Hasta hace unos días, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, era uno de los mandatarios mejor aprobados por sus ciudadanos; a mediados de 2018, su popularidad –según encuestas canadienses– estaba por encima del 55%, e incrementó por las críticas que hizo al gobierno de Donald Trump por el cobro de impuestos a otros países.
También, durante su visita a México en 2017, un grupo de organizaciones de la sociedad civil le pidió que –dada su autoridad moral– se pronunciara en contra de las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en nuestro país, frente a su entonces su homólogo, Enrique Peña Nieto (aunque al final no lo hizo). Y en noviembre de 2018, el mandatario firmó un artículo que se publicó en diversos diarios para defender el derecho a la información libre, plural y fiable.
Después de la actuación de su antecesor en el cargo, el conservador Stephen Harper, a Trudeau se le consideraba un mandatario progresista, defensor de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de la comunidad LGBTTTI. Era, sobre todo, un líder ético ante el mundo pero… eso tal vez esté por cambiar.
Ahora, Trudeau está en el ojo público por un caso que representa la injerencia de las empresas en las decisiones del Estado y, a la inversa, la intervención del gobierno en la impartición de justicia, lo que –de acuerdo con lo que empiezan a prever algunos analistas políticos– mantiene en duda la continuidad de su gobierno frente a las elecciones del próximo mes de octubre.
Todo lo que sube… ¿tiene que bajar?
Justin Trudeau fue denunciado por la exministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, de presionar para que no sancionara a una empresa acusada de corrupción y soborno. La exfiscal dijo que recibió más de 10 llamadas, reuniones y mensajes de texto por parte del gobierno canadiense y que, tras negarse, fue relegada a un puesto menor.
“Durante cuatro meses, de septiembre a diciembre (de 2018), padecí un esfuerzo constante y sostenido de muchas personas del gobierno para que interfiriera políticamente, como fiscal general de Canadá, en un esfuerzo inadecuado que le asegurara un acuerdo de resolución a SNC-Lavalin”, declaró Wilson-Raybould ante el parlamento de su país, y agregó que tras negarse fue relegada a un puesto menor del cual, poco tiempo después, renunció.
Y es que SNC-Lavin, una empresa transnacional dedicada a la ingeniería y construcción, podría estar involucrada en casos de corrupción en Bangladesh, India, México y Canadá; por eso, su propio país inició investigaciones contra la empresa en 2015, tras la denuncia de haber pagado 47.7 millones de dólares canadienses en sobornos a funcionarios del gobierno de Muammar Gaddafi en Libia para ganar contratos, y de defraudar a ese país con 129.8 millones de dólares, según documento The New York Times.
El acuerdo que presuntamente buscaba Trudeau con la fiscalía era que no presentara cargos contra la empresa, ya que ello derivaría en la prohibición de recibir contratos por un periodo de 10 años, lo que llevaría a la empresa a la quiebra y al despido de ocho mil 700 personas en Canadá.
Si bien el mandatario negó las acusaciones, su asesor principal, Gerald Butts, Jane Philpot, ministra del Tesoro, y Wilson-Raybould –tres integrantes de su propio partido e incluso de su gabinete– decidieron dejar su cargo.
“Los principios solemnes en juego son la independencia y la integridad de nuestro sistema de justicia… Lamentablemente, he perdido confianza en cómo el gobierno ha tratado este asunto y en cómo ha respondido a los problemas planteados”, dijo Philpot en sus redes sociales tras su renuncia.
El 6 de marzo, Gerald Butss compareció ante el Parlamento canadiense y aseveró que las cosas no sucedieron como dijo la exfiscal.
Butss declaró, entre otras cosas, que: “Todos los que trabajaban en este expediente sabían que la decisión de instruir al DPP (Dirección de la Fiscalía Pública, por sus siglas en inglés) para que firmara un acuerdo de resolución en el caso SNC-Lavalin correspondía a la Fiscal General y solo a ella”.
“También sabíamos que la decisión, cualquiera que fuera, tendría un impacto real en miles de personas, y tomamos de manera muy seria nuestra responsabilidad con estas personas. No hubo intenciones malintencionadas hacia nadie, ni personal ni profesionalmente. Sin embargo, se ha producido una ruptura entre la ex fiscal general y el primer ministro”, agregó.
A este escándalo se suman las críticas de los grupos conservadores que acusan al mandatario canadiense, entre otras cosas, de descuidar la industria petrolera en su país.
¿Qué sigue?
Miembros del gabinete de Trudeau comparecerán a lo largo de esta semana ante el Comité de Justicia del Parlamento canadiense por el mismo caso.
