Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es uno de los proyectos prioritarios que en los primeros nueve meses de 2019 reporta no haber gastado una parte importante del presupuesto que la Cámara de Diputados le aprobó.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el programa que busca capacitar laboralmente durante un año a jóvenes con apoyos de tres mil 600 pesos al mes, así como brindar becas educativas para estudiantes de educación superior por dos mil 400 pesos, tenía asignados recursos superiores a los 44 mil millones de pesos.
Pero reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, hasta el mes de septiembre, este programa había registrado un gasto de 16 mil 353 millones de pesos; solamente 37% del presupuesto aprobado.
Sin embargo, no es el único programa que busca detonar el desarrollo social que ha gastado menos de lo que tenía que gastar. En Cuestione te mostramos seis programas sociales de AMLO que han subejercido más de 64 mil millones de pesos que el Congreso les aprobó.
Los programas (no tan) prioritarios del gobierno
De acuerdo a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública para el tercer trimestre de 2019, elaborados por la SHCP –disponibles aquí– seis de los proyectos emblemáticos del gobierno morenista registran no haber gastado cerca de 64 mil millones de pesos que les fueron aprobados para este año.
1.-Jóvenes Construyendo el Futuro registra el mayor subejercicio. Aunque cuenta con la participación de dos secretarías –Secretaría de Educación Pública (SEP) para las becas de jóvenes estudiantes y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para el apoyo en la capacitación laboral-, en ambas se ha registrado un gasto menor:
-La SEP tenía aprobado para este programa cuatro mil 320 millones de pesos, de los cuales le quedan para el último trimestre del año 925 millones de pesos, lo que involucra un subejercicio de 21.4%.
-A la STPS le asignaron 40 mil millones para 2019 y, hasta septiembre, solamente ha gastado poco menos de 13 mil millones de pesos. Es decir, ha dejado de gastar 67%.
2.-A Sembrando Vida, administrado por la secretaría de Bienestar le aprobaron 15 mil millones de pesos. Para el tercer trimestre le quedan pendiente de gastar cerca del 50% de ese monto (site mil 400 millones de pesos).
3.-El Seguro Popular -que a partir de 2020 se convertirá en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi)– registra un subejercicio de 23% respecto a los casi 75 mil millones de pesos que le fueron aprobados.
4.-Becas Benito Juárez: el programa de apoyos para estudiantes de educación media superior tiene un subejercicio de 20%. Esto significa que, de los 17 mil millones de pesos que le asignaron, aún quedan pendientes de gasto cerca de tres mil quinientos millones.
5.-Pensiones para personas con discapacidad: de los ocho mil 500 millones de pesos que el Congreso le asignó a este programa, quedan pendientes mil 575 millones, que equivalen a un subejercicio de 19%.
6.-Pensiones para personas adultas mayores: hasta septiembre se han gastado casi 93 mil millones de pesos de los 100 mil que se aprobaron para este proyecto, lo que significa un subejercicio de 7.2% -el menor de los seis-.
¿Qué se está haciendo con esos recursos?
Aunque pueda parecer una buena noticia que el gobierno no esté gastando, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que si las secretarías no gastan en el siguiente trimestre el presupuesto pendiente, están obligadas a reintegrarlo a la secretaría de Hacienda.
Esta podrá reasignarlo a programas sociales o proyectos de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya considerado al aprobar el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, aunque Hacienda tiene la obligación de reportarle al Congreso la forma en que reasignó dichos recursos, no la tiene para justificar sus criterios.
Es decir, el destino debe ser transparente, pero no así su explicación. Por lo cual no podemos saber en qué terminarían gastándolo.
De acuerdo con Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “estas decisiones dejan sin atención a programas prioritarios, lo que afecta directamente las transferencias económicas de la población en condiciones más precarias”.
La investigadora destacó que “estas modificaciones responden a la intención de concentrar los recursos en la estrategia energética de López Obrador” y reclama que “antes de modificar así el gasto, el gobierno debió evaluar qué sí funciona y qué no”.
Ante un panorama donde, durante el mismo periodo, dependencias como la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, reportaron haber gastado poco más de 100 mil millones de pesos extra sobre lo que el Congreso les había aprobado, surge la duda: ¿la política social se está viendo afectada por la austeridad republicana o por un intento por salvar al sector energético?
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