Desde que empezó la cuarentena por el COVID-19 en la última semana de marzo, México entró en un estado somnoliento. Bajo el lema de #QuédateEnCasa, se cerraron los espacios públicos y, quienes pudieron hacerlo, se guardaron detrás de las puertas de sus hogares durante casi tres meses.
A partir de la segunda semana de junio, y aunque la curva de contagios no se ha aplanado, las autoridades decidieron que empezaremos a retomar nuestras actividades, bajo el esquema de una llamada “nueva normalidad”.
El problema es que no regresaremos al mismo país que dejamos hace casi tres meses: mientras estábamos “dormidos”, muchas cosas cambiaron. Y ahora que estamos “despertando”, nos va quedando claro que no somos los mismos.
Empezamos a dimensionar, por ejemplo, las consecuencias de haber parado casi por completo la economía nacional. Los impactos económicos del COVID-19 podrían ser peores que los efectos en la salud.
Una encuesta reciente de la Universidad Iberoamericana estima que cuando pase la crisis, 95 millones de personas podrían estar en situación de pobreza y, de ellas, 26 millones en pobreza extrema.
La misma encuesta encontró que dos de cada tres hogares declararon que sus ingresos se redujeron a partir de la cuarentena.
También despertaremos en un país con instituciones más débiles. Para amortiguar los impactos de la crisis, el gobierno mexicano decidió ir a contracorriente de lo que están haciendo la mayoría de los países del mundo:
- En lugar de realizar un programa de rescate económico amplio para apoyar a empresarios y trabajadores, decidió no endeudarse y ofrecer un programa acotado e insuficiente.
- En lugar de apoyar a la economía mediante la ampliación del presupuesto gubernamental, decidió recortar el 75% de los gastos para materiales, suministros y servicios generales, recursos que hubieran llegado a pequeñas empresas y profesionistas, mejorado la economía de muchas familias.
- En lugar de hacer un análisis detallado para encontrar dónde podían hacerse recortes al gasto, decidió extinguir todos los fideicomisos públicos, sin importar si servían o no, de un solo golpe. Así, se llevó entre las patas recursos vitales, como los que permiten que en México haya desarrollo científico o creación artística.
Pero también descubrimos, al abrir los ojos, había dinosaurios que seguían ahí. Y que habían cambiado las reglas del sector energético sin importarles que hubiera compromisos del Estado mexicano con empresas nacionales e internacionales.
La Asociación Mexicana de Energía Solar calcula que suspender los nuevos proyectos de energía solar y eólica se traducirá en una pérdida de 6,400 millones de dólares de inversiones. Y todas estas decisiones le están cobrando factura a México. Y le van a costar más dinero, no solo por las pérdidas en inversión, sino por las multas y demandas que podría enfrentar el Estado mexicano y que, claro, pagaremos todas y todos.
El país en el que estamos despertando ya no está entre los 25 más atractivos para la inversión extranjera, de acuerdo al índice de la empresa de consultoría Kearney, algo que no sucedía desde 2011.
Por todas esas razones, en Cuestione pensamos que urge despertar para que la economía se reactive. Tenemos que volver a la normalidad pronto si queremos salir de la crisis económica en la que nos encontramos. De nada servirá que los restaurantes puedan abrir si no hay clientes que consuman. Si no compramos en los pequeños comercios de nuestros barrios, de poco servirá que hayan abierto de nuevo.
La alarma ya sonó. Si no le hacemos caso y despertamos de una vez por todas, la salida de esta crisis será cada vez más difícil.
