Megarecorte de AMLO semiparaliza a gobierno y no ahorra

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Como con un machetazo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recortó el 75% del “gasto corriente” de casi 30 entidades administrativas del Poder Ejecutivo, poniendo en riesgo el funcionamiento de las actividades gubernamentales al comprometer el pago de servicios básicos como luz, agua, gas, telefonía y renta de oficinas o equipo, etc.

Casi un mes después de la publicación de un decreto presidencial en el que se establecieron estas medidas de austeridad, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló el 22 de mayo la partidas 2000 (Materiales y suministros) y 3000 (Servicios Generales) del presupuesto de todas las dependencias gubernamentales del Ejecutivo como forma de presión para que se cumplieran “urgente y categóricamente” las medidas planteadas en el decreto.

De acuerdo al propio gobierno con esta acción se obtendrían 622 mil 556 millones de pesos para hacer frente a los efectos económicos que el COVID-19, y las medidas distanciamiento social, trajeron a nuestro país. 

Sin embargo, cálculos realizados por Cuestione muestran que por esta acción se obtendría solamente 9% de dicha estimación (11 veces menos).

La realidad del “ahorro” por austeridad

El decreto presidencial establece que el recorte aplicará sobre los recursos que las dependencias gubernamentales tenían disponibles en ambos capítulos entre el 23 de abril -fecha en que se publicó el decreto- y el 31 de diciembre. Es decir, a los recursos que aún no habían sido ejercidos por las dependencias.

Por este motivo analizamos el último reporte de gasto presupuestario disponible (primer trimestre de 2020) tomando en cuenta a las dependencias a las que aplica dicha medida -todo el Poder Ejecutivo Federal excluyendo a la secretarías de Salud, Marina, Defensa Nacional, la Guardia Nacional, IMSS, ISSSTE y las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE), así como a los organismos autónomos como el INAI o el INE-.

De esta forma podemos observar que el verdadero “ahorro” por recortar estos dos capítulos de “gasto corriente” sería de poco más de 56 mil millones de pesos, once veces menos que los 622 mil que se planteaban.

El mayor “ahorro” se observaría en el capítulo 3000 (servicio generales) el cual considera el gasto en servicios básicos -luz, gas, agua, telefonía, etc.-, de arrendamiento, traslados y viáticos, comunicación social y publicidad, servicios profesionales, entre otros, lo que pondría en riesgo el funcionamiento gubernamental.

De esta partida, el gobierno obtendría alrededor de 47 mil millones de pesos.

Por su parte el capítulo 2000 (Materiales y suministros), que abarca la adquisición de materiales administrativos, de limpieza, alimentos, uniformes así como combustibles, medicinas, productos farmaceuticos y de laboratorio, generará un ahorro de nueve mil 536 millones de pesos

Sin embargo, puede tener afectaciones serias en múltiples áreas del gobierno federal relacionadas incluso con la salud y la educación.

¿Qué dependencias son las más afectadas?

Haciendo un análisis del ahorro por dependencia, seleccionamos las 10 que más recursos perderían por este recorte del 75%. 

En primer lugar destaca la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC) la cual, a pesar de que tiene adscrita a la Guardia Nacional que está exenta del recorte, tendrá que cortar cerca de 15 mil millones de pesos que equivalen a una tercera parte (32%) de los recursos que tenía disponibles para el resto del año. Esto sucede a pesar de que el país mantiene niveles de violencia alarmantes.

En segundo lugar destaca la Secretaría de Educación Pública (SEP) que sufriría un recorte de más de 13 mil millones de pesos equivalente al 5% de los recursos que esta dependencia tenía programados para el resto del año. 

Luego le sigue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con un recorte de poco más de siete mil millones de pesos que representan el 17% de todo el dinero que tenía planeado gastar en lo que restaba del año.

Cierran la lista las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cultura, Hacienda y de Gobernación (Segob), así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la partida de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Los riesgos del recorte

De acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público en México Evalúa, las implicaciones de este recorte van más allá de la parálisis que puede suponer para el funcionamiento de oficinas públicas, sino que representa “una alteración al equilibrio democrático de poderes”.

En entrevista con Cuestione, Campos explica que estos recortes se debieron someter a opinión de la Cámara de Diputados, pues de acuerdo a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), cuando se registra una caída en la recaudación del gobierno federal de 3% respecto a lo pronosticado, “el Ejecutivo debe enviar a la Cámara la propuesta de reducción”. 

Sin embargo, el presidente decidió tomar otro camino y emitió su decreto que establece los recortes así como una reducción del 25% de los salarios de los altos funcionarios públicos – desde un nivel de subdirector hasta el Presidente-, sin tomar en cuenta al legislativo.

La coordinadora de México Evalúa explica que esto muestra que, lamentablemente, “el Congreso de la Unión es débil y poco independiente” y resalta que es difícil medir “la afectación que este recorte tendrá en el funcionamiento de la Administración Pública Federal por la falta de transparencia”.

Centro Públicos de Investigación libran el recorte

A pesar de que en un principio el decreto aplicaba para los Centros Públicos de Investigación pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el pasado 1 de junio se dio a conocer que se había logrado detener esta medida que amenazaba el funcionamiento de centro educativos y de investigación como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Esta noticia la dio a conocer el director del CIDE, Sergio López-Ayllón, quien a través de un correo electrónico a la comunidad estudiantil explicó que gracias a las negociaciones entre el Conacyt y la SHCP se había logrado revertir la medida.

Esto hubiera supuesto un ahorro de 904 millones de pesos para el gobierno federal que, al ser revertido, se seguirán utilizando en más de 25 centros de investigación nacionales.


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