La semana pasada, sucedió algo que no tendría por qué pasar en el periodismo: Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano fue noticia de primera plana. El motivo fue la publicación de un estudio que denuncia que las autoridades de esa agencia utilizan una red de bots para atacar, de manera coordinada, a sus extrabajadores y a otros periodistas.
El ataque realizado por Notimex está lejos de ser un caso aislado. No solo se agrede a periodistas. Tampoco es nada más a través de esa dependencia. El gobierno actual intimida a sus rivales políticos desde diversos frentes.
Las reacciones son casi inmediatas: la primera semana de mayo, por ejemplo, José Narro, exsecretario de Salud, criticó en su cuenta de Twitter la estrategia que está siguiendo el gobierno de López Obrador para enfrentar la crisis del COVID-19. Pocos días después, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que había una serie de investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud por posibles actos de corrupción.
Otro caso similar ocurrió cuando un grupo de empresarios, representados por el Consejo Coordinador Empresarial, presionaron al gobierno para que considerara diferir el pago de impuestos y endeudar al país para enfrentar los impactos económicos del COVID-19. Una de las respuestas de López Obrador fue anunciar, durante su conferencia de prensa mañanera, que le había entregado a Carlos Salazar, presidente de dicho Consejo, una lista de 15 empresas que tienen deudas con el Sistema de Administración Tributaria, el temible SAT.
Las prácticas intimidatorias que usa el gobierno de López Obrador no son nuevas ni tampoco exclusivas de nuestro país. En México, cuando el PRI fue el partido hegemónico y gobernó durante más de setenta años, usó distintos métodos para intimidar a sus rivales. Esos métodos incluyeron amenazas a través de periodistas que funcionaban como portavoces del gobierno o intimidaciones directas para que las personas votaran por el partido en el poder.
Y lo mismo sucede en otros gobiernos de los que las autoridades mexicanas aseguran distinguirse. En regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela o el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, los opositores son constantemente amenazados con la fuerza del Estado para disuadirlos de criticar a sus gobiernos.
La diferencia con esos países es que México sigue teniendo una forma de gobierno democrática en donde el Estado tiene que ser el primero en actuar conforme a la ley. Por eso es inaceptable que desde el gobierno se realicen actos intimidatorios contra las personas, las organizaciones o las empresas.
Como medio de comunicación, Cuestione está obligado a dar cuenta de cualquier dicho o discurso del poder que sea amenazante, para evitar que se vuelva norma aquella frase de Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Y es por ello que esta semana estaremos documentando las intimidaciones que se han realizado desde el gobierno de López Obrador, así como ejemplos de esta grave practica en otros países.
