A Fondo
Foto: Marco Polo Gúzman /Cuartoscuro
¿Servicios de salud de calidad? Imposible
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¿Servicios de salud de calidad? Imposible
Seguiremos esperando meses para una cita
17 Feb | 2019
Por: Elena Rivero Rojas
Muy Cierto
¿Servicios de salud de calidad? Imposible
Seguiremos esperando meses para una cita
Feb 17, 2019
por: Elena Rivero Rojas
Muy Cierto
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Marcela Ortiz acudió, en septiembre de 2018, a su clínica de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que le correspondía pues comenzó a tener complicaciones con su visión y, , le dieron un pase a oftalmología para que la revisaran pero hasta marzo del 2019, es decir, seis meses después; ¿te ha pasado?

También Rubén, quien padece diabetes y es derechohabiente del IMSS, solicitó una cita en septiembre pasado para que un especialista valorara la dosis y el tipo de insulina que debía administrarse. La institución de salud le dio cita para marzo de 2019, motivo por el cual decidió levantar una denuncia y expresó: “la insulina la necesito ya, no dentro de seis meses”.

Las historias de Marcela y Rubén se repiten millones de veces entre los pacientes de los centros de salud pública; los largos tiempos de espera para obtener una consulta médica son un problema al que todos los mexicanos nos hemos enfrentado y no es de extrañarse pues en nuestro país sólo hay dos médicos por cada mil habitantes, de acuerdo con datos del Banco Mundial (BM).

Tan sólo en el IMSS, hasta 2017 habían 17 mil 808 consultorios para 63 millones 480 mil 327 personas, es decir, que a cada consultorio de medicina general le correspondía atender a 3 mil 565 personas, aproximadamente. Si la enfermedad necesita atención de un especialista, el tiempo de espera puede ser mayor pues el personal es menor.

El problema de la falta de personal requiere de mayores recursos económicos en el sector salud para solucionarse. El aumento en el presupuesto asignado a este sector, durante los últimos diez años ha sido, en promedio, de 1%; el mayor incremento durante el periodo (5%) se registró en 2014.

En este año (2019), la asignación de presupuesto fue 3% mayor que el año pasado. Sin embargo, esta cifra representa sólo el 2.7% del PIB nacional. Esta proporción es mucho menor que el porcentaje mínimo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual asegura que la cantidad mínima que los países deberían invertir en el sector salud es el 6% de su PIB nacional, como se observa en la siguiente gráfica construida con datos del BM.

¿Cómo se obtiene el presupuesto destinado al sector salud?

La salud es un derecho y el gobierno debe garantizarlo a través de servicios públicos accesibles (económica y físicamente) para toda la población, pero ¿de dónde obtiene los recursos para financiar los servicios públicos? Obvio, de los impuestos.

Cuando el gobierno es incapaz de recaudar impuestos para cubrir los gastos que implica otorgar servicios públicos para todos, los más afectados son las personas con menos recursos económicos pues se tienen que conformar con la asistencia insuficiente y de baja calidad proporcionada por las instituciones públicas gubernamentales.

Los ciudadanos más ricos no se ven tan afectados ya que pueden usar sus recursos e influencia para cubrir sus necesidades en el sector privado. La falta de recursos públicos a causa de una escasa recaudación de impuestos genera que quienes más lo necesitan no puedan tener servicios de calidad.

Así, el largo tiempo de espera para obtener una consulta en las clínicas y hospitales públicos se debe a la falta de personal en estas instancias, como lo señalamos anteriormente. Además,  los hospitales y clínicas públicas no pueden contratar más personal médico porque el presupuesto asignado no es suficiente.

México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que destina el porcentaje más bajo del PIB al bienestar social (aquellas cosas que mejoran la calidad de vida de la población). Durante la última década, sólo se dirigió el 7.2% del presupuesto nacional a este propósito; a diferencia de uno de los países más desarrollados Francia, donde se destina el 30.6% a cubrir las necesidades de su población, como se observa en el siguiente gráfico construido con cifras de la OCDE.

¿Por qué destinamos un porcentaje tan bajo a los servicios sociales en comparación con otros países?

En México, el sistema tributario (Servicio de Administración Tributaria, SAT) es débil. La recaudación promedio de impuestos como porcentaje del PIB entre 2006 y 2016 fue sumamente baja (13.2%). En comparación con los demás países de la OCDE, el nuestro es el que menos ingresos obtiene por cobro de impuestos.

Incluso Chile obtiene 7.4% más que México en sus ingresos nacionales por recaudación fiscal y, ni hablar de los países más desarrollados, como Dinamarca o Suecia cuyo ingreso está conformado por más del 40% de la recaudación de impuestos, como se observa en la siguiente gráfica elaborada con datos de la OCDE.

Después de observar los datos anteriores, no debe extrañarnos que el gobierno mexicano asigne sólo el 2.7% del PIB al sector salud pues el 4.5% restante del presupuesto destinado al bienestar social debe dirigirlo a los demás sectores que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, como educación o vivienda.  

¿Difícil de creer?

Los resultados anteriores parecen increíbles; sobre todo después de que el presidente López Obrador ha reiterado que no se cobrarán más impuestos para proteger la economía de los mexicanos, por lo que es fácil suponer que el gobierno ya estaba cobrando demasiados.

En agosto, el político tabasqueño afirmó: “Se está elaborando el proyecto para tener una buena recaudación sin aumentar impuestos en términos reales; sin aumentar el precio de gasolinas, de gas, de diesel, de energía eléctrica, en términos reales, que todos cumplamos con nuestra responsabilidad de contribuir en lo fiscal”. Sin embargo, el presupuesto asignado al SAT ha sufrido recortes continuos desde 2006, como se muestra en la siguiente gráfica construida con cifras de la SHCP.

La mayor reducción al presupuesto del SAT (-15%), sin duda, se observa en la presente administración (2019); seguida por la disminución del 11% que se realizó en el 2017. Estos recortes presupuestarios tienen dos afectaciones a la población; por un lado, la magnitud de la cifra disminuida generó que el órgano efectuara despidos masivos entre su personal, dejando sin empleo a muchas personas. Por otro lado, al tener menor personal para desempeñar las funciones necesarias para su funcionamiento, su capacidad de recaudación también disminuye.

Si a las consecuencias mencionadas se le agrega que no se cobrarán más impuestos, es evidente que el gobierno no podrá solucionar las fallas existentes en los servicios públicos pues no contará con la capacidad económica para asumir los gastos que implicarían mejorar su calidad y cobertura.

¿Qué sigue?

El nuevo gobierno debe implementar un plan de acción que sea capaz de generar más recursos para invertirlos en la ampliación y mejora de servicios públicos pues es una de sus principales promesas.

¿Qué alternativas se podrían implementar para generar más recursos económicos sin aumentar impuestos? ¿Se podrá mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos? ¿lograremos esperar menos tiempo para tener consultas médicas?



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