El sistema carcelario privado en Estados Unidos se ha convertido en un negocio lucrativo. Desde el surgimiento de Corrections Corporation of America (CCA o CoreCivic) -en 1983 en la administración de Ronald Reagan- a la fecha el crecimiento de los centros privados ha sido exponencial.
El Estado delegó la responsabilidad de los reos a terceros para hacer frente a la sobrepoblación carcelaria. Las cifras así lo confirman, entre 2000 y 2016 aumentó en un 47% el número de reos en este tipo de cárceles, según datos publicados por el Proyecto de Sentencias.
Lo que parecía una alternativa para la reclusión pasó a ser una vía para desentenderse de cárceles, programas de rehabilitación para reos, mantenimiento. “El Buró de Prisiones comenzó a contratar a compañías penitenciarias privadas a medida que la población penitenciaria federal aumentó en casi un 800 por ciento entre 1980 y 2013”, se lee en el Proyecto de Sentencias.
La mano dura con la que el presidente, Ronald Reagan, enfrentó la guerra contra las drogas incrementó la población carcelaria.
Reagan, quien gobernó EU de 1981 a 1989, aumentó de manera significativa el gasto público. Un factor fue la sobrepoblación en las cárceles federales. Para 1983, Jack Massey propuso al mandatario estadunidense la privatización de los penales.
¿Qué ofrece una prisión privada?
Massey planteó a Reagan la creación de Corrections Corporation of América (CCA o CoreCivic) y con ello despreocuparse de los costos por sobrepoblación, garantizar trabajo a los reos, abaratar costos y aumentar beneficios.
La oferta fue aceptada en 1984. Tennessee ofreció a CCA hacerse cargo de la cárcel de Hamilton County. Al notar la rentabilidad del modelo, ese año surgió Wackenhut Corrections Corporation, que fue adquirida por Grupo Geo, Inc.
La fuerza con la que Reagan enfrentó la venta y distribución de drogas se mantuvo con George H. W. Bush (1989-1993) y William Clinton (1993-2001); esa lucha elevó las condenas por posesión y venta de cocaína y heroína a 10 años.
Estados delegaron penales al sistema carcelario privado
Los estados empezaron a despreocuparse del sistema penitenciario y apoyaron la instalación de más centros de reclusión privados.
Con Bill Clinton en el poder, la CCA ya cotizaba en Wall Street; era tal su poderío que de 1996 a 1997 sus ingresos aumentaron en un 58% al pasar de 293 millones de dólares a 462 millones de dólares, destacó American Prisons: Their Past, Present and Future.
Tanto la CCA como Grupo Geo, Inc. recibieron alicientes económicos por parte de Bank of America, Wells Fargo & Co. e incluso el interés de la Universidad de Columbia, que en 2015 se desvinculó de CoreCivic.
La sobrepoblación carcelaria se aumentó en los últimos 35 años al pasar de 660 mil reos a más de 2.2 millones.
¿Quiénes manejan las prisiones privadas?
La compañía CCA administra 66 cárceles con capacidad para 91 mil presos, labor por la que obtiene ganancias anuales de mil 700 millones de dólares. Grupo Geo por su parte dirige 65 prisiones, en la que mantiene recluidas a 65 mil 700 personas, lo que le genera ganancias anuales de mil 600 millones de dólares. Además estas empresas cotizan en la bolsa, lo que aumenta sus activos.
Las prisiones privadas se extendieron en 30 de los 50 estados del país; de 1999 a 2010, la población penitenciaria creció un 18%. Sin embargo, el número de presos en cárceles federales y privadas aumentó en un 80%, documentó Telesur.
“Durante los últimos 35 años, a medida que la población carcelaria incrementó de 660 mil individuos a más de 2.2 millones, los competidores han crecido y empezado a operar cerca de 130 centros penitenciarios con más de 150 mil camas”, destacó el informe de 2018 The prison industrial complex: mapping private sector players.
“Para 2017, CoreCivic y el Grupo Geo generaron ganancias anuales por más de cuatro mil millones de dólares, a través de las más de 45 millones de noches individuales que la población carcelaria estadounidense pasa en las instalaciones cada año”, se agregó en el estudio.
