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Foto: Félix Márquez/Cuartoscuro
Macri y su fracaso en Argentina
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Macri y su fracaso en Argentina
Vuelve la crisis de la mano de la derecha
02 Ene | 2019
Por: Redacción
Muy Cierto
Macri y su fracaso en Argentina
Vuelve la crisis de la mano de la derecha
Ene 02, 2019
por: Redacción
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Por Nelly Cabrera

En septiembre pasado los principales periódicos del mundo publicaban titulares como: “El eterno retorno de la crisis argentina” (El País, 16 de septiembre de 2018). Una vez más, el futuro del país sudamericano se vislumbraba incierto: la moneda se devaluaba, la inflación ascendía como la espuma, estuvo a punto de un eventual default si no fuera porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) le hizo un mega préstamo por 57 mil 100 millones de dólares.

En este contexto, por supuesto, la pobreza se hacía más evidente: 2018 terminó con 2.2 millones más pobres en Argentina, que el año anterior, de acuerdo con un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina (UCA).

Esas cifras incómodas

Según la Consultora Tendencias, 52.9% de los argentinos tiene una imagen negativa del presidente Macri. “Se quebró la expectativa de esperanza que este gobierno representaba”, señaló Raúl Timerman, director del Grupo de Opinión Pública (GOP).

En tan solo tres años del macrismo, Argentina se colocó entre los cinco países con mayor inflación del mundo, junto a Venezuela, Sudán del Sur, Sudán e Irán: alcanzó 50% en este indicador.

En un escenario preocupante, en el cual a su vez las inversiones extranjeras no llegan a Argentina, el riesgo país —un indicador que elabora la firma JP Morgan, con sede en Nueva York— alcanza una cifra récord: 830, la peor de la historia (en contraste, el riesgo país de México cerró el año en 239 puntos, incluyendo la baja en la calificación que provocó la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco y la amenaza de regular comisiones a los bancos).

Al respecto, Macri intentó justificar el resultado del gobierno que había prometido “pobreza cero”, al decir, en una rueda de prensa, que “lamentablemente, con esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación, y la inflación es el mayor generador de pobreza, con lo cual vamos a ver qué parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder”.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC, organismo oficial), reveló que el 27.3% de los argentinos son pobres —cifras de agosto de 2018—. No obstante, un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA afirmó que la pobreza en este mes ascendió a 33.6%.

Por si fuera poco, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dio a conocer un informe revelador: 48.1% de los niños y adolescentes argentinos son pobres y no tienen acceso a derechos básicos, como educación, vivienda, agua potable, salud ni protección social.

Precisamente, la educación —así como la jubilación, entre otros derechos— ha sido un área minorizada en este gobierno. Ante el cierre de 14 preparatorias nocturnas en Buenos Aires, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López, anunció que no comenzarán las clases si el gobierno no da marcha atrás a esta resolución. Una cantidad significativa de figuras públicas se pronunció en contra con el #NoAlCierreDeEscuelasNocturnas, como el exjugador de futbol Juan Pablo Sorín.

Pero los golpes a la educación van en más sentidos, los recursos de otros programas educativos también han sido recortados, como “Nuestra escuela”, el programa universal de formación permanente para los docentes, además de “programas socioeducativos, como los centros de Actividades Juveniles e Infantiles, las orquestas, todo lo que hace al equipamiento y construcción y refacción de escuelas. También se achicó el financiamiento de las universidades”, aseguró Graciela Favilli, asesora académica en la Universidad de Buenos Aires y secretaria académica de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

¿Y los derechos humanos?

Las políticas de derechos humanos de Argentina también sufren un fuerte estancamiento, afirmó María Rosa Gómez, periodista, investigadora y docente: “Eso se verifica en el desmantelamiento de áreas dedicadas a la investigación de esta temática, como también en la proliferación de expresiones negacionistas vertidas, tanto por el presidente como por otros miembros del gobierno”.

“Lo más preocupante —subraya quien tiene a su cargo la asignatura Derechos Humanos, Comunicación, Cultura y Medios, de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata— es el nulo interés del gobierno por avanzar en la búsqueda de pruebas materiales y documentales que permitan identificar a los responsables del genocidio argentino. Por otra parte, se ha restringido presupuesto para el mantenimiento de los Sitios de Memoria recuperados, aquellos que fueron centros clandestinos de detención (durante la dictadura militar), hubo despidos de trabajadores, fusión o eliminación de áreas en la Secretaría de Derechos Humanos”.

Durante la gestión macrista también ha habido más protestas y la respuesta del gobierno fue desplegar una política represiva. En esa sintonía, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, redactó una norma que el jefe del Ejecutivo hizo oficial y a la que los medios llamaron Doctrina Chocobar —apellido de un policía que disparó por la espalda a Pablo Kokuc, de 18 años, quien había asaltado a un turista; al desplomarse no se le encontró arma alguna pese a que el uniformado dijo que lo vio sacar una—.

El nuevo reglamento habilita a los policías a disparar por la espalda en caso de fuga o de intento, tenga o no arma. Mientras se reglamentaba esta norma en Argentina, el papa Francisco, desde el Vaticano, señaló: “Quiero volver a llamar la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que son un fenómeno lamentablemente recurrente en países con o sin pena de muerte legal. Se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos”.



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