Entre humo de copal, música y oraciones, inició la ceremonia a la Madre Tierra para la construcción del Tren Maya. En la tierra, se realizó un hoyo, donde se vertió mezcal, mientras dos personas con vestimenta tradicional oraron en voz alta. En este acto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador pidió permiso a la naturaleza para iniciar el proyecto y afirmó: “No se va a tirar un solo árbol; al contrario, vamos a sembrar millones de árboles”.
Y aunque se pidió permiso a la “Madre Tierra”, no se implementó el proceso que el gobierno debe seguir para realizar una consulta en materia indígena y que ésta se considere válida, de acuerdo con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México desde 1990.
¿Qué dicen los expertos?
La Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) -una organización civil que busca fortalecer la evaluación de impacto ambiental mediante la creación de propuestas y posicionamientos– asegura que el proyecto del Tren Maya no ha cumplido ni con las leyes nacionales, ni con las internacionales.
La AMIA asegura, en primer lugar, que el régimen jurídico medioambiental mexicano establece que toda obra o actividad que pueda causar un desequilibrio ecológico debe ser evaluado mediante el “Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, contemplado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; procedimiento al cual no ha sido sometido el proyecto del Tren Maya.
En segundo lugar, la ceremonia realizada no sustituye los elementos legales que deberían seguirse para consultar la voluntad de los pueblos indígenas, sustentados en el Convenio 169, que ha sido ratificado por México. Al no seguir los procesos correspondientes, no sólo se incumple el régimen jurídico nacional, sino el internacional.
Finalmente, la AMIA afirma que es de vital importancia que el Tren Maya sea evaluado debido a que “el trayecto cruza por zonas de incalculable valor ambiental y de gran fragilidad en sus ecosistemas”, por lo que es indispensable “adoptar medidas de control, prevención, mitigación y compensación al entorno en el que se desarrollará”.
Si no es un capricho, entonces ¿en dónde están los permisos y acreditaciones necesarias para desarrollar el proyecto? ¿por qué está incumpliendo el marco jurídico? ¿en dónde queda el lema del presidente López Obrador: “Al margen de la ley, nada; encima de la ley nadie”?
