Aún nadie ha aprobado nada. Será en febrero
Ahora será hasta febrero (mes en que inicia el periodo ordinario de sesiones) cuando el pleno de la Cámara de Diputados discuta la reforma que busca aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Así lo informó el 16 de enero Dolores Padierna, presidenta de la Cámara de Diputados.
Durante la sesión extraordinaria celebrada ese día, los diputados de Morena, PRI, PAN, MC y PRD plantearon posponer la discusión hasta el 5 de febrero. Ante esta acción, los coordinadores parlamentarios acordaron excluir el tema y esperar hasta esa fecha.
Pero, ¿en qué consiste la reforma?
Con ella los senadores de Morena promovieron la modificación del artículo 19 constitucional para extender la prisión preventiva oficiosa a delitos como abuso sexual contra menores, feminicidio, huachicoleo, desaparición forzada, así como el uso de programas sociales con fines electorales y actos de corrupción por enriquecimiento ilícito.
Actualmente este artículo sólo contempla esta medida para delitos relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con armas y explosivos.
Primer paso: aprobado
En diciembre pasado, el Senado aprobó dicha reforma con 91 votos a favor -52 de Morena, 12 del PAN, 8 del PRI, 6 del Partido Verde, 5 del PT, y 3 del PRD- y 18 en contra -7 de Movimiento Ciudadano, 5 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 de Morena y el voto del senador sin partido Emilio Álvarez Icaza.
El siguiente paso era la aprobación en la Cámara de Diputados.
Voces en contra
Ante esta acción organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común y Fundación Reintegra solicitaron al gobierno federal revisar dicha reforma pues esta acción sería “una salida falsa, que viola los derechos y garantías a la presunción de inocencia”.
Por su parte Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), rechazó también la propuesta calificandola de “regresiva” para el nuevo sistema penal acusatorio pues afecta la presunción de inocencia y el debido proceso, derechos consagrados en nuestra Constitución, que aseguran que ninguna persona sea considerada culpable hasta que una autoridad así lo determine y permiten que -en los casos que establece la ley- los acusados vivan el juicio en libertad.
Precisó que el objetivo debería ser fortalecer las instituciones y “apostar por la profesionalización de los operadores del nuevo sistema de justicia penal”.
Diputados recortan la propuesta
El 9 de enero, la Comisión de Puntos Constitucionales modificó la propuesta enviada por el Senado, reduciendo la lista de delitos que ameritan prisión preventiva automática de nueve a tres: uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito, y delitos en materia de robo de hidrocarburos.
El 15 de enero la nueva propuesta fue aprobada por la Comisión, con 19 votos a favor, tres en contra (PRD y MC) y cuatro abstenciones (PAN y PRI), por lo que el siguiente paso era la discusión y votación en el pleno, planeada para la sesión extraordinaria del día siguiente donde se discutió, votó y aprobó la Guardia Nacional.
¿Qué sigue?
Esperar que el 5 de febrero -una vez iniciado el segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados– el pleno de San Lázaro vote la nueva propuesta y que las bancadas que se muestran inconformes busquen modificarla.
En caso de ser aprobada, la iniciativa se enviará al presidente quién podría vetar parcial o totalmente dicha ley en un periodo no mayor a 10 días, en cuyo caso regresaría a la Cámara de Senadores, que tendría que repetir todo el proceso nuevamente. Si el presidente López Obrador le da el visto bueno, el último paso es la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En caso de no ser apoyada por las dos terceras partes de diputados en el pleno, se decide en una votación si el proyecto se regresa a la Comisión o si se desecha completamente.
¿Esta propuesta resuelve el problema de impunidad? ¿La apoyas?
