Acuerdos entre EU, México y Centroamérica ponen en riesgo a migrantes

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Así lo aseguraron en un comunicado público distintas organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que acompañan a la población migrante.

Porque lejos de proteger los derechos de la población migrante, estas políticas estuvieron orientadas al cierre y militarización de las fronteras; la detención y deportación de las personas con necesidades de protección internacional; y la obstaculización del derecho a solicitar asilo.

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Por ejemplo, cerca de 55 mil personas solicitantes de asilo en EU han sido devueltas a México para esperar sus audiencias bajo los “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP), conocidos también como “Quédate en México”, firmados por México en diciembre de 2018. 

El programa ”Quédate en México” resultó una trampa, ya que en 418 reportes sobre secuestros de personas solicitantes de protección internacional, 90% corresponden a personas que esperan para solicitar asilo en EU o una vez que han sido devueltas a México bajo el protocolo de ese programa, según datos de Imumi.

A esto se suma que el pasado 19 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional de los EU (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el reglamento de los “Acuerdos de Cooperación sobre Asilo” (ACA) con Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Por estos acuerdos, las personas que no puedan solicitar asilo en EU serán devueltas a los países centroamericanos, caracterizados bajo la figura de “tercer país seguro”, con el propósito de limitar la elegibilidad para asilo en el país norteamericano. 

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Estas dos se suman a otras políticas que EU ha asumido para bloquear el acceso al asilo en su frontera sur, aseguraron las organizaciones.

Como consecuencia, más de 600 personas devueltas a México han denunciado ser víctimas de secuestro, violación, extorsión, tortura y otros ataques violentos, perpetrados, en algunos casos, con participación de agentes del Estado mexicano, según informes de la organización Human Rights First. 

Además, al menos 24 personas, entre hondureñas y salvadoreñas, han sido devueltas a Guatemala desde el 22 de noviembre a raíz de los ACA. Los medios también advierten la devolución de los primeros grupos familiares, que incluirían a niños y niñas.

Otro ejemplo fue el acuerdo que aceptó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en junio de 2019, de desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur para la contención del paso migrante a cambio de que EU no impusiera aranceles a nuestro país. 

Este despliegue obligó a las personas migrantes a viajar por zonas más solitarias, alejadas e inseguras, donde suelen ser víctimas del crimen organizado, según documentó la organización Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA, por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, los acuerdos migratorios implican una presión importante sobre una institucionalidad débil que no cuenta con la capacidad de asumir la protección de las miles de personas que serían devueltas, advirtieron las organizaciones.

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¿Por cuánto tiempo más la política de relaciones internacionales mexicanas seguirá usando a la población migrante como su principal moneda de cambio? 

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