Su lógica electoral lo pierde
Los gobiernos mexicanos han sido malos para muchas cosas, pero particularmente para la administración de las empresas del gobierno. Ejemplos hay muchísimos, pero nada muestra mejor la incompetencia empresarial de los políticos que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Las pérdidas de las dos empresas más grandes que tiene el gobierno fueron multimillonarias. La CFE perdió 121,800 millones de pesos. Pemex, por su parte, perdió en tres meses el equivalente a todo su presupuesto del año 2020: 562,000 millones de pesos. Una catástrofe.
El gobierno mexicano lleva muchos años administrando muchísimas empresas, y lo hace mal. Hubo una época, antes de las famosas privatizaciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, en que el gobierno tenía de todo: televisoras, bancos, siderúrgicas, ingenios azucareros, empresas de fertilizantes, ferrocarriles, Telmex, aeropuertos, lineas aéreas, fábricas de bicicletas. Bueno, fueron hasta dueños del Atlante, el equipo de fútbol.
Si nos atenemos a los resultados de las privatizaciones, el balance es favorable a la iniciativa privada. Cuando Carlos Slim se hizo de Telmex, había que esperar semanas –a veces meses– para que pudieran instalar una línea de teléfono en una casa. Hoy, es una de las compañías más grandes del mundo.
Lo mismo ocurre con Imevisión (ahora TV Azteca), que ya es la segunda cadena de televisión más grande de México, con presencia internacional. O con las siderúrgicas. Vaya, hasta el Atlante pudo ser campeón dos veces cuando el IMSS lo vendió.
Y es que es lógico: una empresa privada tiene como objetivo, casi siempre, generar ganancias económicas para los dueños y empleados. De eso se trata: crear y comercializar productos que generen riqueza. Esta lógica empresarial obliga a los directivos de las empresas a tomar decisiones con base en los objetivos planteados.
Además, como bien señala el escritor estadounidense John Steele Gordon, la lógica de administración de las empresas privadas es radicalmente distinta a la de las empresas públicas.
Una empresa es dirigida por una persona o grupo de personas que toman decisiones de manera unilateral. Por ello, tienen mayor capacidad de reacción ante contingencias de cualquier tipo. Su lógica es la de generar ganancias. Y si no lo consiguen, pueden ser despedidos de inmediato o, incluso, ser encarcelados.
En cambio, los gobiernos tienen una lógica principalmente electoral, y sus decisiones tienen implicaciones políticas. De tal manera que, como en el caso de Pemex o de la CFE, las ganancias económicas no son una prioridad.
Por el contrario, suelen tomarse decisiones en función de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones y no dentro de 20 años. Así, por ejemplo, México ha decidido apostar por los hidrocarburos no renovables como el petróleo o el carbón, en pleno siglo XXI, porque eso es lo que prometió el presidente. Esto, porque sus aliados políticos así se lo exigen, y él mismo cree que Pemex y la CFE pueden ser palancas del desarrollo de México, como si fueran los años 70 del siglo pasado.
Lo que no entiende o no quiere entender esta administración (como no lo entendieron las anteriores) es que las empresas del gobierno no van a generar riqueza, mientras sus agendas sigan atadas a las del gobernante en turno, en vez de ser, por lo menos, empresas estatales que respondan a una lógica de largo plazo.
Y no, no todo es culpa del presidente. Claramente recibió dos empresas al borde del colapso. Pero sus decisiones no han contribuido a sacarlas de ese agujero de pérdidas y corrupción.
Hoy vemos como el exdirector de Pemex es juzgado en México, acusado por usar recursos de esa empresa para enriquecerse. Pero no es la primera vez que ocurre un desfalco en esa empresa: en el sexenio de Miguel de la Madrid, Jorge Díaz Serrano, quien fuera director con el presidente José López Portillo, pasó cinco años en la cárcel acusado de fraude.
Luego, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, encarcelaron al líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia La Quina. Y es que otro de los vicios que generan las empresas públicas, es la relación con sus sindicatos.
A diferencia de grandes compañías privadas, como por ejemplo Volkswagen, que cuenta con un sindicato poderoso, pero no suicida, las asociaciones gremiales de Pemex, CFE (o en su momento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro) no tienen incentivos para cuidar que su fuente de trabajo no vaya a quebrar.
Al contrario, el incentivo es para exprimir a las empresas. Porque, en teoría, no importa cuánto dinero pierden, el Estado las va a cuidar.
Por eso hemos tenido que mantener los lujos de personajes como Martín Esparza o Carlos Romero Deschamps, más famosos por sus derroches y alianzas políticas que por la defensa de los derechos de los trabajadores.
No es extraño, entonces, que hoy Pemex sea la empresa petrolera más endeudada del mundo. Y detengámonos aquí: Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo.
Y nada parece indicar que eso vaya a cambiar pronto. Y peor, como esa deuda está atada a las finanzas públicas del país, pone en riesgo la calificación de toda la nación.
Las nubes de corrupción sobre las empresas del gobierno siempre están ahí. Los malos manejos y una administración deficiente, también.
Por desgracia, no es exclusiva de las empresas, sino, en general de cada ámbito en el que el gobierno mexicano mete las manos. La precaria atención, falta de medicamentos y de infraestructura hospitalaria, que quedó en evidencia durante esta pandemia, demuestra la poca capacidad de los políticos para administrar los recursos.
¿Un hospital privado se puede dar el lujo de quedarse sin medicinas? Claro que no. ¿Por qué sí puede el gobierno? Por eso: porque las lógicas de los empresarios y los políticos son completamente distintas.
No está en la naturaleza de los políticos administrar empresas. Son vocaciones distintas. Operaciones completamente diferentes. Resultados, claramente, también discordantes.
Es momento de poner la lupa en todas esas empresas que le pertenecen a este gobierno y que han sido mal utilizadas por todos los anteriores. Es hora de que hablemos, en serio, de lo malo que han sido y siguen siendo los gobiernos mexicanos para administrarlas.
Se debe poner en el centro del debate este tema si queremos construir un futuro para nuestra descendencia. Es necesario que el gobierno deje de jugarle al empresario y se dedique, únicamente, a poner reglas claras para la iniciativa privada, asegurarse de que la cancha sea pareja para todas las empresas y, así, dejar que la libre competencia prospere y ayude a prosperar a México. Es ahora o nunca.
