AMLO echa atrás reforma educativa con un frágil memorándum

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Ya le llovieron críticas al documento

A punta de bloqueos, marchas y plantones -todas formas legales de la protesta social-, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (el grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) logró la que sería su mayor exigencia: la revocación de la reforma educativa.

La mañana de este 16 de abril, Andrés Manuel López Obrador, informó desde su despacho en Palacio Nacional que ya firmó un memorándum -que enviaría a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público – en el que deja sin efectos las medidas de la reforma educativa.

“Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad, en todos los niveles educativos”, señaló el mandatario federal. Todo esto con un organillero de fondo.

Pero lo más importante para el movimiento magisterial organizado en la CNTE no era precisamente la educación gratuita, sino el control de las plazas de trabajo y la libertad de sus integrantes, que fueron encarcelados en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, durante las protestas contra esta reforma; exigencia que también quedó resuelta en el memorándum presidencial.

¿De qué habla el famoso memorándum?

El documento que firmó López Obrador, y que puedes consultar aquí, establece que la llamada reforma educativa se impuso “mediante actitudes autoritarias”, durante el periodo neoliberal.

Y luego enunció algunos puntos centrales de esta acción ejecutiva:

  1. Dice que la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita… lo que ya estaba escrito en artículo 3 de la Constitución. Excepto en “todos los niveles educativos”, que al menos al día de hoy es inviable.
  2. Que mientras sigue la discusión en el Congreso sobre la nueva reforma educativa, la de Peña Nieto quedará sin efectos.
  3. La nómina del sector educativo quedará bajo control de la SHCP para evitar actos de corrupción, pero que la SEP administrará las plazas magisteriales (lo que ya ocurre actualmente), y que reinstalará a la planta docente cesada… ¿quiénes, cuántos, todos los que no pasaron las pruebas? No dice el documento.
  4. Y -la joya de la corona para el magisterio disidente– la Segob realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a maestros y luchadores sociales que sigan encarcelados, y garantizará la indemnización para quienes hayan sido asesinados en la defensa de sus derechos en el contexto de la reforma de la administración pasada.

Un memorándum sin sustento legal

Sin embargo, luego de revisar el documento, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro y ahora investigador de El Colegio de México, José Ramón Cossío Díaz, informó en su cuenta de Twitter que el memorándum de López Obrador carecía de sustento legal:

 ¿Esto es posible?

Luis Enrique Pereda, constitucionalista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo a Cuestione que -como derecho humano, está establecido en el artículo primero de la Constitución- todo acto de autoridad tiene que estar fundamentado, ya sea en la ley, la Constitución o en instrumentos legales internacionales.

Sin embargo -según la revisión que hizo el abogado del memorándum- lo que el presidente firmó “no incluye ningún artículo de nada. No tiene fundamentación”. Según Pereda, lo que podría suceder es que la derogación se eche atrás por medio de amparo y controversias constitucionales.

¿Qué sigue?

Según la Carta Magna, el Poder Legislativo es el responsable de derogar las disposiciones legislativas que él mismo aprobó.

Y el artículo 49 de la Constitución mexicana establece que una sola persona no podrá reunir uno o más de estos poderes; es decir, López Obrador, como Jefe del Ejecutivo Federal, no puede (por derecho constitucional) asumir facultades del Legislativo.

En otras palabras, el presidente podría estar excediendo sus poderes e invadiendo los del Congreso, lo cual, según los expertos, es ilegal.

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