La senadora de Morena Soledad Luévano provocó una pequeña y pasajera ola de indignación en redes sociales y medios de comunicación. A doña Soledad se le ocurrió que es buen momento para modificar el principio legal que mantiene separadas a las iglesias del Estado mexicano.
La interpretación que hizo la senadora para presentar su propuesta es, curiosamente, correcta: busca armonizar las leyes mexicanas con tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos avalados por el gobierno mexicano. También, busca regular de mejor manera la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Esa ley permitió, entre otras cosas, que México reanudara relaciones diplomáticas con El Vaticano, en septiembre de 1992; rotas desde 1861, luego de que, amparado en las Leyes de Reforma, el presidente Benito Juárez confiscara los bienes del clero católico mexicano.
La guerra cristera, en los años 20 del Siglo pasado, fue la última ocasión en que el clero católico trató de incidir de manera abierta en la toma de decisiones políticas, en respuesta a una ley impulsada por el presidente Plutarco Elías Calles, que limitaba aún más que las leyes de Reforma, la participación de la iglesia en la vida pública nacional, así como la posesión de bienes.
Desde ese momento, en México se vivió una extraña normalidad con respecto a la forma en que se relacionaban los mexicanos con sus iglesias, particularmente la Católica.
Esa normalidad religiosa incluyó actos que en realidad eran tolerados, pero no por eso legales. Llamados desde el púlpito a votar en contra del partido en el poder, participación abierta de curas en asuntos públicos, así como su relación lo mismo con narcotraficantes que con movimientos sociales y guerrilleros marcaron toda una época.
En realidad, los sacerdotes nunca se abstuvieron de participar en política y los feligreses jamás vieron limitada la libertad para ejercer su culto: ni cristianos, judíos, musulmanes o cualquiera de las demás religiones.
En realidad, la única libertad sepultada por las iglesias fue la originaria de mayas, nahuas, purépechas y demás pueblos de la América precolombina.
Por eso, aunque la iniciativa de la senadora Luévano no vaya a prosperar, pues ya hasta el presidente López Obrador dijo que no la apoya, en Cuestione creemos que nunca es mal momento para revisar las causas y el contexto que han motivado la separación de iglesia y estado en México.
Y, sobre todo, de analizar uno de los asuntos medulares en la idea de la senadora: que los servidores públicos puedan alegar objeción de conciencia para negarse a hacer algo, al momento de ejercer sus responsabilidades… un peligroso camino que los mexicanos no deberíamos de caminar.
