El miedo es una herramienta poderosa. Sirve para imponer realidades y cambiar opiniones. Hoy, México está viviendo con miedo, y eso es peligroso.
No es un temor sin razón. Después de que 2019 fue el año con más homicidios desde que se tiene registro, y varios hechos que conmocionaron a la sociedad – el fallido operativo de Culiacán o la masacre de los LeBarón, por ejemplo – la gente está pidiendo respuestas. Está pidiendo acciones.
La criminalidad la padece toda la ciudadanía. Cuando sale a la calle, cuando vuelve a su casa, cuando se sube a un taxi. Es una violencia permanente y el miedo está normalizado en nuestras comunidades. Todos los días nos enteramos de alguna persona que fue víctima de algún tipo de delito.
La médula de nuestro problema está en el sistema judicial. Nuestros índices de impunidad son tremendos. Según un estudio de México Evalúa, el 96% de los crímenes que se denuncian no terminan con responsables. En algunos estados, según el mismo estudio, ese índice de impunidad llega al 99%.
No solo eso. Ir al Ministerio Público a presentar una denuncia es una amarga experiencia para las víctimas. Sufrimos maltrato, desatención, largas filas, corrupción y, finalmente, no obtenemos ningún resultado. Por eso, la mayor parte de las personas no denuncian, incrementando la cifra negra de la delincuencia.
En ese contexto, pensar en una nueva reforma judicial que transforme la justicia en nuestro país es algo que muchas personas desean. Merecemos un sistema penal que atienda de forma rápida y justa a las personas, que resuelva los problemas, que dé certezas y que elimine la sensación que tienen muchos delincuentes de que “no pasa nada”.
Hoy vivimos en una realidad en que no confiamos en los policías, en el Ministerio Público, en los jueces, en los abogados. La corrupción ha permeado todo el sistema procesal penal, y la gente está indefensa y desconfiada.
Es la tormenta perfecta para el populismo penal. Lo que entendemos como populismo penal es cuándo, aprovechando la frustración de la ciudadanía con la criminalidad, los gobiernos empujan legislaciones que prometen encarcelar o detener a los delincuentes, pero terminan minando las libertades ciudadanas.
Esto, debido a que desarrollan sistemas arbitrarios, dan poderes excesivos a los agentes policiales, reducen las garantías de la gente, exageran los castigos, y en muchos casos, violan los derechos humanos.
La administración actual ya nos ha dado ejemplos de su búsqueda por un sistema judicial que excede sus poderes. Lo vimos con los presuntos delitos que implican prisión preventiva inmediata, así como con elevar a “delincuencia organizada” otros de orden común, que no representan un peligro para la vida de las personas, como es el caso de las irregularidades fiscales.
Al mismo tiempo, hemos visto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno ha violado la presunción de inocencia de diversos acusados, dañando no solo su reputación sino sus derechos procesales. Esto incluso representó un problema entre la UIF y la Fiscalía General de la República.
Esta semana nos enteramos de que la propuesta de reforma al sistema judicial del gobierno tiene alarmantes signos de regresión a pasados en que la arbitrariedad era aún peor que hoy. Se anunció que se presentaría una serie de propuestas legislativas, que incluían preocupantes indicios de autoritarismo.
Destaca entre ellas el arraigo inmediato por muchos nuevos delitos – algunos menores. Más grave aún, elimina de facto el hecho de que las pruebas obtenidas con apremios ilegales a los acusados sean desechadas, abriendo la puerta a más violaciones a los derechos humanos y la fabricación de culpables.
El gobierno al final pospuso la presentación de sus iniciativas, pero ya se ha conocido el espíritu y objetivo de ellas: no es ni profesionalizar ni mejorar la procuración de justicia, sino hacer más fácil el trabajo de encarcelar personas, con la esperanza de que eso satisfacerá la demanda social de reducir la criminalidad.
En Cuestione, creemos que la deuda del sistema judicial con México es enorme. Falta capacitación, recursos, profesionalización; faltan mayores controles, supervisión y combate a la corrupción. Es indispensable reducir la impunidad y reconstruir la confianza de la gente en la justicia.
Pero el camino que el gobierno parece querer tomar es el del populismo penal. Por esto, esta semana analizaremos lo que se sabe de la iniciativa del gobierno, y revisaremos las muchas áreas en que la justicia tiene que transformarse y mejorar. También abordaremos la forma en que una mala justicia afecta, cada día, la vida de cada persona que aspira a vivir en un México más justo y seguro.
