Homicidios, los que más restan
Con 2,704 muertes en nuestro país a causa del COVID-19, nos enteramos de que el costo de la violencia rebasó ocho veces el gasto en salud durante 2019; y si hay algo que se necesita actualmente para combatir al virus, y sus estragos, es dinero.
El impacto económico de esa violencia fue de 4.57 billones de pesos en 2019, es decir, 21.3% del PIB –según la estimación del Índice de Paz México (IPM) del Instituto para la Economía y la Paz (IEP)– mientras que el gasto público en salud de todo ese año fue de 581.5 millones de pesos; diferencia que se ve más clara en la siguiente gráfica:
En otras palabras, el impacto económico de la violencia le costó a cada habitante, en promedio, 36 mil 129 pesos. Aunque va desde los 11 mil 714 pesos por persona, en Yucatán (el estado más pacífico), hasta los 83 mil 926 pesos por persona, en Colima (la entidad más violenta), según el informe del IPM.
“Si México redujera su tasa de homicidios en 10%, el impacto económico disminuiría en 219 mil millones de pesos” y “por cada peso ahorrado en contención de la violencia habrá un peso adicional de actividad económica”, de acuerdo al estudio del IEP.
¿Qué mide el impacto económico de la violencia?
El IEP identificó cuatro tipos de violencia que afectan la paz de nuestro territorio: la interpersonal (homicidios), la oportunista (robos y extorsiones), la política (ataques a políticos) y los conflictos de cárteles (conflictos armados entre organizaciones criminales).
Así que el Instituto consideró ocho rubros para medir el impacto económico de la violencia, siendo el homicidio el de mayor porcentaje, 48% del total, con dos mil 192 millones de pesos:
En 2019, el año más letal de la historia, asesinaron a 35 mil 620 personas, de acuerdo a cifras oficiales. La tasa de víctimas de homicidio doloso o feminicidio por cada 100 mil habitantes creció 86% de 2015 a 2019.
Al desagregar la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, vemos que se disparó en 128% en el mismo periodo de tiempo (eje derecho de la siguiente gráfica):
Por otro lado, el impacto económico de la delincuencia organizada fue el que más se incrementó en 2019 con respecto a 2018 (20.7%), según el IEP.
Si bien el gasto militar creció 12.8%, el gasto en el sistema judicial y encarcelamiento, y el gasto en seguridad interna, se redujeron en 8.4 y 14%, respectivamente.
El problema es que “al tiempo en que aumentan los costos derivados de la violencia interpersonal disminuyen los gastos relativos al orden público y la seguridad”, se apunta en el reporte de Índice de Paz México, lo que podemos ver en la siguiente imagen:
¿Se puede mejorar la paz de nuestro país?
“México tiene la capacidad de superar la violencia pero hace falta fortalecer las instituciones […] hace falta una articulación entre programas […] no conectan, no colaboran, aunque tienen objetivos complementarios”, mencionó Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz México, en conferencia de prensa virtual.
Hay varios problemas por resolver como el que “los Ministerios Públicos estén saturados […] laimpunidad está por arriba del 90%. El incentivo para los delincuentes es de 97%, (una alta probabilidad) de que no vayas a la cárcel”, agregó Carlos Juárez.
“Hace falta mejorar la capacidad de quienes imparten justicia, las condiciones de cómo trabajan los policías, les pedimos que nos garanticen seguridad cuando también ellos son violentados en la casa, en la calle, en las instituciones. No habrá resultados hasta que no se asignen los presupuestos adecuados”, señaló Juárez Cruz.
México es el país de la OCDE que menos recursos presupuestarios gastó en el sistema judicial y la seguridad interna: 0.7% del PIB, menos de la mitad del promedio de los países de ese organismo internacional (1.67%). Pero nuestro país también está en último lugar entre los países de América Latina y el Caribe, los cuales promedian 1.5% del PIB.
¿Podrán las autoridades disminuir la violencia en al menos 10% al final de 2020?
