante?
Los países con leyes más conservadoras, en relación a diversidad sexual, generan menos riqueza que aquellos con políticas más libres en esta materia, de acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el cual estima que la homofobia cuesta al mundo 100 mil millones de dólares.
En México, el reto más grande de la discriminación en contra de la comunidad LGBTI es que muchas veces ésta se disfraza de burlas, las cualses son un tipo de discriminación perversa, señala Robledo, “pues hace a la víctima responsable, porque si se enoja es porque no aguanta nada. Al final, las víctimas suelen dejando los trabajos donde sufren este acoso y los culpables ni siquiera se enteran del daño que hicieron”.
De acuerdo con la consultora internacional Out Now, especialista en temas de productividad y diversidad sexual:
- 27% de los empleados en México hablan abiertamente de su homosexualidad en sus centros de trabajo.
- 18%, generalmente lo esconden en puestos de dirección.
- 23%, lo comparte solo con su círculo más cercano.
- 16%, esconde totalmente sus preferencias sexuales.
¿Qué es la discriminación?
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación considera que: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades”.
Tres de cada 10 personas identificadas como “no heterosexuales” han sido discriminadas, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.