Otra de las empresas privadas es Management and Training Corporation (MTC), que tiene a su cargo de 24 instalaciones correccionales en ocho estados y con 22 de los 119 centros de Job Corps. Tiene capacidad para atender a 31 mil reclusos. A ella se suman los Centros de Educación Comunitaria.
¿Diferencia entre cárcel privada y una federal?
Una prisión pública, sea federal o estatal es propiedad del gobierno, lo que significa que tienen que hacerse cargo de la construcción, vigilancia y administración, así como revisar a los presos y todo lo que pasa en el penal.
Aunque eso sí, muchos de los servicios se subcontratan a empresas privadas como el de alimentos y el de mantenimiento.
En una cárcel privada, el gobierno sólo se encargará de proporcionar lo básico a los prisioneros y supervisar la prisión.
Datos de 2017 indicaron que el gobierno de EU paga paga anualmente a los operadores privados 23 mil dólares por reo, es decir, unos 63 dólares por día.
Entonces ¿cuál es el negocio de una prisión privada?, ¿quién se beneficia? Las cárceles privadas están dirigidas por una empresa o corporación. Si reportan que tienen capacidad para mil prisioneros, el gobierno debe cubrir los costos sin importar que la población carcelaria sea menor.
Mano de obra barata y forzada
El estudio “La esclavitud moderna en la fuerza laboral en la prisión de Estados Unidos”, elaborado por fundación Social Justice evidenció que la población carcelaria es considerable.
En 2018 se contabilizaron 870 mil presos que trabajaban tiempo completo mientras cumplían sus sentencia con pagos por debajo de lo establecido.
“El salario promedio en las prisiones estatales es de 20 centavos por hora. En las prisiones federales, el salario promedio es de 31 centavos por hora”, destacó el estudio de la fundación Social Justice.
“A pesar de que trabajan tiempo completo, los presos no se consideran empleados y no tienen el beneficio de las protecciones laborales básicas, como el salario mínimo, el permiso por enfermedad o el pago de horas extras”, se precisó en el estudio de Social Justice.
En el listado de empresas beneficiadas destacan: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, Nordstrom’s, Revlon, Macy’s, Pierre Cardin, Target Stores, entre otros.
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Cárceles privadas para migrantes
La Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con contratos millonarios con empresas que manejan todo el proceso del inmigrante, que incluye transporte, alimentación y cuidados médicos.
California y Trump en conflicto por cárceles para migrantes
El gobierno de Donald Trump otorgó millonarios contratos a empresas privadas para que abrieran más cárceles para inmigrantes en California, pese a que desde el 1 de enero de 2020 entró en vigor una ley estatal “AB 32” que prohíbe la operación de nuevos centros de reclusión del ICE en California.
La administración de Trump interpuso el viernes 24 de enero una demanda contra la Ley estatal “AB 32”, la cual prohíbe los nuevos contratos de detención privada y establece la eliminación de los centros de reclusión para migrantes para 2028.
En la demanda, el presidente Trump expuso que dicha ley interfiere con las prisiones federales y los sistemas de detención de inmigrantes, por lo que pidió prohibir su aplicación contra el gobierno federal. “California, por supuesto, es libre de decidir que ya no usará instalaciones privadas de detención para sus prisioneros y detenidos estatales, pero no puede dictar esa opción para el gobierno federal especialmente de una manera que discrimina contra el gobierno federal y aquellos con quienes tiene contratos”, según el diario Los Angeles Times.
Por su parte el gobernador de California, Gavin Newsom resaltó que las prisiones y centros privados de detención crean incentivos para mayores tasas de encarcelamiento y para el maltrato de los reclusos con el fin de ahorrar costos, por lo que hay que frenarlas.
“Las cárceles privadas contribuyen al encarcelamiento excesivo, en los lugares donde se ubican reclusos y en las instalaciones que detienen a inmigrantes y solicitantes de asilo. Van en contra de nuestros valores y no tienen lugar en California”, expresó la portavoz de Newsom, Vicky Waters, en un comunicado en respuesta a la demanda
